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Cerca de 20 cortes de ruta en la provincia de Neuquén, de trabajadores autoconvocados del sector de la salud, mantienen paralizada desde hace dos semanas la actividad de las empresas petroleras que operan en la zona de Vaca Muerta, con pérdidas millonarias por día para el sector. El Gobierno neuquino realizó una nueva propuesta a la conducción de ATE —que incluyó un aumento salarial del 53% pero en tramos a completarse en un año—, que los autoconvocados rechazaron en asambleas.

 

 

El conflicto que originó los cortes lleva más de 40 días y se inició cuando grupos internos de la rama salud pública de la Asociación de Trabajadores de la Salud (ATE) desconocieron un acuerdo salarial con el Gobierno provincial. Los Trabajadores Autoconvocados de la Salud recibieron una oferta del por el gobernador Omar Gutiérrez, de un bono de $40.000, que no fue aceptada.

 

 

“Esta oferta del Gobierno es totalmente insuficiente y es falso que sea un incremento del 53%. Son aumentos del 5% cada dos meses, y recién el año que viene se completa la última cuota. Nos quisieron conformar con el 12%, pero si hoy hacen esta oferta al básico para todos los estatales de Neuquén es producto de la enorme lucha de las y los trabajadores de autoconvocados salud”, señaló Marco Campos, referente de los autoconvocados y trabajador del Hospital Castro Rendón. El grupo que mantiene los cortes reclama que se los convoque a una mesa de negociación.

 

 

Este lunes, desde ATE Neuquén solicitaron al Gobierno provincial una reunión para rediscutir los plazos y porcentajes de la paritaria 2021, de acuerdo a la nueva propuesta que fue presentada. En tanto, los bloqueos en las rutas neuquinas ya provocaron para la industria una pérdida de producción de 3,5 millones de metros cúbicos de gas y alrededor de 10.000 barriles diarios. “Esta pérdida podría seguir incrementándose si no se logra sostener los cambios de turnos de personal y el abastecimiento de insumos y transporte”, señaló una fuente del sector.

 

 

Para sostener la actividad, las empresas están realizando vuelos en avión y helicópteros —en los casos donde existe esa posibilidad— para el traslado del personal. La falta de insumos para abastecer a la actividad de fractura y perforación de nuevos pozos provocó que ya haya unos 5.000 trabajadores del sector en stand by. Esto significa que están cobrando sus salarios pero que no están en actividad, en el caso de los que tienen contratos de locación de servicios, por ejemplo.

 

 

Se estima que hay unos 70 equipos de perforación, fractura y terminación que siguen sin poder operar a causa de los bloqueos. El número es casi la totalidad de los equipos que operan en la cuenca neuquina. Las pérdidas económicas para las empresas acumulan unos USD 37 millones de dólares, sin contar las afectaciones futuras.

 

 

Esta paralización implica entre 3 y 4 millones de metros cúbicos diarios comprometidos para el Plan Gas que no llegar a estarán a tiempo para el invierno. En la industria, estiman que la imposibilidad de inyectar este gas producido en el país en invierno obligará al Estado Nacional a tener que importar combustibles por alrededor de USD 200 millones.

 

 

Los cortes ya provocaron para la industria una pérdida de producción de 3,5 millones de metros cúbicos de gas y alrededor de 10.000 barriles diarios y ese quebranto podría seguir incrementándose, según fuentes del sector

 

 

Sin embargo, fuentes cercanas a la secretaría de Energía señalaron que esa cifra aún no está estimada —porque parte del gasto de contar con los barcos regasificadores ya estaba contemplado— y que si bien evalúan varios escenarios en ningún caso anticipan un colapso del sistema. El barco regasificador que se encuentra en Escobar ya está en actividad: inyectó entre 3 y 4 millones de metros cúbicos en los primeros días y en los próximos tres días el nivel será de 7,5 millones de metros cúbicos durante tres días seguidos.

 

 

La situación de abastecimiento de gas durante este invierno, según las fuentes, se volvió más complicada por varios factores no esperados que se dieron al mismo tiempo: una declinación de la producción de Bolivia, que llegará con 60% menos de gas este invierno; la producción de las centrales hidroeléctricas en baja; el Plan Gas, que comenzó más tarde de lo proyectado y este conflicto actual en Vaca Muerta, justo en el momento de la etapa final de las tareas.

 

 

La semana pasada las empresas del sector reunidas en la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) solicitaron al gobernador de la Provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez; el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el secretario de Energía, Darío Martínez, la intervención en el conflicto. Sin embargo, fuentes oficiales aseguran que se trata de un conflicto salarial local —que se da todos los años entre el personal sanitario y el Gobierno neuquino pero en esta ocasión cuenta con más apoyo social por la pandemia— y que el Gobierno nacional tiene pocas alternativas para intervenir: si envía fondos para el pago de salarios puede enfrentar los mismos reclamos en otras provincias y la opción de liberar las rutas a través de la Gendarmería puede generar consecuencias de mayor tensión y violencia en la zona.

 

Entre las empresas más afectadas por los bloqueos están YPF y Tecpetrol, las principales productoras de gas de la cuenca neuquina y las que se preveía que incrementarían más gas para el invierno. En el caso de Tecpetrol, la empresa no puede acceder a sus áreas de Fortín de Piedra y Los Bastos. Uno de los problemas que enfrentan las empresas productoras es la poca disponibilidad de equipos de perforación y fractura, que van contratando las distintas compañías por una ventana de tiempo determinado, por lo tanto es difícil volver a contar con esos equipos cuando se normalice la situación. Además de YPF y Tecpetrol, también operan en la zona Shell, Vista Oil y Pan American Energy.

 

Antes de que comenzaran los cortes de ruta —el pasado 7 de abril—, Vaca Muerta había logrado alcanzar su mayor nivel histórico de actividad en cantidad de fracturas. En marzo, se alcanzaron 751 etapas de fractura por parte de las distintas petroleras que operan en áreas de recursos no convencionales, por encima de las 746 registradas en febrero de 2019, según un informe de la firma NCS Multistage.

 

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