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... fiscal y Argentina no sería una excepción

 

 

 

Cristina Kirchner ya dio pruebas en el pasado que prefiere un default a un mal acuerdo. Fue un julio de 2014, cuando decidió voltear una negociación que ya estaba prácticamente cerrada para cancelar deuda con los fondos “buitre” con un préstamo de bancos locales y extranjeros. Los mercados daban por hecho el cierre del acuerdo, que involucraba al ya fallecido juez neoyorkino Thomas Griesa. Pero Cristina jugó fuerte: optó por el default “técnico” del 8% de la deuda que aún no había sido reestructurada y llegó así al final de su gestión.

 

 

El final de la historia ya es conocido: Mauricio Macri pagó en efectivo esos USD 9.300 millones en los primeros meses de 2016, a partir de la colocación de nueva deuda en dólares ni bien arrancó su mandato.

 

 

En aquellos momentos también se veía como un paso al “abismo” no acordar con los buitres y volver a entrar en default por falta de acuerdo con Griesa. La situación no es tan diferente a la actual. Desde el kirchnerismo duro se plantea hasta qué punto es conveniente llegar a un acuerdo con el Fondo, que obligará a cumplir con muchos compromisos sin obtener un claro beneficio a cambio. Al mismo tiempo minimizan el riesgo de no arreglar, pese a que el propio Martín Guzmán había planteado oportunamente que en ese escenario la Argentina se convertiría en un “paria” financiero.

 

 

 

Un mal acuerdo

 

A esta altura nadie piensa que acordar con el FMI precipitará una caída del riesgo país o provocará un “boom” de inversiones extranjeras. Peor aún: los mercados están convencidos que se firmará un mal acuerdo con el Fondo o en todo caso que el Gobierno no cumplirá con las exigencias que se plantean en 2023, cuando las urgencias electorales sean mucho más acuciantes que la letra del futuro programa de facilidades extendidas.

 

 

Aún con estas consideraciones, no luce razonable evitar el acuerdo con el FMI. ¿Cuál sería el sentido de haber pagado USD 3.800 millones entre septiembre y dicembre al propio organismo si la idea es no arreglar? Además, hay otros USD 1.000 millones que deberían desembolsarse en el primer bimestre. Si la intención es romper las negociaciones, entonces lo lógico sería dejar esos pagos de intereses en suspenso. Dedicar casi USD 5.000 millones de reservas líquidas que ya casi no quedan para luego no acordar significaría un verdadero disparate. Mañana se realizará un pago por casi USD 700 millones a los tenedores de bonos reestructurados, el más grande desde que se renegoció la deuda en 2020, lo cual también impactará en las reservas.

 

 

No tendría sentido haberle pagado USD 3.800 millones al FMI desde septiembre y otros USD 1.000 millones en el primer bimestre si la idea es no arreglar. Pero ahora la discusión es más ideológica dentro del propio kirchnerismo que técnica con el staff del FMI

 

 

Guzmán es adepto a estirar las negociaciones casi hasta el infinito, como claramente sucedió con los acreedores privados y la reestructuración del 2020. Hubo tiras y aflojes durante meses para finalmente llegar a un acuerdo, que incluso fue más benévolo que lo esperado para los bonistas. Como casi no hubo quita de capital, el ratio de deuda en relación al PBI no bajó. Es cierto que se obtuvieron tres años de gracia, pero los inversores ya dan casi por descontado que la Argentina no tendrá recursos para hacer frente a los vencimientos que se acumulan a partir de 2025. Éste es el motivo por el cual el riesgo país sigue en niveles de 1.800 puntos básicos.

 

 

No es una sorpresa que las discrepancias principales pasen por el frente fiscal. El ajuste de las cuentas públicas es hace décadas el tema de conflicto principal con el FMI a la hora de llegar a un arreglo. Las diferencias planteadas por Guzmán en la reunión con gobernadores de la semana pasada no parecen demasiado significativas. El ministro ni siquiera explicitó cuál es la postura de los técnicos del Fondo ni en cuánto difieren respecto a lo que pretende la Argentina.

 

 

La exposición de Guzmán casi pasó de largo que una parte importante del ajuste se hizo ya en 2021, con un déficit que apenas superó el 3% del PBI, menos de la mitad en relación al 2020 y bien por debajo del 4,5% de déficit que se había planteado para el Presupuesto del año. No es casual: Cristina lo había retado públicamente al ministro por haber ajustado el gasto en la previa de las elecciones y lo culpó por el mal resultado de las PASO.

