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...frente a la inseguridad es culpar a otro poder.

 

 

 

Para decir ciertas cosas no sólo hay que tener micrófono y cámara sino algo de autoridad moral. Un valor que se construye con coherencia y honestidad intelectual.

 

 

 

Si fuiste Consejero de la Magistratura cuando se instruyó el juicio político contra el juez Axel López (fines de 2014) por haber excarcelado anticipadamente a un violador, desoyendo la advertencia del perito psiquiátrico de que era muy probable que reincidiera, y sabés que fue tu fuerza política la que lo defendió activamente para que no fuese destituido, ¿podés increpar hoy a los jueces por los femicidios como si hubieras nacido ayer?

 

 

 

Si tuviste de abogado y consejero al juez que actuó como defensor de Axel López en ese juicio, si con el concurso de tu sector se eximió al magistrado y se privó de justicia a las víctimas de sus fallos irresponsables; si después además premiaste al defensor promoviéndolo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos -ni más ni menos-, ¿cómo creer que te preocupan las muertes de mujeres?

 

 

Si son autoridad, y bajo su órbita están las fuerzas policiales, ¿no les cabe ninguna responsabilidad en la seguridad de los argentinos? Y en especial de las mujeres, de las que sólo se acuerdan para el relato. Mucho género y pocas nueces.

 

 

Wado de Pedro, hoy ministro del Interior, era consejero de la Magistratura cuando se instruyó el juicio político contra Axel López. Lo fue del 4 de febrero de 2014 al 26 de febrero de 2015.

 

 

Se trata del juez de Ejecución Penal que le otorgó la libertad condicional a Juan Ernesto Cabeza, condenado por violación. Un perito psiquiatra le dijo que había altísimas probabilidades de que reincidiera. López desatendió la advertencia. Cabeza fue excarcelado en Resistencia. En la Capital chaqueña se puso a trabajar en una remisería. Una noche, violó y mató a una pasajera: la joven Tatiana Kolodiez.

 

 

Wado De Pedro habló de los femicidios para apuntar contra los jueces: "O se transforman o llegó la hora

de irse"

 

 

Esta vez, el Consejo de la Magistratura aceptó someterlo a juicio político. Es que López era tan reincidente como los delincuentes que liberaba.

 

 

En 2009, había concedido salidas transitorias a Pablo Díaz, otro preso por delitos sexuales, que aprovechó el beneficio para violar y matar a la joven Soledad Bargna. El pedido de juicio político por ese caso no había prosperado. Axel López siguió en su puesto, concediendo beneficios -morigeración de pena, salidas transitorias, libertad condicional- sin mayores resguardos.

 

 

Cuando Cabeza asesinó a Kolodiez, pareció que por fin la clase político-judicial iba a reaccionar. El Consejo de la Magistratura habilitó el juicio político. Pero entonces, el gobierno, el mismo que hoy se rasga las vestiduras por las mujeres asesinadas, se movilizó en defensa del juez. Raúl Zaffaroni, que acababa de dejar la Corte Suprema, fue el defensor de Axel López.

 

 

El juicio político, a comienzos de 2015, coincidió con la primera marcha bajo el lema NiUnaMenos. ¿Qué podía salir mal? Los familiares de las víctimas fueron a ver a las referentes de la marcha que buscaba poner fin a los femicidios. “Marchen al Consejo de la Magistratura”, les dijeron. “Presionemos al Jury de Enjuiciamiento para que López sea destituido”. La respuesta fue negativa. Las organizadoras aceptaron en cambio la adhesión de la Presidente a la marcha. ¿A quién le iban a reclamar por los asesinatos impunes y la desprotección de las mujeres si al acto se sumaba la misma cabeza del Poder Ejecutivo que, entre otras cosas, tiene que conducir a la policía y demás fuerzas de seguridad?

 

 

No hubo marcha al Consejo de la Magistratura. No hubo reclamo a los jueces y legisladores que lo integran, ni al poder ejecutivo. Resultado: Axel López no fue destituido.

