delinterior.com.ar

...cuestionó hasta sus problemas de dicción. La historia de un concurso que tuvo entre sus inscriptos a Alberto Fernández

 

 

Daniel Obligado es uno de los dos jueces que firmó el polémico sobreseimiento de Cristina Kirchner y sus hijos en la causa Hotesur y Los Sauces. Y en octubre, ya había beneficiado a la Vicepresidenta en el caso del Memorándum con Irán. Dos decisiones que sirvieron, al menos por ahora, para voltear dos juicios orales. En la oposición aseguran que el magistrado tiene un solo objetivo: llegar a la Suprema Corte bonaerense.

 

 

La polémica por sus fallos destapó otra historia. Apenas unos meses atrás, el Consejo Superior de la UBA decidió no renovarle su cargo como profesor adjunto en la Facultad de Derecho. ¿Por qué? Un jurado de notables consideró que no estaba capacitado. Luego de una batalla administrativa que duró varios años, el Consejo Superior ratificó esa decisión.

 

 

El presidente del TOF 5 no alcanzó el puntaje mínimo del concurso y no podrá seguir dando clases en la materia “Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal”.

 

 

“No renovar la designación de Daniel, Horacio Obligado como profesor regular adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura Elementos de derecho Penal y Procesal Penal, del Departamento de Derecho Penal y Criminología”, dice la resolución a la que tuvo acceso Infobae y lleva la firma del rector Alberto Barbieri y del secretario general, Mariano Genovesi.

 

La historia se remonta a 2004, cuando se aprobó el llamado al concurso para cubrir 9 cargos de Profesor Regular adjunto, con dedicación parcial y 2 cargos de Profesor Regular adjunto, con dedicación semi exclusiva. En total se anotaron 29 concursantes, de los cuales 5 se postulaban para renovar su cargo. En el listado original de los concursantes, Obligado aparece en el lugar 28. La lista se cierra con el nombre del por entonces jefe de Gabinete, Alberto Ángel Fernández.

 

 

De los 29 concursantes, 15 no llegaron a rendir la prueba de oposición. Además del Presidente, figuran en ese listado el ex camarista Eduardo Freiler, el ex juez Oscar Hergott (que compartió el TOF con Obligado y hasta lo denunció ante el Consejo de la Magistratura), el juez Sergio Paduczak, y el juez en lo Penal Económico Gustavo Meirovich, entre otros. “Pasaron muchos años desde la inscripción, por eso hubo tantas bajas”, contó uno de los participantes.

 

El resto de los concursantes podían elegir entre 15 temas de exposición. Obligado optó por el tema 5: “Las teorías neokantianas y su influencia en la dogmática penal en las doctrinas actuales”.

 

En 2017, el jurado emitió un dictamen lapidario sobre su desempeño. “El concursante expuso su clase de veinte minutos sentado, apoyando su computadora en el escritorio del jurado y leyendo de manera monótona y con errores de dicción en un texto que le aparecía en la pantalla”, arranca el dictamen del jurado integrado por Edgardo Donna, Jesús María Silva Sánchez (un distinguido profesor de la Universidad de Barcelona), y Guillermo Yacobucci, integrante de la Cámara de Casación.

 

 

Sobre el tema de exposición, los jurados hasta le cuestionaron a Obligado que no recordara las obras de Kant y Hegel. Tampoco pudo definir al neokantismo ni su método, según quedó expuesto en el dictamen al que tuvo acceso Infobae.

 

Por todo esos motivos, el tribunal propuso en su momento no renovarle el cargo a Obligado. La decisión fue unánime.

 

A partir de ese momento comenzó una batalla administrativa. En 2018, el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho rechazó la impugnación de Obligado y confirmó la decisión de no renovarle el cargo.

