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La definición sobre las condiciones de detención de Amado Boudou y su socio, José María Nuñez Carmona, demorará varios días. El juez Daniel Obligado, el mismo que les otorgó el beneficio de la detención domiciliaria, tiene previsto escuchar a las defensas y a las querellas que actuaron en el caso Ciccone antes de resolver si deben volver a la cárcel, pudo saber Infobae en fuentes judiciales. Su decisión, cualquiera sea, seguramente termine en la Cámara de Casación, donde se definirá el futuro del ex vicepresidente.

 

 

El viernes, un día después que la Corte Suprema confirmó todas las condenas, la fiscal de ejecución Guillermina García Padín y el fiscal Marcelo Combo pidieron que Boudou y su socio vuelvan a la cárcel.

 

 

“Al haber adquirido firmeza la condena impuesta en las presentes actuaciones, pierden operatividad las previsiones del art. 210, inc. j) del Código Procesal Penal Federal, que habilitaron, con fechas 6 de abril y 5 de agosto de 2020, la morigeración de los encierros carcelarios dispuestos por el señor Juez respecto de Amado Boudou y José María Núñez Carmona”, dice el escrito que presentaron el viernes pero que trascendió recién ayer.

 

 

Ahora la definición pasó a manos de Obligado, el mismo juez que le otorgó la prisión domicilia a Boudou en abril, y luego a Nuñez Carmona en agosto. El juez no tomará una decisión de manera inmediata. Antes le correrá vista a las defensas y a las dos querellas, a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Oficina Anticorrupción, que todavía no se habrían retirado de esta causa.

 

 

Durante el juicio, la UIF pidió una pena de 6 años de prisión para el ex vicepresidente y la OA había solicitado una pena de 5 años y 6 meses por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. Tras el cambio de gobierno, la postura de las querellas podría cambiar drásticamente.

 

 

“Es llamativo que ahora (Obligado) quiera escuchar a las querellas cuando no las tuvo en cuenta para decidir sobre la domiciliaria”, se sorprendieron el entorno de Boudou.

 

 

En abril, Obligado le otorgó la domiciliaria a Boudou por la situación sanitaria. “El actual contexto mundial de emergencia sanitaria a causa del COVID-19, ciertamente trastoca prácticamente todas las pautas de las relaciones interpersonales, afectando entonces la implementación de los objetivos conductuales asumidos por el plexo normativo de la ejecución de las penas (ley 24.660), que en definitiva logren con éxito la inserción social de quien resulte condenado, una vez recuperada su plena libertad”, escribió en ese momento.

 

 

El viernes, tras el fallo de la Corte Suprema, Obligado recibió el expediente y dictó una resolución en la que estableció que la pena de Boudou vence el 1 de junio de 2024. Es solo una formalidad, porque el ex vicepresidente podrá pedir otros beneficios en poco tiempo.

 

 

Obligado es juez subrogante del Tribunal Oral Federal 4 y en su vocalía tiene la ejecución de la pena del ex vicepresidente. Pero el 31 de enero dejará esa función, tal como reveló Infobae. Su reemplazante se sorteará esta semana entre todos los jueces de los Tribunales Orales Federales de Comodoro Py. Teniendo en cuenta que en pocos días comienza la feria de enero, el tiempo podría ser una variable para apurar o demorar la definición.

 

 

En el entorno de Boudou sostienen que las circunstancias por las cuales el juez Obligado le otorgó la domiciliaria no se modificaron, por lo que ahora seguramente apelarán en todas las instancias. “Ellos no tienen nadie que los ayude con sus hijos, los padres de su mujer viven en México y Amado perdió a sus padres durante la cuarentena”, respondieron cerca del ex vicepresidente ante de conocer la decisión de los fiscales.

 

 

Boudou ya estuvo detenido tres veces. La primera vez fue el 3 de noviembre de 2017, cuando la Prefectura lo sorprendió en su departamento de Puerto Madero con una orden del juez Ariel Lijo. Luego volvió a la cárcel en agosto de 2018, tras la condena del Tribunal Oral Federal 4 por el caso Ciccone. Ese período se extendió hasta el 11 de diciembre de ese año, cuando ese mismo tribunal, con otra composición, decidió otorgarle la excarcelación tras el pago de 1 millón de pesos y la colocación de una tobillera electrónica con GPS. Su tercer paso por el complejo penitenciario de Ezeiza arrancó el 18 de febrero del año pasado, luego de un fallo de la Cámara de Casación que decidió revocar su excarcelación.

 

 

El ex vicepresidente está cumpliendo el arresto domiciliario desde abril. Comenzó en un departamento del barrio de Barracas y luego pidió permiso para mudarse a una casa en Avellaneda.

 

 

En el caso de Nuñez Carmona, Obligado le otorgó el beneficio en agosto, luego de dos intentos fallidos, con el argumento del ingreso del coronavirus en el pabellón donde estaba alojado, en la cárcel de Ezeiza. El juez tuvo en cuenta que es un paciente de riesgo. “En este caso considero que se ha demostrado de qué modo y manera la emergencia sanitaria de pandemia covid-19, incrementa los riesgos personales del condenado José María Núñez Carmona en relación a su núcleo familiar conviviente, por lo que en este contexto situacional habré de morigerar su encierro, tornando el penitenciario en domiciliario”, sostuvo Obligado.

 

Hay otra diferencia sustancial con el caso de Boudou: el fiscal Marcelo Colombo dictaminó en julio a favor de la domiciliaria de Nuñez Carmona. “Este Ministerio Público no tendría objeción a que VVEE hagan lugar a la morigeración de la medida cautelar solicitada en relación al detenido, bajo el sistema de vigilancia monitoreada, sólo por el tiempo que duren las medidas sanitarias de aislamiento preventivo y social dispuestas por las autoridades nacionales con competencia a tal efecto, en pos de garantizar el cuidado de su vida”, opinó el fiscal. Ahora, Colombo pide que el socio de Boudou vuelva a la cárcel. Ese argumento seguramente será utilizado por su defensa cuando reciba la notificación de Obligado.

 

Desde agosto, el amigo y socio del ex vicepresidente pasa sus días en un departamento de Mar del Plata, junto a su mamá de 93 años. Solo salió a la calle para visitar médicos. Siempre con una orden judicial y monitoreado por la pulsera electrónica.

 

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