delinterior.com.ar

...para mejorar su funcionamiento.

 

 

 

Juristas debatieron hoy cuáles son las eformas que necesita la justicia. Lo hicieron en torno al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Consejo de la Magistratura, del acceso a los tribunales, de la selección y el perfil de jueces, entre otros temas. Fue en la segunda jornada de “Qué reformas necesita la justicia”, un evento organizado por la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica Argentina y la asociación Argentina Conversa; contando con el auspicio de distintas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraron el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), Usina de Justicia, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Fundación Ciudad, y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

 

 

Los expositores fueron la abogada constitucionalista María Angélica Gellli, la master y doctora en derecho Natalia Volosin, el jurista Roberto Gargarella, el titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato y el profesor en derecho Martín Bohmer.

 

 

El primer tema de la jornada fue cuáles son las principales reformas que necesita la justicia. “La justicia necesita una reforma integral. Desde el regreso de la democracia hay una tendencia a subordinar la justicia a los intereses de los gobiernos. Nos tenemos que plantear desde la comunidad jurídica organizada un proyecto de plan estratégico para discutirlo con los otros poderes de estado y plantearnos qué justicia necesitamos en la Argentina e ir dando los pasos para llegar a ese objetivo. La Constitución Nacional es una referencia clara para eso. Y cualquier reforma tiene garantizar que existan los recursos”, sostuvo Piumato.

 

 

 

 

Para Bohmer ya están los consensos sobre los cambios que se requieren. Y los enumeró: “una justicia oral, procedimientos adversariales, abierta al público, en tema penal ya decidimos que los fiscales tienen a cargo la acción, los jueces tienen que aceptar el lugar de réferi, la oralidad también en lo no penal, la inmediatez, los juicios por jurados, hablar con lenguaje claro. Todo eso esta acordado. A esa justicia vamos y ya estamos yendo. En muchas provincias eso ya se está viviendo”. Y agregó que “el problema es cómo hacemos para implementarlo. Lo que se está discutiendo en el Congreso está lejos de ser la reforma judicial que necesitamos”.

 

 

Gargarella hizo hincapié en que “una reforma esencial es facilitar el acceso de los mas desaventajados al Poder Judicial. En ninguna reforma judicial, ni en esta que se está discutiendo en el Congreso, hay una coma sobre este tema”. Gelli apuntó a “un mapa judicial, analizando la situación de cada región de la Argentina”. Y en esa línea sostuvo que “el proyecto del Congreso prescindió de eso. En una región de 2 mil personas se está instalando un juzgado. Propongo primero poner en la mira el proceso de selección de los magistrados, el perfil del juez es esencial. También en los procesos de remoción. La ineficiencia de algunos sectores del poder judicial es muy notable.”

 

Por su parte, Volosin calificó de “espantoso servicio de justicia que brinda este país” y apuntó a cambios en la credibilidad. “Necesitamos una reforma que cuando un juez o una jueza toma una decisión en una causa de relevancia pública la ciudadanía no piense con que lo apretaron, con la que la tentaron. Necesitamos algo más que mejores plazos, mejores recursos”, señaló.

 

 

El segundo tema fue si la Corte Suprema requería modificaciones. “Cuando se planteó modificar el número de miembros en cualquier gobierno fue para tener una Corte adicta. Los problemas de los atrasos de la Corte no es por le volumen de trabajo porque la Corte adicta de nueve miembros sacaba rápido lo que el gobierno necesitaba y dormía las otras causas. Para la integración hay que tener en cuenta el tema de género”, dijo el titular del gremio judicial. Sobre el número de integrantes también opinó Gelli. “No debería ampliarse el número, no porque sea lo mismo cinco, siete o nueve, sino para evitar que entre en estado de sospecha esa intención”, sostuvo la constitucionalista.

 

Por su parte, Bohmer dijo que el máximo tribunal debe respetar la “lógica del precedente” que solo debe modificarse en caso que haya nuevos elementos para cambiar lo que ya tiene dicho en los casos. “Un problema de la Corte es que no habla con una sola voz en el sentido que haya disidencias, lo que las hay en todos los tribunales colegiados, sino que dice esta Corte, con esta constitución. Destruye lo que ya construyó”, opinó y propuso que el máximo tribunal tenga una “una política de aceptación de casos que tienen que ser pocos con audiencias publicas y con una agenda”.

 

Gargarella volvió a postular la necesidad que la Corte sea de acceso a los más vulnerables: “A fines de diciembre del año pasado la Corte fijó que el acceso requiere 100 mil pesos. Hay que ser millonario para ir a la Corte, es inaceptable. En algunos países se accede a la justicia siendo analfabeto, pidiendo que se escriba la denuncia en una hoja y así se llega a la Corte. Las audiencias publicas que implementó la Corte es una muy buena decisión pero es una herramienta discrecional porque eligen los temas, quien habla, quien no. Eso no puede depende de la decisión arbitraría de quien lo instrumenta”,

 

Volosin señaló que hay muchos cambios micro que podrían mejorar el funcionamiento de la Corte Suprema pero hay otros que implican una mirada más amplia: “Hay relaciones espurias que explican que los jueces de la Corte hagan clientelismo con los autos de los narcos que deberían destruirse pero los reparten entre jueces. ACIJ luchó seis años para acceder a las declaraciones juradas de los jueces de la Corte y cuando accedió fue de manera limita por las trabas que les pusieron, con la excepción de Horacio Rosatti que la hizo pública en su pagina web. El desmanejo absoluto de la oficina de escuchas judiciales. Estas relaciones de poder explican que la Corte Suprema en las causas de corrupción en lugar de subirse a la agenda de la lucha contra la corrupción y encauzar la persecución penal se haya hecha la distraída y mirado para otro lado. Eso no se resuelve con el numero de jueces, creando salas o poniendo plazos”.

 

 

El último tema que abordaron los panelistas fue el Consejo de la Magistratura. Allí las críticas fueron coincidentes sobre las irregularidades y la lentitud en los concursos de jueces, la preeminencia de la política en sus decisiones. “Los concursos pueden ser modificados casi al infinito en el pleno del Consejo. La selección no depende tanto de los antecedentes de los candidatos sino de un objetivo político partidario. Los concursos deben ser transparentes. Hubo algunos casos escandalosos”, criticó Gelli.

 

Esta fue la segunda jornada para debatir sobre “Qué reformas necesita la justicia”. La primera fue la semana pasada y participaron la jueza de la Cámara del Crimen Magdalena Laiño, la doctora en derecho constitucional Susana Cayuso, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia Rodolfo Barra y el abogado constitucionalista Alberto Bianchi.

 

infobae.com