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La Cámara Federal de Casación puso fecha para la audiencia previa a resolver si ratifica la condena a 12 años de prisión impuesta al empresario Lázaro Báez por “lavado de activos”. La instancia judicial será el 26 de mayo de 2022, en el marco del caso conocido popularmente como “la ruta del dinero K”.

 

 

Los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky definieron avanzar en la revisión del veredicto con la disidencia de la camarista Ángela Ledesma. Son todos miembros de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país.

 

 

La convocatoria se hizo con cinco meses de anticipación ante la “complejidad” de la causa en la que Báez fue juzgado junto a sus hijos y otros imputados por el Tribunal Oral Federal 4, que falló en febrero último por el delito de maniobras de lavado de dinero de más de 55 millones de dólares entre 2003 y 2015.

 

 

La causa quedó radicada en agosto ante esa sala de Casación y se resolvieron diferentes planteos de las partes.

 

 

La defensa de Báez reclamó que se fije fecha de la llamada “audiencia de informes” y los jueces Borinsky y Carbajo resolvieron convocarla para el 26 de mayo de 2022 a la 10. Si las partes desean hablar ante los jueces en vez de presentar escritos, la audiencia se hará “de manera virtual”.

 

Los abogados del empresario habían solicitado que se convocase a esa audiencia antes del comienzo de la feria judicial, que arranca la semana próxima, en base al “derecho de defensa en juicio”.

 

 

Ledesma, en minoría, se opuso a la resolución de sus colegas porque se definió “de manera unilateral” y sin su “conformidad”. De acuerdo a la magistrada, “resultan exiguos los tiempos de estudio y análisis del caso en razón de su volumen y complejidad, de modo tal de cumplir con los plazos legalmente previstos”

 

“Sin mi conformidad, la decisión que aquí se adopta -insisto, en un caso extremadamente complejo y voluminoso- afecta las reglas de convivencia y de respeto mutuo que debieran primar entre los integrantes de un tribunal colegiado; actitud sin precedentes entre pares”, sostuvo la jueza, que integrará a partir del año próximo la sala II de Casación.

 

El 25 de febrero pasado, Báez fue condenado a 12 años de prisión por el TOF 4 por “lavado de activos”. Una suerte similar corrieron sus cuatro hijos que integraban “Austral Construcciones”: Martín Báez recibió 9 años de prisión, Leandro, 5 años de cárcel y a Luciana y Melina les adjudicaron tres años en suspenso, entre otros acusados.

 

Al conocerse el veredicto, desde el entorno de Báez indicaron a Infobae que éste “estaba decepcionado con la Justicia”. Sin embargo, el empresario y sus abogados creen que pueden reducir la condena en la Cámara de Casación. En abril pasado, este mismo tribunal dictó un fallo favorable a Martín Báez, al anularle una fianza de más de 531 millones de pesos ante la solicitud de otorgamiento de prisión domiciliaria.

 

Lo cierto es que, mas allá de esta causa en la que ya recibieron condena, la familia Báez cuenta con varios juicios en curso por lavado y evasión.

 

La investigación judicial comenzó en abril de 2013, por ese entonces a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuán, a partir de un informe del programa Periodismo para Todos (PPT). La denuncia apuntaba a una red de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero a la Argentina en el momento que Báez necesitaba capitalizar su empresa para poder quedarse con la construcción de dos represas en Santa Cruz.

 

Este caso tuvo implicancias políticas por la cercanía del empresario con la familia Kirchner. Leonardo Fariña, condenado a 5 años en calidad de arrepentido colaborador en “la ruta del dinero K”, insistió recientemente en su hipótesis sobre el origen del dinero del lavado de activos. “Lázaro me dijo que la plata que expatriábamos era de Néstor Kirchner”, dijo Fariña ante el Tribunal Oral Federal 2 en la última audiencia como testigo del juicio contra Cristina Kirchner por la obra pública.

 

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