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No los une el amor, sino el espanto. Alberto Fernández y los principales empresarios argentinos tienen hoy una preocupación común: evitar un nuevo estallido inflacionario y cambiario luego de las elecciones legislativas. El miedo no es caprichoso ni mucho menos; está basado en la gran fragilidad económica y también política que debe enfrentar el Gobierno. Este escenario podría agravarse mucho si el resultado de las elecciones vuelve a ser contrario al oficialismo.

 

 

El diálogo “abierto y sincero” que mantuvo el lunes el Presidente con algunos de los hombres de negocios más importantes de la Argentina no tuvo un objetivo electoral. De hecho difícilmente le aporte un solo voto a los candidatos oficiales. El propósito fue asegurar cierto nivel de gobernabilidad pensando en el día después del 14 de noviembre. Una nueva derrota dejaría a Alberto Fernández aún más debilitado y sin poder alguno para llevar adelante las correcciones imprescindibles que requiere una economía llena de distorsiones.

 

 

No avanzar con esa agenda que inevitablemente lleva a un ajuste post-elecciones podría desatar una situación inmanejable. Hoy resulta imposible imaginar que se pueda atravesar el verano haciendo la “plancha” y evitar una nueva crisis que empeore aún más la delicada situación social que vive la Argentina.

 

Sin embargo, no hay un solo dato concreto que permita hoy vislumbrar otro escenario, un giro que cambie de plano lo que viene intentando el Gobierno en materia de política económica. La respuesta luego de la derrota en las PASO es seguir haciendo más de los mismo, pero más rápido: más gasto, más cepo y más controles de precios. Las viejas recetas ya fracasadas, pero con más énfasis.

 

El Gobierno tuvo varios gestos de acercamiento a empresarios e inversores. El almuezo de Alberto Fernández del lunes, su participación en el Coloquio de IDEA y el viaje de Martín Guzmán y Juan Manzur para hablar en Wall Street. El objetivo es consolidar cierto nivel de respaldo para el día después de las elecciones

 

 

Mientras tanto, las empresas buscan amortiguar las consecuencias de este complejo escenario que hay por delante. No sólo se trata de dolarizarse para esperar con más tranquilidad el escenario electoral. También hay conversaciones permanentes de alimenticias y supermercadistas con referentes de movimientos sociales. El reparto de comida instrumentado por los propios privados se da como un hecho para llegar a las fiestas sin sobresaltos en las puertas de los supermercados y los comercios. Este escenario se vuelve aún más peligroso si se acentúan las internas dentro del Gobierno en caso de un resultado desfavorable en cuatro semanas.

 

Señales

 

 

 

Las señales sobre el rumbo que quiere adoptar el Gobierno después del 14 de noviembre no son fáciles de leer. Y eso también inquieta al mundo empresarial. La decisión del flamante secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, de ir nuevamente hacia un congelamiento masivo de precios no resiste el menor análisis. Durante la pandemia se congelaron los precios de más de 2.000 productos en supermercados y el resultado está a la vista: la inflación de este año rozará el 50%. Si algo ya demostró su inutilidad absoluta en la Argentina son los congelamientos de precios, sobre todo cuando no hay cambios de fondo en la política económica. El año que viene no pinta mejor: ese 50% parece mucho más un piso que un techo de cara al 2022.

 

El episodio merece, no obstante, una mirada más profunda. El funcionario se presentó junto a Débora Giorgi, es decir dos históricos funcionarios que siempre han respondido ciegamente a Cristina Kirchner. Se trata, en definitiva, de una nueva ofensiva de la vicepresidenta por imponer sus políticas y también a gente de su mayor confianza para llevarlas adelante. Es obvio que ambos quedan en una suerte de “banco de suplentes” por si la situación post electoral requiere de “cirugía mayor” en el área económica.

 

Nostalgia selectiva

 

Desde el año pasado que Cristina está obstinada por reivindicar los supuestos resultados económicos de su gestión, pese a que se fue en 2015 con una bomba económica a punto de explotar: duro cepo cambiario, un Banco Central sin reservas, más de USD 15.000 millones vendidos en contratos futuros y un déficit superior a 5% del PBI.

 

Las señales que dio el Gobierno tras perder las PASO pasaron por acelerar lo que ya no venía dando resultado: más déficit fiscal, más cepo cambiario y más congelamientos de precios. Y para después de las elecciones no hay planes de un giro sustancial en la política económica

 

 

El propio Alberto Fernández le dio el gusto a su compañera de fórmula. Durante el Coloquio de IDEA dedicó una parte de su presentación a brindar una lectura edulcorada de lo que fue la gestión de Cristina y su legado. Según él fueron años de gran generación de empleo, crecimiento y casi sin planes sociales. “En ese momento el reclamo no era por empleo sino por la suba del mínimo de Ganancias”, explicó. Conclusión: la fórmula para salir de la crisis y volver a crecer es regresar a los años previos al 2015, ese mismo período que él mismo criticaba duramente cuando había regresado al llano.

