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...fallecidos ya habían denunciado al gobierno de Cambiemos por seguimiento y escuchas ilegales

 

 

El llamado a indagatoria al ex presidente Mauricio Macri por presunto espionaje ilegal contra los familiares y abogados de los 44 tripulantes del ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre de 2017, y encontrado hundido un año más tarde, no debe sorprender. Casi tres años antes a que interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño motorizara la denuncia ante el juzgado federal de Dolores, por entonces a cargo de Alejo Ramos Padilla, por esos hechos, las víctimas de la tragedia ya lo habían sostenido ante Infobae, pero no se les prestó atención. Desde el entonces gobierno de Cambiemos, y en diálogos que este medio mantuvo con funcionarios del ministerio de Defensa, por entonces a cargo de Oscar Aguad y de la Armada, llegaron a tratarlos de “locos”, “mujeres desquiciadas” y hasta esbozaron términos machistas y denigrantes contra una de las abogadas querellantes, Valeria Carreras; e hicieron circular información falsa que involucraba a otro letrado, Luis Tagliapietra, en presuntos actos ilegales que tiempo después fueron desmentidos por la propia justicia que los investigó. El abogado encabeza la segunda querella y es padre de uno de los oficiales fallecidos Alejandro Tagliapietra.

 

 

En junio del año pasado, familiares de los tripulantes del buque de guerra siniestrado ya se habían presentado en la Justicia para que se investigue si fueron víctimas del espionaje del gobierno por parte del gobierno de Macri. El pedido ya había sido realizado en 2018 cuando tuvieron la certeza de que les habían “pinchado” los teléfonos.

 

 

 

En diálogo con Infobae Carreras ya había anticipado que se presentaría ante la Comisión Bicameral de Inteligencia para denunciar el atropello y reclamaría el testimonio de la ex titular de la Dirección de Inteligencia DNIEM, del Ministerio de Defensa, María Noel Costa.

 

 

“Los familiares todas mujeres, detectaron y así lo dijeron a viva voz, ante el ex Ministro de Defensa Aguad, que sus teléfonos andaban sospechosamente mal. Casualmente sus celulares funcionaban mal cuando concurrían a la Base Naval de Mar del Plata a recibir los partes de novedades en la búsqueda del Submarino, Casualmente, los de la Armada, sabían lo que iban a preguntar ellas”, le dijo la abogada patrocinante a este medio, pero sus denuncias, cayeron en saco roto.

 

 

En la causa en la que ahora fue llamado a indagatoria Macri, y al cual se le impide salir del país, aunque estaría en el exterior, hay fotos de seguimientos realizados, por ejemplo, a Tagliapietra y Carreras, pero también a los familiares que realizaban manifestaciones en reclamo de Justicia y la búsqueda del buque de guerra.

 

 

Carreras detalló ante este medio la manera en que era seguida por dos autos durante sus viajes al juzgado federal de Caleta Olivia, en la que se investiga el siniestro; y Tagliapietra advirtió cuando lo fotografiaban antes, durante y después de las reuniones que mantenía con el entonces ministro Aguad, o durante los días que pasaba junto a los familiares de los tripulantes desaparecidos que habían decidido acampar frente a la Casa Rosada, en Plaza de Mayo, a fines de junio de 2018, para reclamarle al gobierno de Mauricio Macri que contrate a una empresa para buscar al submarino en las frías profundidades del Atlántico Sur, hecho que solo ocurrió después de esos reclamos.

 

 

Daniela Ávila y Marta Vallejos entre otros dolientes, además de los letrados, le contaron a quien escribe estas líneas, que en encuentros mantenidos en el Ministerio de Defensa con Aguad, el funcionario parecía adelantarse a las preguntas que estos le iban a realizar y que habían elaborado minutos antes del encuentro. Estaban convencidos que sus teléfonos estaban “pinchados” y que el funcionario conocía hasta la posición política e ideológica de cada uno de los presentes. El expediente y la convocatoria a indagatoria del ex mandatario parece confirmar esas sospechas.

 

 

Tagliapietra le describió a Infobae algunas de las pruebas que existen. Esto es el control de los movimientos de los familiares de las víctimas desde la Agencia Federal de Inteligencia entre fines de 2016 y diciembre de 2017. En papeles y planillas los agentes de la AFI habían escrito hasta los reclamos que iban a presentar ante el entonces Presidente.

