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El kirchnerismo persiste en su fórmula de reacomodar la historia para así poder encajar en una continuidad que no existe en los hechos. En este caso, nuevamente busca apropiarse del concepto de preso político y apela a uno de los lemas más romantizados durante la última dictadura militar.

 

 

Entre 1976 y 1983 fue habitual ver cerca de cada fin de año paredes pintadas a brocha gorda con la leyenda: “Por una Navidad sin presos políticos”. De hecho, era tal el sentimiento que la leyenda era compartida por todos los partidos y cada uno lo escribía en distintas paredes sin ser tapados por otros.

 

 

Tanto en 2017 como en 2018, en el portal del Instituto Patria aparecía cerca de fin de año un comunicado que pedía “Por una Navidad sin presxs polítcxs” –sic– y que, sugestivamente, no contó con su edición 2019. Eso no implicó que cesaran los actos y convocatorias cerca de cada fin de año. En diciembre pasado le tocó por primera vez a Alberto Fernández a tan solo días de haber asumido la presidencia.

 

 

Este año comenzó a circular nuevamente el pedido, ya no desde el Instituto Patria, pero sí desde varios sectores del kirchnerismo que frecuentan el mentado instituto y otros organismos ajenos a la estructura del PJ, como el Frente Patria para Todos, comandado por Fernando Esteche. Según el propio Esteche, este espacio que “se para sobre la doctrina de la Constitución del ’49”, ha tejido alianzas con personas que van desde Amado Boudou, Julio De Vido, Gabriel Mariotto, Alberto Rodríguez Saá y Jorge Capitanich.

 

 

La convocatoria es para el lunes 14 de diciembre en la intersección de las avenidas De Mayo y 9 de Julio. Sin embargo, si hay algo que llamó la atención, son las distintas imágenes que utilizaron para hablar de presos políticos: el propio Fernando Esteche, Julio De Vido, Luis D’Elía, Juan Pablo “el Pata” Medina, su hijo Cristian, Omar “el Caballo” Suárez, Amado Boudou, Milagro Sala, Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime…y Cristina Fernández.

 

 

A riesgo de sonar retórico, vale aclarar que ser preso político durante la última dictadura era estar “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”, que contaba con un presidente llamado Jorge Rafael Videla electo por el voto unánime de Emilio Massera y Orlando Agosti.

 

 

Todas las garantías constitucionales estaban suspendidas y no había necesidad de explicaciones para privar a una persona de su libertad. Existieron casos de presos políticos “blanqueados” –los que se encontraban “a disposición del PEN”– que terminaron muertos y desaparecidos, pero no llegan a dimensionarse al lado de la masacre general de los detenidos-desaparecidos.

 

Presos políticos o políticos presos eran también la presidenta depuesta y todo su gabinete, los gobernadores depuestos y todos sus gabinetes, la mayoría de los legisladores nacionales y provinciales, incluso un buen número de magistrados de los distintos poderes judiciales y un sinfín de gremialistas, sin importar si se trataban de delegados de una pyme o los altos mandos de la CGT. Peronistas, radicales, intelectuales, periodistas, no importaba otro motivo que el ideario, algo que no está contemplado como un delito tipificado en el Código Penal y se encuentra prohibido por la Constitución Nacional. Nombres que con el tiempo consiguieron otras sentencias, la de la historia, se entremezclan con un listado de diez mil presos políticos “blanqueados” a disposición del PEN sin distinción de cargo. Entre 1976 y 1983 daba igual ser Juan Pérez o María Estela Martínez de Perón, Fulano o Carlos Menem, Mengano o Jorge Yoma, ultano o Hipólito Solari Yrigoyen, el vecino de al lado o Antonio Cafiero.

 

En un rulo extraño de la historia, en medio de un gobierno elegido por el voto popular, con el Congreso en plenas funciones, con jueces que juraron por la Constitución y no por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, en un país con Estado de Derecho a pesar de los políticos y no gracias a ellos, hay quienes sostienen que es lo mismo estar detenido hoy que durante la dictadura que asoló al país entre 1976 y 1983.

 

Los Medina. No se encuentran a disposición del PEN sino del Juzgado Federal de Quilmes. De hecho, siquiera están detenidos en un penal sino con prisión domiciliaria. Depende de a quién se le consulte, el otrora jefe de la UOCRA platense y su hijo están detenidos por su ideología o porque el juez cree que serían los autores de los delitos de extorsión, lavado de dinero y asociación ilícita. Las pruebas son la presión a las obras constructoras donde él disponía quiénes trabajaban y elegía qué empresas operaban para facilitar las comidas. Se los vincula con la paralización de grandes obras públicas, como la Autopista a Buenos Aires, el Policlínico platense, y el Estadio Único, pero también de muchas obras privadas, como el Hipermercado Niní y el Colegio de Abogados. Además están los detalles de los aprietes con armas, balaceras y demás formas de imponer la ideología a los laburantes de obras que no pertenecían a su sindicato.

