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...a los países acreedores, según lo que se firmó en el acuerdo que el ministro Martín Guzmán intenta renegociar en su gira europea.

 

 

 

Un posible nuevo default con el Club de París tendría consecuencias millonarias para la Argentina. No sólo quedarían impagos USD 2.400 millones de la última cuota, que vence en breve, sino que además se sumarían intereses y resarcitorios por nada menos que USD 2.000 millones adicionales. Así surge de las condiciones que aceptó el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, cuando llegó a un acuerdo en 2014 para normalizar la deuda con un grupo de 19 países que integran la organización.

 

 

Semejante carga explica la preocupación del actual ministro de Economía, Martín Guzmán, que emprendió una gira en Europa para buscarle alguna salida a esta situación. Ayer se reunió en Berlín con el ministro de Asuntos de Economía y Energía de ese país, Peter Altmeier, y con Lars Hendrik Roller, asesor económico de la canciller Angela Merkel. Hoy se reunirá con el secretario de Finanzas, Wolfgang Schmidt, con el Club de París al tope de la agenda. Cabe recordar que Alemania es el principal acreedor, con más del 37% de la deuda que la Argentina mantiene con el Club de acreedores.

 

 

Con reservas menguadas, la intención de Guzmán es evitar la erogación de esos USD 2.400 millones y obtener alguna prórroga adicional, que hoy parece inviable. Pero en caso de no cumplir la deuda se volvería a multiplicar, obligando al país a pagos aún más onerosos en el futuro.

 

 

El acuerdo con el Club de París era a cinco años de plazo por deuda que totalizaba los USD 9.700 millones sin quita, pero también incluía dos de gracia a una tasa mínima en caso de que la Argentina no estuviera en condiciones de cancelar todas las obligaciones en 2019. Ese plazo se cumple ahora y resta hacer frente a la última cuota.

 

 

Un informe del banco de inversión BTG Pactual detalló a sus clientes cuáles serían las consecuencias del incumplimiento. Si bien el pago debe efectuarse a fin de mayo, en realidad hay otros 60 días adicionales de plazo para ponerse al día sin que se considere un default. Es decir hay tiempo hasta el 31 de julio para pagar la última cuota sin caer en un incumplimiento.

 

 

Cumplido ese período se ponen en marcha distintas cláusulas, que la entidad detalla de la siguiente forma. El Club de París cobrará un interés básico más otro compensatorio de 3% más 4,5% anual. Pero además se cobrará otro concepto denominado “interés final” del 9% anual capitalizado, que se cobrará en forma retroactiva a mayo de 2014. Ambos conceptos sumarían cerca de USD 2.000 millones, lo que agregaría otro 83% sobre la deuda que eventualmente entre en default.

 

 

En caso de default a fin de julio con el Club de París, la Argentina quedaría obligada a pagar una tasa de 9% anual capitalizable desde 2014 hasta ahora (siete años) por el monto impago. Además, se aplican intereses y punitorios. La cláusula “leonina” fue firmada por Axel Kicillof como ministro de Economía

 

 

Se trata de condiciones “leoninas” que en su momento aceptó pagar el ahora gobernador de la provincia de Buenos Aires. En su momento, Kicillof fue criticado por no haber conseguido una quita de la deuda y por el corto plazo negociado para el repago. Sin embargo, casi nadie había reparado en los duros castigos que debía enfrentar la Argentina en caso de incumplir el acuerdo.

 

 

Los problemas para la Argentina no sobrevendrían sólo por un aumento de la deuda. Sucede que los países que integran el Club de París (la mayoría europeos, pero también otros como Japón) también cortarían líneas que agencias de crédito otorgan a exportadores argentinos, agravando aún más los problemas de competitividad del país.

 

 

Las negociaciones con el Club de París y con el FMI definirán hasta qué punto la Argentina está en condiciones de recuperar el acceso a los mercados financieros. “No hay forma que un país con bonos rindiendo 20% anual en dólares pueda lograr que la economía crezca”, explicó el financista Marcelo Blanco. “Un mal manejo del crédito externo –agregó- afecta directamente el bienestar de sus ciudadanos”.

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