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...de la familia del ex ministro de Cambiemos, con epicentro en la estancia Casa Nueva, ubicada a un kilómetro y medio del acceso a la ciudad de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos

 

 

Si bien se esperaba una respuesta judicial al conflicto para este jueves al mediodía, por demoras en la entrega de documental por parte de la querella que representa a los hermanos Etchevehere, el magistrado resolvió postergar el desalojo de los militantes de Juan Grabois y resolvería la situación recién este viernes.

 

 

Cabe recordar que Dolores Etchevehere, hermana de Luis Miguel Etchevehere –ex ministro de Agroindustria durante la gestión de Mauricio Macri– ingresó al campo hace una semana y anunció que donará parte del terreno para la puesta en marcha de una iniciativa agroecológica denominada “Proyecto Artigas”.

 

 

Esto motivó la denuncia de la empresa de su madre, Leonor Marcial, y sus hermanos Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián Etchevehere, propietarios de Las Margaritas SA, quienes señalaron a Dolores y los militantes de la organización liderada por Juan Grabois como usurpadores de la estancia.

 

 

En una extensa audiencia desarrollada ayer, el magistrado había puesto como plazo hasta el mediodía de hoy para que las partes entreguen la totalidad de la documental referida al conflicto sucesorio de la familia del ex funcionario y dirigente rural.

 

 

Tanto el Ministerio Público Fiscal (MPF), representado por Oscar Sobko y María Constanza Bessa, como la querella a cargo de Rubén Pagliotto, hicieron la presentación de la documental dentro del plazo previsto, supo Infobae. Ambas partes habían solicitado este miércoles el desalojo de la estancia, basados en el artículo 75 del Código Procesal Penal de Entre Ríos (CPPER), que establece que en casos de presunta usurpación se debe garantizar el desalojo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo sobre el dominio y propiedad del terreno en conflicto.

 

 

Por su parte, la defensa de Dolores Etchevehere y Ernesto Taboada –ambos acusados formalmente en la causa– habían solicitado la absolución de sus defendidos ya que aseguraron que la mujer tiene derechos hereditarios sobre la estancia Casa Nueva. Los abogados defensores son Lisandro Mobilia y Daniela Verón.

 

 

También formaron parte de la audiencia Gabriela Carpineti, quien es auxiliar técnica de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación; y la titular del INADI, Victoria Donda, quien solicitó la intervención en la causa tras conocerse el tenor de la convocatoria a manifestarse en el ingreso del predio realizada por los productores agropecuarios y que desde el organismo aseguraron que se trataba de un acto “ilegal y penado por el ordenamiento jurídico”.

 

 

De hecho, la propia Donda había sido quien denunció el ingreso al predio por parte de un grupo de productores, durante el desarrollo mismo de la audiencia, mediante presuntas amenazas y expresiones xenófobas contra los integrantes del Proyecto Artigas que estaban dentro del casco de la estancia.

 

 

La organización que tiene como figura representativa a Juan Grabois publicó un video en sus redes sociales en donde se ve a cuatro productores en la puerta del campo, acompañados por efectivos de la Policía de Entre Ríos (PER), en donde pretendían “negociar pacíficamente una salida de la provincia sin que les pase nada” a los militantes del movimiento social. Entre los cuatro productores se encontraba el ex senador provincial de Cambiemos Miguel Piana, que también formó parte del acto de productores agrarios que se manifestaron al ingreso del predio a unos mil metros del casco de la estancia.

 

 

Los productores fueron recibidos por la propia Dolores Etchevehere, quien les negó la posibilidad de negociación ya que el conflicto estaba resolviéndose en la Justicia.

 

 

Desde la querella se manifestaron críticos con la actuación de Flores y aseguraron que “no estuvo a la altura de las circunstancias”.

 

 

Así las cosas, el magistrado resolvería este viernes sobre el desalojo a pesar de contar con tres días hábiles como plazo, a partir de la audiencia del miércoles, según establece el CPPER.

 

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