 

Fernando Esteche. El otrora líder de Quebracho fue excarcelado en octubre de 2019 luego de pagar 400 mil pesos de fianza, pero sigue procesado en la causa que investiga el memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán como parte del entramado de encubrimiento del atentado a la AMIA.

 

“Cuando al Presidente le molestan que le digan que en la Argentina hay presos políticos, el problema es que hay”, asegura Esteche cada vez que puede y considera que “no es cierto que sólo son presos políticos los que estaban a disposición del PEN en la dictadura” y pone como ejemplo los tribunales que condenaron a Nelson Mandela. Se le pasa por alto que la condena a Mandela se dio dentro de un régimen de apartheid.

 

Pero a la hora de hablar de presos políticos como sinónimos de perseguidos ilegales a Esteche también se le pasa por alto que él mismo fue condenado y encarcelado por el atentado al local partidario de Jorge Sobisch el 5 de abril de 2007. Fue condenado a tres años y seis meses aunque estuvo adentro un año y medio hasta su libertad condicional en 2014. Eran otros tiempos, al país lo gobernaba Cristina Fernández y no se hablaba de lawfare ni de persecuciones políticas, al igual que cuando fue condenado por los desmanes en la visita de la misión del FMI en 2004. También tuvo que lidiar con la Justicia por cuestiones ideológicas, aunque los denunciantes de la comunidad judía lo habían denunciado por usar amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas; usar amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad y organizar o tomar parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor. Esteche había llegado con su agrupación a la embajada iraní para impedir la manifestación de “jóvenes sionistas”, para lo cual informó que tenía lista una “columna de autodefensa” y no dudó en afirmar que se posicionaba “contra Israel y a favor del grupo Hezbollah y Hamas”. Estos dos últimos hechos ocurrieron durante la presidencia de Néstor Kirchner. Tampoco hubo lawfare.

 

Hoy, Esteche se encuentra “preparando los trapos” para la protesta del lunes “Por una Navidad sin presxs políticxs”.

 

 

Ricardo Jaime. Puede que sea un preso político por sus ideales, o también puede ser que el ingeniero agrimensor que Néstor Kirchner puso al frente de la Secretaría de Transporte se encuentre detenido por estar procesado en doce causas, entre las que se encuentran los delitos de dádivas, enriquecimiento ilícito, irregularidades en el otorgamiento de subsidios, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, asociación ilícita, desacato a la autoridad al desobedecer una medida cautelar impuesta por un juez y abrir una licitación cuando de por medio existía una orden judicial que la impedía, y encubrimiento de lavado de dinero. O también puede ser que el hombre que llegó a Buenos Aires con poco y nada y llegó a tener un yate, casas por doquier y un departamento en la zona más cara de la capital esté detenido por la condena a seis años de prisión tras haber sido hallado culpable del delito de defraudación contra la administración pública en una serie de hechos que culminaron con 51 muertos en el choque del ferrocarril Sarmiento en la cabecera porteña.

 

Juan Pablo Schiavi. Como si no se hubiera aprendido de la gestión anterior, Cristina Fernández nombró a otro ingeniero agrónomo de profesión al frente de la Secretaría de Transporte. De perfil muchísimo más bajo que el resto de los ex funcionarios presos, Schiavi se encuentra cumpliendo una condena de cinco años y medio por estrago culposo agravado y administración fraudulenta. En septiembre la Corte Suprema rechazó su recurso de queja y la sentencia quedó firme. Lo mismo que pasó con Boudou la semana pasada pero sin tanto escándalo.

 

Julio De Vido. El hombre que concentró el poder de la ejecución presupuestaria más cuantiosa durante los doce años y seis meses que el kirchnerismo estuvo en el gobierno fue de los primeros en decir que él es un preso político. Incluso apuró varias veces a Alberto Fernández y hasta llegó a decir que se olvidaron de él.

 

Es cierto que todo es subjetivo y puede que De Vido se encuentre detenido por cuestiones ideológicas en Zárate, en una celda de 300 metros cuadrados construidos con cinco hectáreas de parque dentro de un complejo que cuenta con laguna propia y dos campos de polo. También puede ser que esté allí por la compra de material ferroviario inservible a España y Portugal, por el caso Skanska, por las irregularidades en la compra de gas licuado, por los manejos de fondos públicos en la causa Río Turbio, por la defraudación a la administración pública en la causa Sueños Compartidos, o por la administración fraudulenta agravada y asociación ilícita en la causa Austral Construcciones, o por el choque del ferrocarril Sarmiento en 2012. Punto para De Vido: en todas esas causas se encuentran muchísimas personas más procesadas. Incluso en una está procesado junto a Cristina Fernández y Lázaro Báez. Solo una persona de las tres zafó de las rejas.

 

En 2017 De Vido fue desaforado por la Cámara de Diputados con 176 votos a favor. Cambiemos sólo tenía 84 bancas. En 2018 fue condenado a cinco años y ocho meses por administración fraudulenta en la causa Once II.

