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A través de un tuit publicado por Gita Gopinath, la número dos del FMI, el organismo confirmó que la reducción progresiva de los subsidios a los servicios públicos es uno de los puntos clave que se acordaron en el acuerdo con el Gobierno argentino. Gopinath, que ocupa el cargo de primera subdirectora gerente del fondo, publicó: “Estuvimos de acuerdo en la importancia de una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva”.

 

 

El viernes pasado, en el anuncio oficial del acuerdo, el ministro de Economía Martín Guzmán había decidido no dar precisiones sobre cuáles serán las reducciones previstas. Es más: consultado en conferencia de prensa, negó que se implementen cambios en materia tarifaria. A fines del año pasado, el secretario de Energía Darío Martínez afirmó que la corrección tarifaria será del 20% en las facturas de energía eléctrica y gas para la generalidad de los usuarios.

 

 

Desde el ministerio de Economía confirmaron que la reducción de los subsidios es un tema fundamental del acuerdo. Y que se implementará de forma progresiva, a través de segmentación: las subas de tarifas llegarán a los usuarios que tengan mayores ingresos y capacidad de pago

 

 

Con todo, desde el ministerio de Economía confirmaron que la reducción de los subsidios es un tema fundamental del acuerdo. Y que se implementará de forma progresiva, a través de la herramientas de segmentación: las subas de tarifas llegarán a los usuarios que tengan mayores ingresos y capacidad de pago.

 

 

Este lunes se realizará una audiencia pública para definir el precio qué porcentaje de subsidio destinará el Estado al valor del gas natural. Este precio es uno de los cuatro componentes que integran la factura del gas que reciben los usuarios cada mes, junto con los costos de los servicios de transporte, distribución y los impuestos y tasas.

 

 

 

En la audiencia pública, la Secretaría de Energía debe definir cuál es el porcentaje del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) del que se hará cargo durante este años. En la página web de la Secretaría de Energía se puede acceder al informe técnico que será presentado en la audiencia. En el documento, el Gobierno analizó varios escenarios de reducción de subsidios al precio del gas (el que se conoce como “en boca de pozo”): actualmente el Estado absorbe el 70,9% de ese precio.

 

 

Se se mantiene el actual nivel de subsidios para el gas, donde el Estado cubre el 70,9% de su precio, el costo es de $216.365 millones sobre un total de $305.179 millones. Esta situación, de acuerdo a las estimaciones de la Secretaría de Energía, genera una necesidad adicional de fondos de $81.000 millones. En tanto, si el Gobierno reduce los subsidios al 44,4%, ya no requiere de partidas adicionales (ese escenario implica un incremento en el costo del gas a cargo de los usuarios del orden del 91% con respecto al costo actual).

 

 

Según los datos de la consultora Ecolatina, en 2021 los subsidios a la energía (gas y energía eléctrica) fueron de USD 10.000 millones

 

 

De acuerdo al análisis oficial, con esa reducción en los subsidios, implicaría una suba en las tarifas de 34% a 35% en la factura de marzo (de acuerdo a la empresa distribuidora que corresponda) y del 47% al 49% en julio, el mes de mayor demanda. Si los subsidios se eliminan por completo, en tanto, las subas serían de 94% en marzo y 126% en julio.

 

 

En los ejemplos citados en el documento, una factura promedio para un usuario de la categoría R31 rondaría entre $945 y $1.038 en marzo y entre $3.342 y $3.721 en julio.

 

 

“El informe de la secretaria muestra claramente los límites de la política tarifaria en gas natural. Se plantea que si el precio del gas a usuarios aumenta 91% no habría partidas adicionales a las que figuraban en el Proyecto de Presupuesto 2022, que se rechazó. Esto implica aumentos del 30%-40% en la factura final a usuarios. Si se sima lo que pidieron las distribuidoras y transportistas, te da un impacto en la factura final de entre el 60 y 70% de aumento”, detalló Julián Rojo, director del Departamento Técnico del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi.

 

 

“Solo aumentar el precio del gas para no tener partidas adicionales implica un aumento mayor al tolerado por el gobierno. Es decir, muy probablemente habrá partidas adicionales”, agregó Rojo.

 

 

Según los datos de la consultora Ecolatina, en 2021 los subsidios a la energía (gas y energía eléctrica) fueron de USD 10.000 millones. “Creo que es injusto que en un país con 40% de pobreza, todas las familias indistintamente de su situación económica, paguen solamente el 29% del costo del gas. Esto representa para un consumo promedio de hogar, una factura de alrededor de $700 en los meses no invernales y $2.500 en los meses más fríos (cifras antes de impuestos). El gas por red llega al 60% de la población, en general a las ciudades y zonas de mayor desarrollo. De esta manera, el 40% que no tiene gas de red y probablemente use garrafa más cara, subsidia a los que tienen el beneficio de tener red”, destacó Daniel Dreizzen, director en Energía de Ecolatina y ex secretario de Planeamiento Energético de la Nación.

 

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