 

 

También está acreditado lo que Tagliapietra le adelantó a este medio, “informes sobre las viudas, padres, madres hermanos y hermanas de los tripulantes, a quienes también se los fotografió y hasta se les realizó tareas de ciberpatrullaje para conocer su orientación política y su grado de enojo con el gobierno por la desaparición del submarino”.

 

 

Uno de los informes de la AFI, por ejemplo, se realizó tres días antes del 6 de febrero de 2018, fecha en que Macri iba a recibir en audiencia privada a los familiares del buque de guerra desaparecido.

 

 

Según Tagliapietra, que declaró como testigo, al igual que Carreras y otras víctimas del presunto espionaje ilegal, el documento detallaba los “posibles pedidos y reclamos que tendrán en carpeta los familiares”, entre ellos, no haberse presentado en una segunda oportunidad a la Base Naval de Mar del Plata dónde estaban viviendo para sí informarse de primera mano sobre los resultados en los primeros días de búsqueda del ARA San Juan, cuando aún había esperanzas de encontrarlos con vida, o los nombres de los funcionarios políticos y de la Armada que autorizaron la zarpada del submarino de la Base Naval de Mar del Plata con los aparentes problemas que tenía el navío.

 

 

Tanto es así que, en los procesamientos dictados por la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, contra los oficiales de la Armada que encontró responsables por el hundimiento destaca que: “La unidad submarina ARA San Juan no cumplía con los planes de mantenimiento programados y que presentaba novedades que comprometían la seguridad de la navegación, con acreditadas condiciones en cuanto a su estado de alistamiento y mantenimiento que eran conocidas por las personas que tenían poder de mando sobre la misma”. En su escrito la jueza calificó el estado del submarino de “calamitoso”.

 

 

Mauricio Macri, en una nota concedida a Infobae, sostuvo que durante su gobierno no se realizó ningún tipo de espionaje sobre las víctimas del ARA San Juan, y aventó la posibilidad de “cuentapropismo” llevado adelante por posibles ex agentes criollos de la AFI. Sin embargo, la causa judicial de Dolores demostraría lo contrario.

 

Según Tagliapietra, entre los informes de inteligencia elaborados por la base AFI de Mar del Plata se encontró “un semáforo idéntico al que se utilizó para hacer espionaje sobre los empresarios y dirigentes políticos, vinculados al kirchnerismo, que se encontraban detenidos en Ezeiza preventivamente”, para el abogado querellante estos documentos, que eran elevados a la Casa Rosada y al ministerio de Defensa “revelan que, lejos del cuentapropismo, en la AFI existía un plan sistemático de espionaje político ilegal digitado desde las más altas esferas del poder, es decir del presidente Macri”.

 

 

Se trataba de planillas semanales en las que se describían las “actividades políticas de interés de la AFI”. Tagliapietra describe que según el “grado de peligrosidad o importancia que tenían para el gobierno macrista”, se las calificaba con los colores amarillo, verde o rojo. Entre los, figuraba que el 8 de febrero de 2018 los familiares de los tripulantes del submarino siniestrado realizarían un reclamo “por la aparición del submarino”.

 

Eran días fragorosos. En la Armada, Aguad había pasado a retiro forzoso al almirante Marcelo Srur, el responsable de la fuerza antes y durante del hundimiento.

 

También había quedado al descubierto una interna por la sucesión de Srur, inclusive en fecha anterior al fatal 15 de noviembre de 2017, fecha en que se había realizado el último contacto entre el buque y los mandos en tierra.

 

“El llamado a indagatoria a Macri era algo muy esperado por nosotros desde el primer momento que tomamos conocimiento del material que había descubierto la propia interventora de la AFI. Además de las fotografías de seguimiento y del famoso semáforo, había papers que estaban dirigidos directamente al entonces presidente Macri. Esto está directamente vinculado al hundimiento del submarino junto a nuestros hijos. Ahora hay saber las motivaciones. Los elementos de prueba son contundentes”, dice Luis Tagliapietra y recuerda que los ex jefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ya están procesados por otras causas de espionaje ilegal y que a ellos también se los llama a indagatoria junto a Macri y otros funcionarios y agentes de la AFI que ya habían sido indagados.

 

A todos ellos se los señaló como “responsables del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautores, en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter de coautores”.

