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Está acusado de liderar una organización criminal con la barra de Independiente

 

 

Si fuese una velada de box, estaríamos ante la más promocionada y postergada pelea de fondo. Pero esta vez a Pablo Moyano el árbitro le tocó la campana y le dijo que suba al ring a pelear: la última excusa para no prestarse a la declaración indagatoria en la causa por la asociación ilícita de la barra de Independiente acaba de ser desestimada por la jueza Brenda Madrid y finalmente el titular del gremio de Camioneros y vicepresidente del club deberá estar frente al fiscal Sebastián Scalera el jueves 17 de septiembre a las 11 de manera presencial para responder a la acusación de liderar aquella organización delictiva, acto procesal que la Justicia intenta llevar adelante hace más de un mes y que viene aplazándose con presentaciones de todo tipo del abogado defensor Daniel Llermanos, que cada vez que pierde la partida saca del mazo una nueva carta dilatoria.

 

 

Esta vez la excusa para no presentarse fue que los plazos del proceso estaban vencidos por culpa del fiscal, por lo que pedía suspender todo y sustituir a Scalera por otro funcionario judicial habida cuenta su mal desempeño. Es que en Provincia, después del último acto en el expediente hay cuatro meses para tomar una definición. Ese acto fue el 29 de noviembre del año pasado, cuando la división Apoyo Tecnológico de la Policía Federal terminó la pericia y envió su informe sobre las computadoras de la institución y de la empresa Integradores, contratada para la confección de los tickets de ingreso al estadio. Con lo cual, si no había movimiento hasta el 29 de marzo, Moyano cantaba victoria. Pero en el medio sucedieron cosas. La primera, que el fiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, apartó del caso el 26 de febrero a Scalera y sus ayudantes, traspasando todo al fiscal Héctor Laborde, de Avellaneda. Por esta decisión y otros procesos complejos, Ferrari terminó suspendido como fiscal general y el expediente volvió a Scalera el 2 de agosto. Y cómo le quedaba un mes de actuación, fijó rápido la indagatoria para diez días después. Punto para el fiscal.

 

 

Como si fuera poco, por la pandemia del Coronavirus, todos los términos procesales fueron suspendidos por la Corte Suprema de Justicia provincial para casos que no tuvieran detenidos, como el presente. Por este motivo, la jueza Madrid decidió este mediodía darle la razón a su colega, desestimar el planteo de Llermanos y ordenar que se haga efectiva a la brevedad la declaración indagatoria.

 

 

¿Puede el abogado defensor apelar ante la Cámara y producir otra postergación? Sí y no. Puede apelar, pero ese trámite no suspende el resto de los actos procesales, entre ellos la indagatoria. Se podrá argüir que si después la Cámara le da la razón a Moyano la indagatoria se volvería nula, pero teniendo en cuenta que la Sala viene dándole la razón al fiscal (hasta ahora avaló todo lo actuado), parece improbable que cambie su criterio aunque el hombre en el banquillo ya no sea un barrabrava como Bebote Alvarez, sino un factor importante de poder en la realidad nacional.

 

 

También Llermanos perdió otro argumento dilatorio: había dicho que como Infobae primero y otros medios después reprodujeron lo ocurrido en la primera audiencia que se hizo en forma virtual, el sistema informático había sido hackeado y vulnerado la intimidad de su cliente, por lo que se negaba a seguir adelante hasta que llegue la vacuna contra el virus y se pueda ir a Tribunales a hacer el acto en presencia sin riesgo de contagio. Llermanos, por su edad y comorbilidades, integra el grupo de riesgo, aunque esto no le impidió ir en persona a otros procesos como el de espionaje ilegal que lleva adelante el juez Juan Pablo Augé. Claro que allí Moyano aparece como víctima y no como victimario.

 

 

Pero tampoco ganó con esta carta: como están presentados como abogados del gremialista su hermano Hugo y Micaela Llermanos, hija del letrado, y ninguno integra grupos de riesgo, el fiscal propuso que se haga en forma presencial ya que se garantizaba el derecho a la debida defensa y que en todo caso Llermanos sólo siguiera la audiencia por el medio virtual que él prefiera. A la jueza le pareció razonable y obró en consecuencia. Así, Moyano deberá ahora sí sentarse ante el fiscal y responder todos los interrogantes. O callar, lo que también es su derecho, y dejar que las pruebas hablen por sí solas.

 

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