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Foto: Cristina Kirchner, Hector Timerman, Luis DElia, Andres Cuervo Larroque, Oscar Parrilli y Carlos Zannini, procesados en la causa que llevó Bonadio.

 

 

Luis Czyzewski y Mario Averbuch, familiares de víctimas de la AMIA que están constituidos en querellantes en la causa por el Memorándum con Irán, recusaron hoy a los jueces del Tribunal Oral Federal 8 y al fiscal de la causa por haber aceptado tomarle declaración al ex jefe de Interpol Ronald Noble como testigo y no como imputado, y por haber ordenado la realización de una audiencia oral y pública solicitada por la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner para reclamar allí la nulidad del caso.

 

 

El objetivo de la querella es apartar a los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michillini y Daniel Obligado, junto al fiscal Marcelo Colombo. “Su imprescindible imparcialidad frente al caso se encuentra seriamente afectada”, dijeron en el escrito los familiares en el escrito al que accedió Infobae. Para la querella, los últimos hechos en la causa “generan un razonable temor o sospecha de parcialidad que no se encuentra sustentado en meras creencias, sino en actos concretos”.

 

 

Ahora, el planteo reclama que no se disponga ninguna otra medida hasta que se sustancie el proceso de recusación. Justamente, el TOF estaba por poner fecha a la audiencia en la que hablaría Cristina Kirchner y otros acusados de la causa del Memorándum con Irán, el expediente que nació con la denuncia del fiscal Alberto Nisman en 2015.

 

 

Aquella denuncia inicial fue desestimada pero a fines de 2016, después de marchas y contramarchas, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó reabrir la investigación. Es precisamente sobre eso que apuntan ahora las defensas luego de que se conociera que dos de los jueces que firmaron esa resolución, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, habían hecho visitas al ex presidente Mauricio Macri. En la causa están acusados la vicepresidenta, el senador Oscar Parrilli, el viceministro de Justicia Juan Martín Mena y el Procurador del Tesoro Carlos Zannini, entre otros, por delitos como “encubrimiento agravado, estorbo de un acto funcional y abuso de autoridad”. La hipótesis de la investigación es que con el Memorándum con Irán se buscó hacer caer las alertas rojas de los iraníes acusados de haber hecho explotar la mutual judía AMIA, en 1994, atentado que provocó la muerte de 85 personas.

 

Lo cierto es que el viernes pasado el TOF 8 decidió hacer lugar a lo solicitado por la defensa a cargo de Carlos Beraldi, que representa a CFK, y del fiscal Marcelo Colombo en torno al llamado de una audiencia pública frente a lo que entienden debería ser una nulidad insalvable para avanzar hacia el debate oral. “Publicitar y transparentar el trámite incidental y la solución a la que en definitiva se arribe, responde también a una exigencia proveniente de una sociedad que en su conjunto nos interpela como operadores y operadoras de una Justicia permanentemente cuestionada”, dijeron. Además, el TOF hizo lugar a una serie de medidas de prueba.

 

En ese contexto la querella de los dos familiares de víctimas de AMIA -a cargo de Juan José Avila y Tomás Farini Duggan- reclamó este martes la recusación del tribunal en pleno y el fiscal. Según el escrito al que accedió Infobae, “la recusación tiene como objeto asegurar la imparcialidad de quienes dictarán sentencia en este delicado proceso, que tiene por imputados a una parte de los máximos funcionarios del actual gobierno”.

 

El escrito acusó al TOF y al fiscal de “imponer a un imputado como testigo y forzar su declaración anticipada”, en “un primer intento para frustrar el juicio”. Se trata de la declaración de Ronald Noble y Joel Sollier, ex directivos de Interpol, para que desfilaran en el debate oral. Estas declaraciones habían sido pedidas en mayo de 2019 por la defensa de Zannini, a cargo Mariano Fragueira Frías. La querella sostiene que Noble es un imputado y por lo tanto no puede ser citado como testigo. Las defensas, por su parte, ven en la declaración de este ex funcionario de Interpol una llave para hacer caer la causa: si las alertas rojas no estuvieron en peligro, entonces se derribaría la denuncia de Nisman, afirman.

