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En un contexto de leve reactivación de las ventas para algunos sectores pero al mismo tiempo un alto nivel de endeudamiento para la gran mayoría de las empresas, el Gobierno tiene prácticamente definido que volverá a extender la prohibición de despidos por unos meses más. Aunque varios funcionarios transmitieron en distintas oportunidades que no es el objetivo oficial mantener esta medida de forma indefinida, por ahora creen que no es el momento de levantarla.

 

 

El decreto 624 de fin de julio extendió la prohibición de despidos hasta el 30 de septiembre, y ahora la intención es volver a prorrogarlo por dos o tres meses más. Lo más probable es que sea hasta fin de año, en coincidencia con el vencimiento de la doble indemnización. Así, las empresas seguirán sin poder echar a sus trabajadores sin justa causa y por los motivos de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo.

 

 

Con esta medida, el Gobierno busca desalentar las desvinculaciones y cuidar lo más posible los puestos de trabajo en medio de la crisis económica que se profundizó producto de la pandemia y la cuarentena. Aún así, la pérdida de puestos de trabajo es importante. De acuerdo con el dato del Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA), en julio se perdieron respecto de marzo 251.476 empleos registrados, ya que cayeron 263.400 del sector privado pero creció el número de empleados del sector público en 11.924. Y si a este número se le suman los trabajadores del sector informal, la cifra es mucho más preocupante aún.

 

A su vez, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo, entre marzo y julio se produjeron 309.000 desvinculaciones, de las cuales 161.451 fueron por decisión de la empresa (31.700, despidos con o sin causa). A su vez, las suspensiones en ese período alcanzaron las 568.000.

 

Con estas cifras, queda claro que prohibir los despidos no garantiza la estabilidad laboral. Las empresas que realmente necesitan desprenderse de personal ante la parálisis de la actividad o la fuerte caída de sus ventas buscan la manera de hacerlo sin violar la ley. ¿Cómo? Apelando a acuerdos con los trabajadores, como por ejemplo los retiros voluntarios. La vigencia de la doble indemnización fuerza a hacer acuerdos contemplando esta norma, pero en muchos casos, especialmente pymes, le pagan lo que pueden al empleado.

 

Desde el sector empresario, desde que salió el decreto original, a fines de marzo, siempre se han manifestado en contra de este tipo de medidas por considerar que no sirven y que las desvinculaciones se producen igual. “La realidad es que por más que ley o por decreto digan que el sol no puede salir, el sol va a salir todos los días. Aquel que cierra el comercio y no puede abrir, va a despedir igual. Al que no puede pagar los sueldos le importa tres belines lo que dice la ley. Nadie despide porque se levantó una mañana y se le ocurrió”, manifestó el secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman.

 

Dijo además que el empresario le va a buscar la vuelta y lo va a despedir, con ley o sin ley y que “esta norma no ayuda para nada porque el gobierno sabe que no funciona y además conspira contra aquel que quiera generar una nueva fuente de trabajo”. Según datos de la entidad, en los últimos seis meses se calcula que entre 25.000 y 30.000 comercios cerraron sus puertas.

 

A su vez, el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), Martín Rappallini, se mostró muy preocupado por el escenario actual y dijo que “están todas las compañías reorganizándose”, ya que más allá de que aumenten las ventas, “el problema es que hay que digerir la cuarentena”. “Tenemos que pagar las deudas viejas, las nuevas, y la mayoría de las empresas tiene que recuperar capital de trabajo. Todo ese proceso va a llevar entre 6 y 18 meses”, agregó el industrial. La industria perdió en estos meses unos 60.000 trabajadores, una cifra similar a los del período 2015-2019.

 

Para Delia Flores, CEO del grupo que lleva su nombre, “a nadie le gusta desprenderse de un buen empleado, pero si es un buen trabajadores, se intenta llegar a un acuerdo". “Está habiendo despidos, muchos en sectores de comercio, pero se están haciendo acuerdos, negociando, ya que hay sectores muy afectados”, dijo la empresaria.

 

La prohibición de despidos fue decretada inicialmente a fines de marzo, luego de que el presidente Alberto Fernández cuestionara públicamente a los empresarios que decidieron echar a trabajadores en medio de la pandemia y del parate económico producto de la cuarentena obligatoria.

 

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