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...de persecución del disenso ideado por el kichnerismo.

 

 

El pedido del Senador Parrilli a la Defensora del Público y madre de NODIO, Miriam Lewin, ratifica, sin necesidad de mayor explicación, el verdadero objetivo del nuevo instrumento de persecución del disenso ideado por el kichnerismo. El actual senador, y asistente personal en funciones, de la vicepresidenta de la Nación exteriorizó, sin ruborizarse, la importancia de que “se investigue sobre la difamación deliberada y mal intencionada que los medios de comunicación ejercen sobre los dirigentes políticos”.

 

 

Con igual vehemencia que desconocimiento del ordenamiento jurídico sobre derechos humanos, donde se establece rango constitucional para el Pacto de San José de Costa Rica y demás tratados internacionales, Parrilli y los legisladores oficialistas que asistieron a la reunión virtual de la Comisión Bicameral de Medios Audiovisuales el último lunes, sostuvieron la “creación” de Lewin y avalaron expresamente el abuso de autoridad cometido por la funcionaria apoyando el funcionamiento de un observatorio sobre medios y contenidos digitales desde un ente público, sin ninguna facultad ni competencia funcional o legal delegada.

 

 

Volvemos a señalar, NODIO no tiene lugar en democracia. No es constitucional, y la Defensoría del Público no tiene competencias para crearlo. Quedaba claro su objetivo, denunciado por Fopea, LED y Adepa desde el momento del anuncio. Ahora fue expresamente sincerado en la reunión del Senado. Evitar la crítica, el disenso e imponer una única verdad que disimule la tragedia y ensalce los logros de la cuarta administración kirchnerista.

 

 

A través del ciberpatrullaje implementado por el ministerio de seguridad, o mediante la observación persecutoria de NODIO sobre las redes sociales se vigilan los contenidos para decretar la maliciosidad o falsedad de comentarios o noticias. A través de medidas directas como las que Parrilli le exige a la Defensoría, sus autores podrían ser penalizados directamente, debido a que el organismo por el art. 19 incisos A) e I) tiene la facultad de iniciar medidas de investigación y sanción ante instancias judiciales o extrajudiciales, de todo lo que considere agraviante para las audiencias.

 

 

Teniendo en cuenta que, para las audiencias y los funcionarios kirchneristas, el discurso de odio está presente y es fomentado por los dichos, opiniones o convocatorias a marchas del 41% de la sociedad que votó a Juntos por el Cambio, no sería descabellado asistir a medidas más duras que concluyan en sanciones, inicio de causas judiciales o medidas penales. Si el Presidente Fernández avala el mandato transmitido por Parrilli, que nadie duda provienen del ideario de la vicepresidenta, y no instruyera la disolución NODIO, no sería excesivo afirmar que pronto podría imponerse alguna sanción o tal vez, algún eventual pedido de detención hacia cualquier periodista que los “difame”, o de cualquier ciudadano que exprese su descontento en redes sociales.

 

 

Está claro que la búsqueda de un estado donde reine la censura es incesante. Proviene desde los albores de la construcción de poder del kirchnerismo, desde la cooptación de medios a través de la pauta oficial, la creación de 6,7,8, la utilización de los medios públicos y el fútbol para todos como vehículo de propaganda oficial, ningún intento ha sido suficiente, parte del gobierno persiste en el intento de suprimir las voces críticas del debate público. La mano hegemonizadora del relato pretende extenderse hoy a las redes sociales. NODIO es una nueva oportunidad que viene a completar la tarea fallida de imponer la persecución de periodistas a través de la reforma judicial impulsada por el mismo Parrilli para perseguir “presiones mediáticas” desde el Consejo de la Magistratura.

 

 

Como sociedad debemos defender la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo como base fundamental del sistema democrático. Esto implica un sistema de equilibrios y balances. El periodismo, escruta, “molesta”, indaga y cuestiona al poder, esa es la razón de su existencia. Los funcionarios deben rendir cuentas, dar explicaciones, asegurar el acceso a la información y las medidas de control social, transparencia y ética pública. La inversión de esa ecuación debilita nuestras libertades y augura tiempos mucho más difíciles para todos.

 

 

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