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La semana próxima se podría conocer la sentencia.

 

 

 

“No he cometido ningún delito, pero tengo la vida destrozada y ya estoy socialmente condenado”. Martín Báez, el único de los procesados que sigue detenido por “la ruta del dinero K”, participó de la anteúltima audiencia del juicio oral desde la cárcel de Ezeiza. Su intervención fue breve, pero no improvisada: leyó un discurso corto que ya tenía preparado. “Soy una persona honesta, soy buena gente, con la vida destrozada. No soy mafioso ni delincuente. Soy una persona común que trabajó en la empresa de sus padres”, dijo al comienzo de su exposición.

 

 

 

El mayor de los hijos de Báez fue transferido a la unidad 31 de Ezeiza, donde tiene mayores comodidades. En la intimidad, se queja de que ya no recibe la misma atención de sus abogados. De hecho, en la última audiencia del juicio antes del receso por la feria judicial, no estuvo presente cuando el presidente del tribunal lo convocó para decir sus últimas palabras. “Los abogados nunca me avisaron”, se quejó luego ante un familiar.

 

 

Este miércoles, en la primera audiencia del año, Martín Báez volvió a declararse inocente y lamentó que ya está “socialmente condenado”. “Ruego que apliquen la ley y me absuelvan”, les dijo a los jueces del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, Adriana Pallioti y Gabriela López Iñiguez.

 

 

La audiencia arrancó con el testimonio del contador Daniel Pérez Gadín, que ensayó una teoría sobre el comienzo de la causa judicial, que habría estado “dirigida” a perjudicar al Grupo Austral en la licitación por las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en la provincia de Santa Cruz. Pérez Gadín, uno de los imputados que estuvo detenido, denunció “la presión que se ejerció sobre el Grupo Austral para desplazarlo de esa licitación”.

 

 

El contador de Báez atacó a los periodistas que participaron de la investigación que destapó el escándalo, habló de ex funcionarios de la AFIP, y de varios funcionarios judiciales. En un discurso cargado de referencias políticas, llegó a decir que “la muerte de (Alberto) Nisman y la ruta del dinero tuvieron el objetivo de llevar a Macri a la presidencia”. Y agregó que lo que lo llevó a juicio “es un típico caso de Lawfare, iniciado por los grandes medios y financiado por los fondos buitre”.

 

 

Por su parte, Fabián Rossi habló de las acusaciones en su contra y recordó las consecuencias que tuvo la causa sobre su vida. “Lo peor fue que me inventaron un pasado que yo desconocía. Tuve que demostrar que no había tenido un crecimiento patrimonial injustificado, que la imprenta existía, y hasta tuve que demostrar que una lancha no era un yate”, lamentó. Sobre el final, se despegó de Lázaro Báez y del contador Pérez Gadín: “Me han inventado relaciones con personas que no conocía”.

 

 

El financista Federico Elaskar también hizo hincapié en los “momentos difíciles” que le tocó vivir. Sobre la acusación fue muy breve: “Lo único que se pudo probar es que vendí mi empresa y me la compró el Grupo Báez. Fariña compró muchas cosas y no veo a esas personas en un juicio oral y público”.

 

 

Durante la audiencia de este miércoles también se expresaron el empresario Carlos Molinari, Claudio Bustos y Eduardo Larrea, entre otros.

 

 

El juicio oral por la maniobra de lavado de casi 55 millones de dólares, que incluyó la compra del campo “El Carrizalejo”, terminaría el próximo miércoles. Si no hay sorpresas, podrán declarar los últimos procesados y luego se conocería la sentencia.

 

 

Lázaro Báez, el principal acusado, arrastra un pedido de pena de la Fiscalía de 12 años de cárcel. Pese al cambio de gobierno, las querellas que representan al Ejecutivo también solicitaron penas muy altas: 8 años y 6 meses, la Oficina Anticorrupción; 9 años, la Unidad de Información Financiera (UIF); y 8 años, la AFIP. Mientras que para sus hijos, la fiscalía reclamó 9 años para Martín, 5 para Leandro, y 4 y seis meses de cárcel para Melina y Luciana.

 

 

Actualmente Báez se encuentra detenido en un domicilio que la Justicia dispuso que se mantenga bajo reserva. Tras varios intentos fallidos, argumentando el riesgo de enfermarse de COVID-19, el TOF 4 le otorgó al empresario arresto domiciliario por una orden concreta de la Cámara de Casación.

 

 

La condena contra Báez, si se concreta, tendrá consecuencias directas sobre todos sus bienes, comprendiendo las cuentas en el exterior, y podría impactar en otros juicios. Durante su alegato, el fiscal Abel Córdoba tomó en cuenta como ilícitos precedentes del lavado de dinero las irregularidades en la obra pública, que se juzgan en la causa de Vialidad, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales imputadas, y la evasión impositiva de Austral Construcciones.

 

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