 

El escándalo por el presunto espionaje ilegal contra los familiares de las víctimas del ARA San Juan es un escándalo más que se suma a la tragedia y al destrato que recibieron par parte del gobierno responsable de la pérdida de las 44 vidas.

 

 

La causa de Dolores es un escalón más en la demostración que el gobierno de Cambiemos parecía más preocupado por controlar los pasos de los familiares y abogados querellantes de la causa que tramita en el Sur de nuestro país, que por conocer las razones del mayor siniestro sufrido por la Armada Argentina en tiempos de paz.

 

El 22 de marzo pasado, el Consejo General de Guerra que investigó durante cuatro meses la responsabilidad de ocho altos oficiales de la Armada en el hundimiento del submarino ARA San Juan había resuelto que el ex jefe de la Armada, Marcelo Srur, fuese sancionado con 45 días de arresto riguroso por haber informado en forma “incompleta” al Ministerio de Defensa los sucesos acontecidos con el submarino ARA San Juan, “impidiendo de esta forma también proporcionar información a los familiares de los tripulantes, con el agravante de no comparecer ante la opinión pública demostrando falta de compromiso y diligencia, con el consecuente menoscabo institucional de la imagen de la Armada Argentina”, según se precisó en la resolución difundida por el Ministerio de Defensa.

 

El contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo fue sancionado con 60 días de arresto riguroso en virtud del procesamiento que rige en su contra en la causa penal.

 

Además, dispuso una sanción a 15 días de arresto riguroso por “no haber dado cumplimiento a la orden impartida por el Jefe de Estado Mayor General de la Armada, de no ausentarse de la sede de su Comando juntamente con su Oficial de Operaciones, pese a estar en conocimiento de la avería inicial del submarino ARA SAN JUAN, con el agravante de hacerlo para supervisar actividades de carácter subsidiario en el noreste del país”.

 

Y otra a 10 días por “haber informado en forma tardía la novedad que le fuera transmitida respecto de la avería inicial sufrida por el submarino ARA SAN JUAN al Jefe de Estado Mayor General de la Armada”.

 

El capitán de navío Claudio Javier Villamide fue destituido, al ser considerado “negligente en su accionar al evidenciar falta de cuidado o descuido de la tropa y equipamiento a su cargo, al no haber ordenado ni recomendado expresamente al Comandante del ARA SAN JUAN la conveniencia de permanecer en superficie por un período limitado, manteniendo una comunicación a intervalos hasta definir un modo de acción que permitiese una navegación segura de regreso a puerto, entre otras razones.

 

El capitán de navío Héctor Aníbal Alonso fue sancionado con 30 días de arresto riguroso por “no haber constituido en la sede del Comando de la Fuerza de Submarinos ni haber convocado de inmediato a los integrantes del Estado Mayor, a los fines de analizar la situación y prestar asesoramiento al Comandante, del cual constituía su relevo natural.

 

Febrero 2018 - Familiares de los tripulantes del ARA San Juan son recibidos por primera vez por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri.

 

El capitán de fragata Hugo Miguel Correa fue sancionado con 30 días de arresto riguroso en virtud del procesamiento dictado en la causa penal que tramita en Caleta Olivia.

 

Para la abogada Carreras el llamado a indagatoria de Macri, como antes lo fue el llamado a indagatoria a los jefes de la ex SIDE “es un aliciente para las familias que represento: esposas, madres y dos padres. Esto viene a demostrar que ellas no estaban locas cuando denunciaron el espionaje” y que “siempre supieron que las espiaban, que les manejaban las redes sociales”.

 

Carreras también recordó que el supuesto espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan “fue solo una parte de las tareas de inteligencia ilícita desplegada desde las denominadas bases AMBA que instaló la AFI de Mauricio Macri en el territorio de la provincia de Buenos Aires, según surge del expediente judicial”.

 

Para ella el presunto espionaje a los familiares de los tripulantes tuvo que ver con “el intento del gobierno de Cambiemos de tener controlado a un colectivo que exigía, durante fines de 2017 y fines de 2018, que se encontrara al submarino”.

 

Ya a mediados de este año, la abogada querellante le había dicho a la agencia de noticias Télam que “el gran beneficiado era Mauricio Macri ya que los partes de los agentes de la AFI tienen como objetivo ´que nada perturbe o perjudique la imagen presidencial´”.

 

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