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Allí tienen sus despachos los jueces de la Corte que deben definir el futuro de los magistrados desplazados .

 

 

Bajo el lema “Una luz por la República”, diversas agrupaciones de abogados de Buenos Aires convocaron a una marcha de antorchas que se realizará este miércoles a las 19 frente al Palacio de Tribunales, cuyo ingreso principal está ubicado en Talcahuano al 500.

 

 

La manifestación surge en defensa de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, desplazados de tribunales federales luego de haber investigado a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a ex funcionarios en casos de corrupción.

 

 

“Nos reunimos en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, para expresar nuestro compromiso con el estado de derecho. Frente a la embestida del oscurantismo autoritario, iluminemos el camino de la Constitución”, señaló el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Jorge Enríquez, en un video donde expresó su adhesión.

 

 

La convocatoria virtual, que se difundió con los hashtags #23SUnaLuzPorLaRepublica,

#23STodosATribunales #23SImpunidadORepublica, llama a “iluminar” con velas, linternas o la luz de los celulares y se extiende a “todos los palacios de Tribunales del país”.

 

A la movilización adhieren referentes de agrupaciones judiciales y de abogados cercanos a la oposición de Juntos por el Cambio, como el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que encabeza Máximo Fonrouge, y la ONG Será Justicia, entre otras.

 

 

El mensaje de Jorge R. Enríquez en redes sociales

 

 

Las miradas de los manifestantes apuntarán al cuarto piso del Palacio de Tribunales. Allí tienen sus despachos los ministros de la Corte Suprema de Justicia, que el próximo martes se abocarán a discutir los reclamos interpuestos por los magistrados eyectados de sus cargos. Recientemente, Castelli dijo que confiaba en el máximo tribunal pero lamentó que se hubiera tomado tanto tiempo para resolver el tema. “Está cometiendo un error de cálculo y eso afecta la institucionalidad”, planteó.

 

Memoriosos del Poder Judicial dicen que la Corte no se encontraba ante semejante exposición política desde mayo de 2017, cuando dictó un fallo en el que avaló la aplicación del 2x1 para el cómputo de la pena de los represores. La decisión provocó una importante movilización con críticas a los jueces que firmaron aquella sentencia: Elena Highton de Nolasco, Horacio Rossatti y Carlos Rosenkrantz. Y un hecho político con pocos antecedentes en la historia reciente: el Congreso olvidó la grieta para aprobar casi por unanimidad cambios a la ley sobre la cual se sostenían los argumentos de los magistrados.

 

 

Hoy el tiempo político es otro y la discusión es más compleja. Bertuzzi, Bruglia y Castelli presentaron recursos que buscan retrotraer sus desplazamientos. Con mayor o menor grado de participación, todos participaron en investigaciones contra Cristina Kirchner, presidenta del Senado y mentora de la jugada que luego fue rubricada por un decreto que lleva la firma del presidente Alberto Fernández, lo que demuestra que en este tema pareciera no haber diferencias en la cúpula del poder político.

 

Bruglia y Bertuzzi (desplazados de la Sala I de la Cámara Federal) entendieron en varias causas sobre la corrupción K. En especial, hay una decisión de ellos que irrita a CFK: ratificaron el procesamiento dispuesto por el fallecido juez Claudio Bonadio en el caso por los cuadernos de la corrupción. Castelli (TOF 7) es uno de los jueces que debería entender en el juicio oral y público.

 

Llegaron a esos cargos por una decisión de Mauricio Macri. El oficialismo dice que sus nombramientos fueron irregulares porque no habían sido avalados por el Senado y utilizó ese argumento para avanzar con sus desplazamientos. Bertuzzi debe volver al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, Bruglia al Tribunal Oral Federal 4 y Castelli al Tribunal Oral Federal 3 de San Martín.

 

La discusión técnica -y política- en el seno de la Corte gira en torno a una acordada del propio tribunal firmada en abril de 2018 por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Rosatti que validó los traslados dispuestos por Cambiemos y en el caso puntual de Bruglia estableció: “No es necesaria la instrumentación de un nuevo procedimiento de designación confirme al artículo 9, inciso 4, de la Constitución”.

 

Para una persona ajena a los pasillos de los tribunales, la resolución del conflicto ahora sería simple: son los mismos ministros que hace dos años avalaron el traslado de los jueces y no hubo hechos nuevos que podrían modificar la discusión. No hay mucho margen para una interpretación diferente: 1+1 = 2. Pero la Justicia en la Argentina no siempre opera con las mismas reglas que la matemática -mucho menos cuando hay un cambio de gobierno de por medio- y quizás una cuenta que ayer daba un resultado ahora arroje otro.

 

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