 

 

 

El acuerdo con el FMI es otro de los pasos imprescindibles que habrá que dar para alinear expectativas y diseñar un nuevo rumbo económico. Tanto el Presidente como el ministro de Economía, Martín Guzmán, dejaron en claro en distintas reuniones que la vocación es llegar a un acuerdo. Sin embargo, también allí hubo señales confusas, ya que la idea sería tomarse unos cuantos meses para arreglar. “Sería en el primer trimestre de 2022″, aclararon. ¿Puede la economía argentina darse el lujo de pasar casi todo el verano sin un acuerdo? Pronto se sabrá la respuesta.

 

El Gobierno se muestra inflexible en punto, que no está relacionado con el programa en sí, sino con las condiciones que impone el organismo. El “sobrecargo” luce hoy como un tema innegociable. Se trata de una tasa adicional que cobra el FMI por refinanciar a países que recibieron un préstamo que excede lo que le corresponde por su cuota.

 

Tanto Alberto como Manzur pusieron énfasis en asegurar que Cristina Kirchner está a favor de un acuerdo. Pero todavía se discuten los “sobrecargos” que le cobraría el organismo a la Argentina por refinanciar a diez años. Guzmán aseguró en privado que el acuerdo no se cierra por la propia burocracia del FMI

 

Según el estatuto del FMI, la tasa de sus préstamos aumenta en un adicional de 2 puntos porcentuales si el financiamiento excede el 187,5% de la cuota, que claramente es el caso argentino. Pero además se cobra un punto porcentual adicional cuando el crédito se extiende por más de 51 meses, que también impacta en la Argentina, teniendo en cuenta que se negocia un plan a 10 años.

 

Por lo tanto, la refinanciación que se negocia con el FMI ya no es a un interés de 4% ó 4,5% anual, sino que podría elevarse hasta el 7% anual en dólares. El G-20 pidió que se suspenda este “cobro extra” y el Gobierno confía en que será posible lograrlo. Pero no depende del staff del FMI sino de los directores de la entidad, que deberían aprobar un cambio del estatuto para favorecer específicamente a la Argentina. Guzmán quiere llevar la discusión hasta las últimas consecuencias. ¿Significa eso que podría incluso arriesgar un default con el organismo? Es otra de las preguntas que se develará en breve.

 

 

 

 

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, se encargó de ratificar ante inversores de Wall Street que el plan es acordar con el FMI: “Vengo en representación de todo el Gobierno. Tenemos vocación de llegar a un acuerdo y Cristina también está convencida”. El funcionario recibió preguntas sobre cómo sigue la política post electoral: “Más allá del resultado, el peronismo seguirá unido”, aseguró en Nueva York.

 

Martín Guzmán estuvo lejos de tranquilizar a los inversores que lo fueron a escuchar, pese a que la reunión duró tres horas y media. Aseguró que luego de las elecciones seguirán el cepo y las intervenciones oficiales para controlar el tipo de cambio y la brecha. Y no dudó en elogiar el rol del Estado: “La economía argentina se mueve en un sendero muy finito. Lo único que podemos hacer es aumentar el gasto en términos reales, pero bajar el déficit al mismo tiempo”, señaló. La única salida para lograrlo sería cobrando más impuestos.

 

El salario real de hoy es consistente con niveles de voto del 30% para el oficialismo. Para que el oficialismo sueñe con un 40%, el salario real hoy debería ser 7% mayor al actual, teniendo en cuenta exclusivamente el voto bolsillo 

 

 

Faltando solo cuatro semanas para las elecciones, el principal interrogante sigue siendo si el Gobierno podrá dar vuelta la elección. El economista Fernando Marull aporta un dato económico para llegar a conclusiones políticas. “El salario real de hoy es consistente con niveles de voto del 30% para el oficialismo. Para que el oficialismo sueñe con un 40%, el salario real hoy debería ser 7% mayor al actual, teniendo en cuenta exclusivamente el voto bolsillo”.

 

En otras palabras, los niveles persistentes y elevados de inflación opacan el “plan platita” que el Gobierno está llevando adelante. Los beneficios en materia de ingresos son de corto plazo y rápidamente quedan detrás de los aumentos de precios. Algo que difícilmente se pueda cambiar con medidas desesperadas como un nuevo congelamiento, resistido por las principales cámaras alimenticias y supermercadistas.

 

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