 

“Era absolutamente claro que los funcionarios de Interpol que la Cámara Federal ordenó investigar (principalmente, Ronald Noble) no podrían ser citados como testigos en este proceso sino, eventualmente, indagados; y así fue solicitado en dos oportunidades por esta querella. Sin embargo, al ofrecer prueba, muchas de las defensas, e incluso el Sr. Fiscal, pretendieron la convocatoria de Ronald K. Noble y Joel Sollier como testigos durante el debate -sostiene la presentación-. Resulta claro que las defensas de los imputados pueden solicitar las medidas de prueba que consideren beneficiosas para sus intereses, aún aquellas que resultan manifiestamente improcedentes. Contrariamente, el Fiscal tiene el deber de reclamar el cumplimiento de la ley; y V.V.E.E. tienen el deber de hacerla cumplir”.

 

 

Tras insistir en que el sobreseimiento en favor de Noble no está aún firme (fue apelado ante la Cámara Federal), la querella sostuvo que “tanto el Sr. Fiscal General como V.V.E.E. prefirieron ignorar esa circunstancia, y para lograr la autorización de INTERPOL remitieron un formulario de interrogantes, pretendiendo que la declaración testimonial de un imputado se limitaría a esas preguntas”.

 

El segundo punto sobre el que se sustenta la recusación apunta a la audiencia que se habilitó el viernes pasado. “La invención de una audiencia no prevista en el Código Procesal Penal de la Nación para tratar planteos precluidos con fines políticos. Segundo intento para frustrar el juicio”, dice la querella. En ese sentido, el escrito aseguró que lo que la resolución del TOF “no menciona es que el pedido del Dr. Beraldi tiene como objeto posible, suministrar un podio desde donde montar una defensa política, para que luego se declare la nulidad solicitada en una audiencia oral, previa al juicio oral, para que no se haga el juicio oral”, afirmó.

 

“Esto no es una conjetura. La tentativa de replicar lo acontecido en la causa denominada ‘dólar futuro’ se expone en numerosas publicaciones periodísticas”, se indicó. “El planteo resulta claramente improcedente, además, porque a diferencia de lo acontecido en la causa denominada “dólar futuro” no existe en nuestro sistema procesal una instancia previa al juicio que permita a los imputados tomar la palabra y exponer sin interrupciones, en una audiencia oral y pública”, se añadió.

 

 

“Y precisamente por esa razón a la audiencia le cabe el calificativo de inventada. Y eso fue lo que se ha hecho mediante el decreto de V.V.E.E.: se inventa un debate oral previo que no existe. Una audiencia oral, previa al juicio oral, para tratar una nulidad inviable desde todo punto de vista, porque no existen nulidades “por temor de parcialidad”; existen recusaciones”. La querella sostuvo así que “es claro que V.V.E.E. no tienen facultades para apartar a los miembros de la Excma. Cámara de Casación Penal, ni para probar hechos que les pueden afectar, ni para invalidar sus resoluciones”. “Esas circunstancias generan un razonable temor o sospecha de parcialidad que no se encuentra sustentado en meras creencias, sino en actos concretos”, se afirmó.

 

Ahora, los apuntados por la querella deberán hacer su informe en torno al pedido de la querella. Y luego habrá que sortear tres jueces que revisen esa recusación, indicaron a Infobae fuentes judiciales. Recién allí se revisaría también el pedido contra la fiscalía.

 

La querella de los familiares de la AMIA ya habían logrado el apartamiento de una jueza de este caso. Se trata de Sabrina Namer, integrante original del TOF 8 y quien intervino apenas el caso llegó a juicio oral en marzo de 2018. Allí es donde se dictaron excarcelaciones tras las detenciones que había ordenado en diciembre de 2017 el juez Claudio Bonadio. El 24 de marzo de 2018 recuperaron la libertad todos los arrestados, salvo el ex líder de Quebracho Fernando Esteche que tenía otras causas penales.

 

Luego de esas excarcelaciones, la DAIA y familiares recusaron a Namer por haber sido fiscal de la Unidad AMIA luego de la muerte de Nisman y “haber opinado en contra de la denuncia”. La recusacion fue rechazado por la jueza y el TOF. Pero a través de un recurso de reposición el tema llegó a la Cámara Federal de Casación Penal. Allí, con las firmas de Hornos y el juez Juan Carlos Gemignani y la disidencia de Borinsky, se resolvió el apartamiento de Namer.

 

La querella de los familiares de las víctimas de la AMIA también apuntaron a López Iñiguez por “no inhibirse de intervenir”. Tras recordar el caso Namer, la querella señaló que si bien a ella no la había recusado entonces, la jueza debió haberse apartado por decisión propia ya que firmó la misma resolución.

 

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