 

Esa historia recién concluyó en mayo de este año, con una resolución del Consejo Superior de la UBA. “No se observa transgredida la debida transparencia del concurso ni surge de lo expuesto la arbitrariedad invocada, el recurso interpuesto por el aspirante OBLIGADO, no posee andamiaje para prosperar, correspondiendo por ello proceder a su rechazo, en los términos del artículo 42 del Reglamento de Concursos”, dice ese documento.

 

 

Fallos a favor de Boudou y de Cristina

 

Obligado era juez provincial en Lomas de Zamora y en 2007, durante la presidencia de Cristina Kirchner, saltó al TOF 5. Ese tribunal se dedicó durante años de manera casi exclusiva a la megacausa ESMA, lo que obligó a crear un TOF 5 “bis”. “La causa ESMA es su caballito de batalla”, coinciden sus colegas. Sin embargo, en 2018, en medio de uno de los juicios más complejos de lesa humanidad, no dudó en viajar a Irak para asistir a unos congresos. No tenía la autorización de la Cámara de Casación ni de la Corte Suprema.

 

Esa excursión a Irak le valieron algunas de las denuncias ante el Consejo de la Magistratura.

 

En los últimos dos años, Obligado sumó varias resoluciones que favorecieron al kirchnerismo. En abril del año pasado, cuando comenzaba a golpear la pandemia, le otorgó la prisión domiciliaria a Amado Boudou con el argumento del Covid-19.

 

También tuvo en cuenta su situación familiar, similar a la de miles de reclusos. “Siendo que el grupo familiar de la compañera del encausado reside en México, y tiene dificultades para viajar por la enfermedad de su padre, a lo cual, ahora, cabría adicionar la prácticamente mundial prohibición de viajar. Boudou, a su vez, tiene dos hermanos, pero uno reside en el interior y con el otro no mantiene vínculo (lo cual surge del informe socio ambiental). En estas condiciones, el único sostén económico y emocional para los niños de dos años, resulta ser su madre”, escribió.

 

Con las condenas ratificadas por la Corte Suprema en el caso Ciccone, Obligado tuvo que acomodar las cosas. El 30 de diciembre de 2020, a última hora, le revocó el beneficio al ex vicepresidente aunque encontró un artilugio legal para que la decisión final quede en manos de la Cámara de Casación. De esa manera, Boudou pudo pasar el Año Nuevo en su casa de Avellaneda.

 

 

“Es impredecible”, repiten en Tribunales a la hora de evaluar su desempeño. Otros aseguran que su único objetivo es llegar a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires.

 

En octubre, como parte del TOF 8, Obligado dictó el sobreseimiento de la vicepresidenta y de otros imputados en el caso por el encubrimiento del atentado contra la AMIA. Y hace una semana también le estampó su firma al polémico fallo que frenó el juicio oral y público por la causa Hotesur-Los Sauces, pese a que todavía no terminó una pericia.

 

La decisión también benefició a los hijos de Cristina Kirchner, Máximo y Florencia, a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, a Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Cristina Kirchner e hija de la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner, y al contador Osvaldo Sanfelice, socio de la inmobiliaria de los Kirchner en Río Gallegos, entre otros.

 

 

En ese caso, Obligado formó una mayoría junto a Adrián Grünberg, un juez que se estaba yendo del tribunal. Al día siguiente, Cristina Kirchner reapareció en público para cambiar la agenda pública. El recurso funcionó apenas unas horas.

 

El diputado electo Ricardo López Murphy ya hizo una presentación ante el Consejo de la Magistratura contra los dos jueces, a los que acusó mal desempeño y prevaricato. No es la única denuncia en trámite. Hace un año, la abogada Silvina Martínez acusó puntualmente a Obligado de varias irregularidades en el trámite de la causa. Ese expediente nunca avanzó.

 

Obligado también está en la mira de la Coalición Cívica. “Es un caradura, no nos permitió a los argentinos ver un juicio oral. Hay que ver si lo hizo por convicción o compromiso político, por desconocimiento del Derecho, o porque cobran”, dijo el diputado Juan Manuel López apenas se conoció el fallo de Hotesur y Los Sauces.

 

infobae.com