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Cristina Kirchner pedirá el viernes próximo ante el Tribunal Oral Federal 8, en una audiencia transmitida vía Youtube, la nulidad de la causa del Memorándum con Irán, el caso que nació con la denuncia de Alberto Nisman en enero de 2015, fue desestimada por el juez Daniel Rafecas, reabierta por la Cámara Federal de Casación Penal e investigada por el juez Claudio Bonadio.

 

 

La audiencia se concretará 48 horas antes de que se cumplan 27 años del ataque contra la mutual judía, que provocó la muerte de 85 personas.

 

La causa en donde quedó procesada la vicepresidenta investiga “un plan criminal con entidad suficiente para que los ciudadanos iraníes identificados como responsables de la voladura de la AMIA pudieran sustraerse de la acción de la justicia -mediante el otorgamiento a Interpol de herramientas suficientes para que las notificaciones de índice rojo que pesaban respecto de los ciudadanos iraníes perdieran virtualidad- y para liberarlos de toda responsabilidad penal por dichos hechos -mediante la creación de una Comisión de la Verdad- y a través de esta, introducir una hipótesis alternativa”.

 

 

La jueza Gabriela López Iñiguez, titular del TOF 8, fijó hoy la audiencia para este viernes, a las 11.30 de la mañana, luego de rechazar la recusación del fiscal Marcelo Colombo. La querella de las víctimas de la AMIA se oponen a esta audiencia. Entienden que es un escenario para cerrar la causa, como sucedió con el caso dólar futuro.

 

 

Pero el tribunal decidió que la audiencia pueda ser vista “por el público en general”, al igual que lo que hizo la semana pasada cuando analizó la recusación del fiscal Colombo. El propio fiscal, que fue cuestionado por dar su aval a esta audiencia no prevista taxativamente en el Código Procesal Penal, habló de la necesidad de ser transparente ante un caso de gravedad institucional como lo que investiga esta causa.

 

 

Aunque en los tribunales aún no tenían confirmado la presencia de la ex jefa de Estado, allegados a la vicepresidenta confirmaron a Infobae que estará presente y hablará. Es que nadie creía que iba a desaprovechar la oportunidad de hablarle a los jueces, ante la sociedad, de la denuncia de Alberto Nisman, el fiscal de la AMIA que la acusó por la firma del Memorándum con Irán; y la intervención del fallecido juez Claudio Bonadio, que llevó adelante la causa y en diciembre de 2017 ordenó procesamientos con prisión preventiva.

 

La audiencia de la semana pasada en donde se pidió la recusación del fiscal Colombo

 

La base para pedir la nulidad de la causa se funda en las reuniones que, se supo ahora, tuvieron los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos con el entonces presidente Mauricio Macri. Esos dos jueces fueron claves a la hora de la reapertura de la investigación que inicialmente había sido desestimada por inexistencia de delito. Para la defensa, “resulta imprescindible que las prácticas escandalosas que aquí han sido denunciadas (encuentros de magistrados con el Presidente de la Nación cuando al propio tiempo intervienen en causas en las que el gobierno explicita su interés) tengan como consecuencia inevitable una sanción procesal que determine la invalidez de todo lo actuado por tales jueces. Ello, sin perjuicio de las demás consecuencias penales y disciplinarias que el caso amerita”.

 

Las defensas ya habían apostado a que el juicio iba a caerse apenas se le tomara declaración testimonial a Ronald Noble, el ex jefe de Interpol que siempre desmintió que estuvieran en riesgo las alertas rojas. Pero Interpol hasta ahora no autorizó su testimonial. Para los acusados, esa prueba era clave para hacer caer la causa. La aparición de las visitas de jueces en Olivos y a la Casa Rosada que permitieron redoblar el pedido para anular la causa.

 

El TOF estudió el planteo. “Si bien la audiencia oral y pública solicitada no se encuentra prevista en el Código Procesal de la Nación para resolver nulidades, no hay ninguna razón para desalentar su celebración”, dijeron los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado. Eso generó que la querella de las dos víctimas de la AMIA presentaran la recusación de los jueces y del fiscal. Tras rechazar el pedido de apartamiento en su contra, los jueces avalaron la objetividad del representante del Ministerio Público y citaron a esta audiencia.

