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Ricardo Sáenz es fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires desde 1993. Profesor titular de Derecho Penal en las Universidades de Buenos Aires y Católica Argentina, se especializa en delincuencia informática. Entre 2005 y 2010, fue presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación (AFFUN), y entre 2015 y 2018, vicepresidente, en representación de los Fiscales en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).

 

 

Fue uno de los principales funcionarios judiciales que lideró el reclamo por el esclarecimiento de la muerta de su colega Alberto Nisman, en enero de 2015, lo que le dio gran visibilidad pública. Y de hecho, fue el primero en la Justicia que vinculó el supuesto crimen a la denuncia contra Cristina Kirchner. Desde entonces mantuvo un alto perfil sobre el tema, y se mantiene activo en las redes y en los medios con opiniones sobre la actualidad política. En paralelo comenzó también a escribir historias de ficción y el año pasado publicó más de una docena de esos relatos en el libro Mucho que contar, editado por El cuento de nunca acabar.

 

 

En diciembre publicó un segundo libro con el mismo sello, pero de actualidad pura y caliente, con un tono completamente distinto: Cuarentena. Ejercicio abusivo del poder durante la pandemia. Lo resume como “una investigación sobre los hechos decididos y protagonizados por el Poder y las consecuencias que trajeron aparejados durante la cuarentena dispuesta en el 2020”. En un entrelazamiento de sucesos políticos y judiciales durante la cuarentena, intenta demostrar que muchos de ellos “constituyen abusos de poder”, en un país “paralizado por el miedo” frente a la pandemia. Y sostiene que “lamentablemente, el Gobierno no ha logrado, ni de cerca, los resultados sanitarios esperados”.

 

 

-Usted dice en el libro que el aislamiento y cuarentena impuestos por el Gobierno por la pandemia generaron tensión entre dos derechos: la libertad y la preservación de la salud. ¿Cómo cree que se resolvió esa tensión?

 

 

-Creo que era legítimo si esas medidas se aprobaban en el Congreso, no por decreto, y si se limitaban en el tiempo y eran razonables. Y creo que todo esto no pasó. No se puede hablar de limitación en el tiempo cuando tuvimos una cuarentena de ocho meses, única en el mundo y terminamos teniendo los mismos resultados que se decía que se iban a producir si no se disponía esta medida.

 

-¿Qué lo llevó a pensar en el “abuso de poder” a partir de la cuarentena?

 

-La idea del libro nació de una invitación para dar una conferencia en mayo, y empecé a enumerar una serie de medidas que, me di cuenta, se estaban tomando aprovechando la situación de la pandemia. Y eso creo que era lo abusivo. Hay 43 ejemplos dados en el libro de situaciones de abuso de poder.

 

-¿Puede dar algunos ejemplos?

 

-La excarcelación de (el ex vicepresidente Amado Boudou), ese hábeas corpus colectivo que dejó en libertad a más de 1.000 detenidos en la Provincia, la OA abandonando ser querellante en causas judiciales de corrupción en la que están involucrados ex funcionarios kirchneristas o allegados a Cristina Kirchner, la reforma judicial, la estatización de Vicentin, la nueva forma de elección del procurador y la composición del jury de fiscales, la detención y muertes de personas a manos de la policía.

 

- ¿Por qué dice que hubo un “aprovechamiento” del temor de la sociedad ante la pandemia?

 

-Se han tomado medidas mientras la sociedad estaba en otra cosa, preocupada por el avance de la pandemia. Ese es el aprovechamiento claro desde el poder que veo, en medio de la situación que estábamos atravesando. Como plantear una reforma judicial cuando la gente está preocupada por su salud, por la seguridad, por la economía. Esa propuesta estaba totalmente fuera de contexto y tenía otros intereses.

 

-Usted sostiene que algunas decisiones tomadas por los tres poderes en el marco de la pandemia fueron violatorias de las normas constitucionales...

 

-Sí, por ejemplo, cuando algunos gobernadores prohibieron la entrada a sus provincias de sus ciudadanos. Eso es claramente inconstitucional. La extensión de la cuarentena se podría plantear también como inconstitucional, aunque habría que ver cuál es el agravio, el conflicto entre la libertad y la obligación del Estado de preservar la salud. Hay muchas cosas que fueron claramente ilegales.

 

-¿Como cuáles?

 

-El hábeas corpus colectivo que dictó un solo juez (Víctor Violini, único miembro de la Sala de Casación Penal que integra) y que permitió en abril la liberación de más de mil detenidos en la Provincia de Buenos Aires me parece una de las cosas más graves que pasaron en mucho tiempo.

 

-El argumento era que se trataba de población de riesgo en las cárceles...

 

-Pero había que demostrarlo en cada caso. Tomaron un listado del Ministerio de Justicia de la Provincia. Tal es así, que cuando se armó el escándalo, la Corte provincial se reunió en pleno y lo revocó. Pero después fue difícil volver a la cárcel a los que se le había concedido la domiciliaria.

 

-Los abusos no fueron sólo del Poder Ejecutivo, también de fuerzas policiales...

 

-El poder hace la vista gorda, incluido el Poder Judicial. Porque por cada muerte a manos de fuerzas policiales se abre un expediente. En un contexto de pandemia, uno debería esperar lo contrario pero se relajó la actuación y el control policial. En el libro cuento que la ministra de Seguridad (Sabina Frederic) reconoció en un reportaje que si la desaparición de (Facundo) Astudillo Castro pasada en el gobierno de (Mauricio) Macri, hubiera sido un escándalo. O sea, es ideológico.