 

 

Recién unos años después, en abril de 2017, cuando un caso análogo tuvo por víctima a una joven militante de La Cámpora, Micaela García, el oficialismo pareció reaccionar. Por primera vez se notificaron del efecto que puede tener la excarcelación de un violador. Claro que no se acordaron de su defensa de Axel López, no se disculparon, no se hicieron cargo de nada.

 

 

En este caso no fue López sino un juez de Ejecución Penal de Gualeguaychú, Entre Ríos, Carlos Rossi. Micaela, de 21, fue violada y asesinada por Sebastián Wagner, un hombre que estaba condenado a 9 años de prisión por delitos de violación, pero al que el magistrado le había otorgado la libertad condicional.

 

 

Esta vez el oficialismo pidió a gritos el juicio político. Pasó de la indiferencia a la sobreactuación. Pero no a la eficacia, porque después se olvidaron del tema y Rossi, como Axel López, fue sobreseído y mantuvo su cargo. Tampoco retrocedió la inseguridad.

 

 

Eso sí, promulgaron la Ley Micaela por la cual dan cursitos de ideología de género a todo el mundo, con planteos que poco y nada tienen que ver con los verdaderos motivos por los cuales en la Argentina la violencia no se frena: que son la ineficacia de la policía, de la administración pública y de los jueces.

 

 

La pretensión del Gobierno de atribuir toda la culpa a un solo poder es burda. No se trata de disculpar a los jueces: el accionar de muchos de ellos es muy criticable, y en algunos casos pasible de sanciones y de juicio político. Pero la intención del oficialismo es evidente: con la excusa de los femicidios quieren esmerilar aún más a un poder al que han puesto en la mira y de paso legitimar una reforma judicial que nada tiene que ver con el sufrimiento de la gente común que busca justicia.

 

El Senado dio media sanción a una reforma judicial que propone el Gobierno

 

 

El juego quedó al descubierto en la marcha de repudio al femicidio de Úrsula Bahillo, el 17 de febrero pasado, en la que los militantes K se presentaron con pancartas en respaldo de la reforma judicial.

 

Como en 2015, la marcha se llenó de funcionarios que creen que pueden estar en la misa y en la procesión a la vez. La Intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, dijo: “Estamos movilizadas porque no queremos que el Estado vuelva a llegar tarde ante una denuncia por violencia de género”. Si ellos no son el Estado, ¿quién lo es? Ellos sólo se anotan en la columna del haber, nunca en la del debe.

 

La misma actitud de algunos jueces, que no se hacen cargo de las consecuencias de sus decisiones, es la de estos funcionarios que se divorcian de su responsabilidad de gestión.

 

A los militantes que cumpliendo instrucciones fueron a la marcha con carteles en favor de la reforma judicial, daban ganas de preguntarles: ¿y esto qué tiene que ver?

 

 

¿Qué propuestas formuló el oficialismo para acelerar los juicios, acercar la justicia a la gente, evitar la salida anticipada de criminales peligrosos, etc? ¿No están más bien concentrados en limar el poder de la Corte Suprema y por motivos que no tienen nada que ver con los femicidios ni con la plaga de asesinatos en ocasión de robo?

 

Con la inseguridad, ese tema del que nunca se hacen cargo. Sólo hablan de los femicidios, pero para culpar a otros.

 

Siguiendo con la sobreactuación, hoy convocaron al padre de Micaela García a la Casa de Gobierno para respaldar el nuevo relato: “El 50% de los femicidios se pueden prevenir cuando la justicia actúa. Cuando la justicia es lenta, hay femicidios”, dijeron.

 

La culpa la tienen los nuevos enemigos designados: todos los jueces. Pero cuando hubo jueces que no actuaron o que actuaron mal, no hicieron nada. Peor, los apañaron.

 

Si Axel López hubiese sido destituido en 2015, tal vez su par de Entre Ríos Carlos Rossi lo hubiera pensado dos veces antes de liberar al asesino de Micaela García. Pero eso mejor ni decirlo.

 

Hay tanto jueces como políticos que son corresponsables de la desprotección estatal que pone en riesgo a las mujeres y, más en general, deja inermes a todos los argentinos frente al flagelo del delito y la violencia.

 

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