 

 

Por lo tanto, el principal paso hacia el equilibrio fiscal ya se dio y no parece demasiado exigente continuar con el sendero de ajuste. El “trabajo sucio” en 2022 lo hará especialmente la inflación, que se mantendrá arriba del 50%, y también un aumento más acelerado del dólar oficial, que permitirá sostener la recaudación vía retenciones.

 

 

Los últimos acuerdos de facilidades extendidas que firmó el FMI en los últimos dos años plantean un sendero muy suave para llegar al equilibrio fiscal. A Ecuador, por ejemplo, le dieron cuatro años y recjén tendrá que alcanzarlo en 2024. No hay motivos para exigirle a la Argentina algo mucho más exigente

Por otra parte, el FMI ya dio muestras de sobra en los últimos programas de facilidades extendidas acordados con otros países respecto al “gradualismo” que exige para llegar al equilibrio fiscal.

 

 

El caso más notorio y cercano a la Argentina es Ecuador, cuyo nuevo gobierno acordó con el Fondo un nuevo programa en septiembre de 2020, prácticamente al mismo tiempo que acordaba una renegociación de deuda con sus acreedores. Nadie se explica por qué Guzmán no hizo exactamente lo mismo. En plena pandemia hubiese sido mucho más fácil de digerir y las condiciones posiblemente también hubiesen sido más laxas. Nunca explicó el ministro por qué lo evitó.

 

 

En el caso de Ecuador, el FMI le dio tres años para alcanzar el equilibrio primario en el marco del acuerdo alcanzado. En 2021 el rojo fiscal autorizado es de 4,4% del PBI (casi un punto y medio más que la Argentina), para caer al 2% en 2022 y 0,7% en 2023. Recién en 2024 debería mostrar un tenue superávit de 0,1%.

 

 

Llevado al caso argentino, implicaría que el equilibrio fiscal debería alcanzarse en 2025, contra el 2027 que propuso Guzmán. La diferencia parece absolutamente menor y se trata además de una exigencia más que razonable y que evitaría ajustes bruscos, que es a lo que siempre le escapó el kirchnerismo.

 

 

El ministro dejó dudas con otros planteos. Por ejemplo cuando dijo que no había discrepancias en relación al ritmo de acumulación de reservas que debe encarar el Gobierno o la reducción gradual del financiamiento monetario al Tesoro. Sin embargo, ambas variables dependen de la velocidad a la que disminuya el déficit. Cuanto más lento sea el camino hacia el equilibrio, mayor será la emisión de deuda que requerirá el Tesoro y a su vez más baja la factibilidad de acumular divisas.

 

Exactamente al revés de lo que planteó Guzmán, no puede haber entendimiento sobre la meta de acumulación de reservas ni sobre el financiamiento del Central al Tesoro, si antes no está resuelto cuál será el ritmo hacia el equilibrio fiscal

Los desequilibrios macroeconómicos llevan a Guzmán a tomar decisiones casi como si hubiera un acuerdo en marcha con el Fondo. El aumento de tarifas que incluirá una discutida segmentación, la decisión de dejar de intervenir en el mercado de “contado con liquidación” y ahora la suba de tasas de interés van en línea con los pedidos del organismo. Al mismo tiempo se prepara el terreno para un ajuste más rápido del dólar oficial. Pero no se trata simplemente de “hacer buena letra” con el Fondo, sino de realizar correcciones imprescindibles para no llegar a situaciones insostenibles.

 

Los cortes de luz, que podrían repetirse esta semana de calor intenso, y el nuevo pico del dólar libre son dos luces de alarma que reflejan las inconsistencias en relación al aumento de los subsidios y la gran expansión monetaria, que en diciembre llegó a un récord de $ 650.000 millones.

 

La incertidumbre relacionada al acuerdo con el Fondo se extendería hasta fines de marzo, ya que recién el 22 de ese mes vencen USD 1.800 millones que con este nivel de reservas resultarían impagables. Estas dudas no serán inocuas para el mercado, como ya lo reflejó la caída de bonos durante la semana y un nuevo salto del tipo de cambio en el arranque del 2022. Le quedan a Guzmán todavía más de 60 días para negociar con los técnicos y el directorio del organismo, pero al mismo tiempo para convencer a los más duros: la propia “tropa interna” dentro del kirchnerismo que siguen viendo con malos ojos un acercamiento al FMI, como meses atrás tampoco querían arreglar con Pfizer por el mero hecho de tratarse de un laboratorio norteamericano, como lo planteó el propio jefe de bancada kirchnerista en Diputados, Máximo Kirchner. Pero las posturas puramente ideológicas se vuelven insostenibles cuando chocan con las exigencias que impone la realidad, marcada por reservas en estado crítico y una dinámica inflacionaria que ya desbordó el 50% anual.

 

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