 

-En el libro hace mención también a la actitud del Gobierno respecto de los episodios de tomas de tierras, y a la que define de “zigzagueante” y “ambigua”...

 

-Esas situaciones las terminó resolviendo la Justicia, pero tardó en hacerlo. La Justicia actúa con timing político. Y desde el Gobierno, por ejemplo, no echaron a dos funcionarias que estaban dentro de la toma del campo de los Etchevehere. Lo de las tomas tiene un componente ideológico muy claro y lo explica (el dirigente social Juan) Grabois cada vez que le ponen un micrófono delante. Y en la Provincia de Buenos Aires, si bien el gobierno provincial no las alentó, las terminó tolerando.

 

-¿Cómo evalúa la reforma del Ministerio Publico Fiscal aprobada en el Senado a instancias del kirchnerismo?

 

-Yo creo que esa reforma es inconstitucional. Cuando la Constitución Nacional crea el Ministerio Público no dice, justamente, cuál debe ser la mayoría. Eso fue bien interpretado por la primera ley y se siguió la misma línea con la segunda, la actual, que establece los dos tercios del Senado para que hubiera realmente un consenso político para designar un funcionario de esta magnitud. Bajar ese requisito a la mayoría simple significa que un partido con una mayoría circunstancial en el Senado pueda designar su propio procurador. Eso es lo grave. Y esto es lo que quiere hacer un sector del gobierno, que es el sector que obedece a Cristina Kirchner. Porque no parece ser la intención del presidente Alberto Fernández.

 

-Se dio la paradoja que el propio bloque oficialista no avanzó aún en la aprobación del candidato del Presidente a procurador, siendo que tendría el apoyo de un sector de Juntos por el Cambio…

 

-La elección del procurador, por suerte, se dilató, porque nos enfrenta a la situación de que el Presidente negociara para obtener los dos tercios y el bloque del Frente de Todos le dijera que no le iba dar los votos. Porque fueron por una ley que cambiaba la forma de nombrarlo. Alberto Fernández mandó el pliego de (Daniel) Rafecas al Senado, jugó todas sus fichas por él, pero el oficialismo no lo trató y quedó en un limbo. La reforma del Ministerio Público aprobada también incluye el tema del juzgamiento de fiscales que es muy grave. La ley actual, sobre siete miembros, exige cinco para remover a un fiscal. El proyecto dice que alcanza con cuatro.

 

-¿Por qué cree que que el Gobierno -y en particular el kirchnerismo- puso tanto énfasis en remover a Eduardo Casal, el procurador interino? ¿Por qué es tan importante ese puesto?

 

-En primer lugar quieren la silla vacía para nombrar a alguien que sea más proclive a ellos. Hay como una idea de que tener un procurador que sea partidario, va a provocar que ese procurador pida la nulidad de expedientes ante la Corte y la Corte le haga lugar. Y no sé si algún procurador lo haría. Y además, no es tan fácil, hay otras instancias anteriores. Un ejemplo es la condena a Boudou que llegó a la Corte, y el Máximo Tribunal le puso un 280 (por el número del artículo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para rechazar considerar el caso), y ya no es revisable. Tiene el doble conforme de su condena. Ahora Julio De Vido busca ir con un recurso a la Corte para cuestionar la validez del testimonio de los arrepentidos, y la Corte no se puede meter en una causa penal en curso. Le va a dictar el 280. Primero porque no es sentencia definitiva y, además, no se puede poner en lo finito del proceso penal. Esa es otra de las cosas que el Gobierno quería modificar, que la Corte pudiera intervenir en etapas intermedias. Es una locura.

 

-¿Cree que por eso Cristina Kirchner fue tan crítica contra la Corte en su última carta?

 

-Me preocupan mucho los ataques a la Corte. En los 40 años que llevo en la Justicia, no recuerdo haber visto un presidente o una vicepresidenta que se dirijan a la Corte de la manera que lo hacen. Y me refiero no solo a la carta de Cristina Kirchner, sino también a lo que dicen en sus discursos públicos. Que la Corte tiene que explicar tal o cual cosa, por ejemplo. Es una manera muy disruptiva desde la cabeza de un poder de dirigirse a otro poder. Porque el otro poder no le puede contestar. El presidente de la Corte no puede salir a contestarle a la vicepresidenta y decirle que está equivocada en lo que está diciendo. No puede hacer nada. Y esto es un abuso de poder, no hay otra forma de decirlo. Y esto está prohibido por la Constitución Nacional.

 

-¿Se naturaliza como parte de un discurso político sin tomar dimensión de lo que implica?

 

-Exacto, de lo que implica en términos de la institucionalidad.

 

-¿Cree que la cuarentena y la pandemia agudizaron la grieta en lugar de unir a los argentinos ante esta situación adversa?

 

-Si, se acentuó.nY los banderazos son la prueba. Hay un sector de la sociedad que sintió lo que cuento en el libro, que se estaban cometiendo abusos. Empezó con Vicentin, y luego ante la libertad de acusados de corrupción, la gente salió a la calle a expresar su disconformidad. Hay un 40% que está en contra de medidas de ese tipo. La gente está esperando medidas respecto de su salud, de su seguridad, de la economía, y resulta que la política sale con la reforma judicial, la estatización de Vicentin, la reforma de la elección del procurador, los traslados de jueces, no persigue hecho de violencia policial. La política tiene una agenda distinta a la de la sociedad.

 

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