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...del Senado, a Sergio Massa, presidente de Diputados, y a Carlos Rosenkrantz, titular de la Corte Suprema

 

 

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que encabeza Sergio Rodríguez abrió un expediente cuando se conoció la existencia del vacunatorio VIP regenteado por autoridades del Ministerio de Salud de la Nación que dispusieron la utilización de dosis de vacunas destinadas al personal del Hospital Alejandro Posadas para inmunizar a personas relacionadas con el oficialismo.

 

 

A raíz de la apertura de ese expediente, la PIA realizó muchos pedidos de información al Poder Ejecutivo Nacional a través de la Jefatura de Gabinete o el Ministerio de Salud. Había solicitado, por ejemplo, la cantidad de dosis de vacunas contra el COVID-19 recibidas y su distribución y la lista de funcionarios nacionales vacunados.

 

 

Buena parte de la información recabada por la PIA se sumó al expediente judicial abierto por el Vvcunatorio VIP en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti. En ese caso interviene como fiscal Eduardo Taiano. La fiscalía de Taiano y la PIA trabajan en conjunto en la recolección y análisis de la documentación obtenida. En la causa judicial uno de los imputados es el ex ministro de Salud Ginés González García a quien el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia luego de que estallara el escándalo.

 

 

 

Uno de los últimos pedidos de información que hizo la PIA no está destinado al Poder Ejecutivo sino al resto de los poderes del Estado. Es por ello que el 25 de febrero pasado Rodríguez envió oficios al Senado, a la Cámara de Diputados, a la Corte Suprema de Justicia, a la Defensoría General de la Nación y a la Procuración General de la Nación para saber si el Poder Ejecutivo les había solicitado hacer un listado de “personal estratégico” para recibir la vacuna contra el coronavirus.

 

 

Los oficios enviados el 25 de febrero tuvieron como destinatarios a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner; al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz; a Stella Maris Martínez, que está al frente de la Defensoría General de la Nación, y a Eduardo Casal, quien está de manera interina a cargo de la Procuración General de la Nación.

 

 

Los oficios –a los que accedió Infobae– son casi idénticos en todos los casos. La PIA les pidió a las cabezas de los distintos poderes del Estado “informar si en los términos del Plan Estratégico aprobado por Res.2883/2020 del Ministerio de Salud de la Nación recibió por parte de la Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Ministerio de Salud o cualquier otra área del Poder Ejecutivo, alguna comunicación (ya sea en carácter formal o informal) en la que se haya sugerido o indicado que se proceda a categorizar a los magistrados, funcionarios y empleados, como ‘Personal Estratégico’, “Personal de Salud” u otra de las categorías de la normativa indicada, para recibir la vacuna (cualquiera de sus variantes) contra el COVID-19″. En los oficios enviados al Senado y a la Cámara de Diputados no se hace referencia a los “magistrados”. En el resto de los oficios, sí.

 

 

En la Resolución 2883/2020 firmada por el ex ministro de Salud Ginés González García, donde se estableció el plan de vacunación, se describió a la “población priorizada”. En ella se incluyó al “personal de salud, a las personas mayores de 60 años, a las personas de 18 a 59 años con factores de riesgo y al personal estratégico”. En aquella resolución –a la que se refiere el pedido de la PIA– se estableció como “personal estratégico” a “toda persona que desarrolle funciones de gestión y/o conducción y funciones estratégicas necesarias para adecuado funcionamiento del Estado, así como las personas pertenecientes con riesgo de infección o transmisión”. Y agregaba a “fuerzas de seguridad y armada; docentes y personal no docente de todos los niveles educativos; funcionarios del Estado; personal del Servicio Penitenciario”.

 

 

Al día siguiente del envío de los oficios por parte de la PIA, el 26 de febrero, y empujada por el escándalo del vacunatorio VIP, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, estableció mediante la Resolución 712/2021 las nuevas condiciones para considerar personal estratégico y que deben completar un “protocolo para la solicitud de anuencia para aplicar la vacuna contra el coronavirus”.

 

 

En esa resolución de la ministra se estableció que se considera “personal estratégico” a “las personas que desarrollen funciones de gestión necesaria y relevante para el adecuado funcionamiento del Poder Ejecutivo que acrediten el rol estratégico de su función, independientemente de la edad y la condición de salud y realicen tareas presenciales que impliquen riesgo aumentado de exposición”. Y también a “los y las representantes del Estado Argentino en organismos internacionales y los funcionarios jerárquicos y funcionarias jerárquicas que se desempeñen en los mismos que realicen tareas presenciales que impliquen riesgo aumentado de exposición”.

 

 

Y por último a “las personas que realicen viajes afuera del país como miembros de delegaciones oficiales encabezadas por integrantes de los Poderes del Estado Nacional o personas que deban recibir, en nombre de estos poderes, comitivas oficiales que provengan del exterior en representación de otros Estados o de organismos internacionales”.

 

 

Los oficios enviados por Rodríguez el 25 de febrero aún no fueron contestados en su totalidad. Cuando lleguen las respuestas se sumarán a la información acumulada en el expediente de la PIA 121/2021 cuya carátula es “Ginés González García, sobre abuso de autoridad”.

 

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