 

 

Omar “Caballo” Suárez. Al mando del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos –SOMU– desde 1989 hasta que fue detenido en 2016, Suárez se encuentra en su casa y con una tobillera electrónica que le prohíbe alejarse más de cien kilómetros a la redonda. Sí, cien. Tuvo dos causas en su contra, una ya en etapa de juicio oral por la que se encuentra privado –en fin– de su libertad por asociación ilícita y otra que en la que el procesamiento fue revocado por la Sala I de la Cámara Federal al considerar que no existen pruebas que lo incriminen en maniobras de lavado en perjuicio del sindicato. Evidentemente en el sindicato no opinan lo mismo dado que fue expulsado de por vida.

 

Luis D’Elía. El caso de D’Elía puede prestarse para la confusión del propio ex piquetero. Fue partícipe de un hecho que tuvo dos interpretaciones según el Poder del Estado del que hablemos. Para la Justicia, la toma de la entonces Comisaría 24ª de la Policía Federal Argentina que duró desde el 25 hasta el 26 de junio de 2004 constituyó atentado a la autoridad agravado, lesiones leves, instigación a cometer delitos, privación ilegal de la libertad y usurpación, por lo que fue condenado a tres años y medio. Pero cuando D’Elía atentó contra una dependencia del Poder Ejecutivo Nacional, el entonces presidente Néstor Kirchner no dijo nada. Tampoco lo hizo cuando el 31 de agosto de 2006 D’Elía organizó una contramarcha a la convocatoria de Juan Carlos Blumberg.

 

Esta sucesión de hechos, sumados al enorme historial de denuncias en su contra por actos violentos, amenazas y lesiones leves, pueden que hayan llevado a que Luis D’Elía no entienda cómo es que alguna vez terminó realmente preso. Ahora se encuentra privado de su libertad en la casa que alguna vez fue de su madre y reclama un indulto presidencial mientras pide que vayan presos los que compran dólar blue.

 

Milagro Sala. Otra persona con un historial de militancia tan largo que puede prestar a confusiones, al igual que el historial de casi setenta causas que terminaron entre prescripciones y sobreseimientos. Sin embargo, el mayor problema que tiene hoy Milagro Sala es que fue condenada a trece años de prisión por asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión. También tiene otras causas pendientes y una con una sentencia ratificada por la Corte Suprema de la Nación. Hace dos años que se encuentra detenida en su casa y es de la que más palos le ha tirado a Alberto Fernández. De hecho, dijo textualmente que se considera “una presa política de Gerardo Morales, después de Macri y ahora de la democracia”. Por si no se entendió a qué se refería con el eufemismo democracia, agregó que “se tienen que terminar los acuerdos políticos, porque nos perjudican a todos los argentinos, no solamente a los que estamos presos políticos”.

 

Amado Boudou. El caso del ex ministro de Economía y ex vicepresidente de Cristina Fernández es paradigmático: cuenta con una condena ratificada por todas las instancias judiciales pero es el “compañero” que más adhesiones ha conseguido en la última semana. Su situación procesal de cuádruple confirmación no es excepcional dentro de la excepción –no cualquier delincuente llega a la Corte Suprema– ya que lo mismo ha ocurrido con la Sala, Schiavi y Jaime.

 

Pero ahí va don Amado todavía con prisión domiciliaria. Mientras, hay un hilo en común que unifica a todos los personajes mencionados en este listado: forman parte del grupo que buena parte del kirchnerismo considera presos políticos.

 

 

El detalle. En el afiche de convocatoria, en el centro se encuentra Cristina Fernández. El mensaje es claro y hasta evidente: Cristina tiene sobre sus espaldas algunas prisiones preventivas que no fueron efectivizadas gracias a sus fueros. Por ello es que también la consideran una presa política. Y de paso cañazo, le recuerdan a Alberto quién es la que concentra el poder según la visión de los procesados.

 

Por si faltara aclarar algo más, hay un punto en el que todos los personajes de esta lista que se han animado a hablar en público sí tienen la razón: la discriminación judicial. ¿Cuántos son los condenados por delitos graves que cumplen su pena en sus casas? Porque sacando al pobre Schiavi y al olvidado Jaime, el resto goza de algunos privilegios que les brinda el Código Procesal Penal, pero que parece que no es igual para todos los ciudadanos.

 

Por último, y para entregar un botón de muestra del clima reinante en un frente de gobierno con mil cabezas, basta recordar algo ocurrido a principios de este 2020. El 6 de febrero Santiago Cafiero declaró que no había presos políticos, sentando así la posición que ya había expresado el presidente Alberto Fernández, quien prefirió hablar de “detenciones arbitrarias”.

 

Al día siguiente, en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, Jorge Ferraresi chicaneó al citar a Antonio Cafiero, abuelo del jefe de Gabinete. “Cuando me preguntaron cuál fue el cargo más importante que ocupé dije el de preso político, dejamos de ser personas pero ahí entendimos el concepto de resistencia”, citó el ahora ministro de Hábitat para luego recordar que “hay que seguir poniendo la voz por los presos políticos”. Obviamente prefirió obviar el contexto y el motivo por el cual estuvo privado ilegítimamente de su libertad el patriarca de los Cafiero.

 

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