 

Se descuenta que la querella buscará apelar esta decisión. La Sala IV de Casación, que hasta ahora era la que intervenía como tribunal revisor, derivó el caso en la Sala I, a cargo de los jueces Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. Es la misma que lleva la causa de los cuadernos y que dictó los sobreseimientos en la causa dólar futuro.

 

El caso

 

 

Cuatro días antes de su muerte, Nisman había radicado una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner y varios de sus funcionarios. Aseguró que el Memorándum firmado en 2013 con Irán era en realidad un plan de impunidad para que los iraníes acusados de ser los ideólogos del atentado contra la mutual judía –que mató 85 personas– quedaran impunes.

 

La denuncia de Nisman fue desestimada por el juez Daniel Rafecas y por los jueces de la Cámara Federal porteña, por dos votos a uno. El entonces fiscal de la Cámara Federal Germán Moldes apeló, pero el fiscal de Casación Javier de Luca no sostuvo el recurso por entender que no existió delito. La Sala I de Casación, con los votos de Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Luis Cabral, confirmó en mayo de 2016 el cierre de la denuncia.

 

Pero en Comodoro Py apareció una denuncia por traición a la patria para la entonces ex presidenta, el ex canciller Héctor Timerman y los legisladores que habían votado el Memorándum con Irán. Cayó en el juzgado de Claudio Bonadio. Se presentó además una prueba nueva: la grabación de una llamada entre el entonces canciller Héctor Timerman y el ex titular de la AMIA, Guillermo Borger, en la que ambos se referían a la supuesta responsabilidad de Irán en el atentado y el hecho de que el famoso Memorándum de Entendimiento fuera declarado inconstitucional.

 

El hecho escaló hasta Casación. Los jueces Hornos y Borinsky, como jueces subrogantes de la Sala I, fueron recusados por la defensa de Timerman, diciendo que ambos jueces estaban excusados de intervenir en el expediente sobre el ataque terrorista, su encubrimiento y los temas asociados. El planteo fue rechazado por los magistrados. El 29 de diciembre de 2016, Casación –con los votos de Hornos, Borinsky y Figueroa– resolvió ordenar la reapertura de la causa y apartar del expediente al juez Daniel , al considerar que su decisión de rechazar la reapertura de la denuncia fue “prematura, arbitraria y parcial”. Momentáneamente el expediente estuvo en el juzgado de Ariel Lijo hasta que finalmente el caso quedó anexado a la denuncia que tramitaba Bonadio.

 

El 7 de diciembre de 2017, el juez Bonadio procesó y ordenó la detención de Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario legal y técnico Carlos Zannini, el piquetero Luis D’Elía, el ex jefe de Quebracho Fernando Esteche y el lobista iraní Jorge Khalil. Sin prisión preventiva, fueron procesados el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, hoy senador; la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona; el ex funcionario del Ministerio de Justicia Juan Mena, que hoy es viceministro de esa área; el diputado nacional Andrés Larroque, ahora a cargo de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires; el ex vicecanciller Eduardo Zuain y el agente de inteligencia Alan Bogado.

 

A todos los acusó de encubrimiento y traición a la Patria. Cristina Kirchner no fue presa porque en octubre de 2017 se había convertido en senadora y tenía fueros. Precisamente, sobre eso habló la ex presidenta en su indagatoria en el juicio oral en la causa de Vialidad. En tanto, a Timerman se le concedió la prisión domiciliaria por razones de salud.

 

La Cámara Federal confirmó los procesamientos (sin la figura de traición a la Patria) y las detenciones ese mismo diciembre de 2017. En enero, el entonces juez Sergio Torres le concedió la libertad a Timerman para que pudiera viajar al exterior a tratarse. El caso pasó rápidamente a un tribunal oral. El 24 de marzo de 2018, fueron liberados Zannini, D’Elía y Khalil por orden del TOF y con aval de la fiscalía porque no había riesgos de fuga ni entorpecimiento. El único que quedó preso fue Esteche, ex líder de Quebracho, por una condena previa. Sin embargo, salió en libertad después de las PASO cuando estaba por cumplir dos años de preventiva.

 

El 30 de diciembre de 2018 falleció Héctor Timerman. La Corte Suprema confirmó en marzo de 2019 la prisión preventiva de la ex presidenta, al rechazar un recurso extraordinario porque no se trataba de una sentencia definitiva. La defensa de Cristina Kirchner nunca solicitó la excarcelación, como otros acusados.

 

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