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En medio de las críticas del kircherismo duro sobre el Poder Judicial y en particular sobre la Corte Suprema de Justicia, los ministros del máximo tribunal decidieron iniciar el año judicial 2022 con la decisión de llevar adelante una serie de audiencias públicas para avanzar en la definición sobre la constitucionalidad de una serie de temas sensibles: el cultivo de cannabis medicinal y el derecho al olvido, un concepto relacionado con el habeas data y la protección de datos personales, la intimidad y la imagen y el derecho al honor. Los otros temas son la preservación de especies en peligro y los conflictos de los corredores inmobiliarios.

 

La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti en el primer acuerdo de ministros que se realizó esta semana. La puesta en marcha de la agenda del tribunal se da después de que el martes pasado una movilización identificada con sectores kirchneristas y acompañada por una fuerte presencia sindical protestara en las puertas del Palacio de Tribunales y exigiera la renuncia de los integrantes del máximo tribunal. El jueves, en tanto, hubo una contramarcha en apoyo a la Corte.

 

En la agenda anunciada no aparecen temas políticos. Eso no quiere decir que los jueces no puedan llegar a analizar a lo largo del año expedientes de alta sensibilidad política, en donde el oficialismo reclama cerrar las causas contra Cristina Kirchner o Milagro Sala. Pero sí expone que los jueces quieren abrir las puertas de los expedientes a audiencias publicas, un mecanismo que ya se usó en la causa del Riachuelo, el debate sobre la ley de Medios o la demanda de una modelo contra Google.

 

Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, los ministros de la Corte fijaron un cronograma de 37 audiencias a desarrollarse durante la primera parte del año (las fechas aún no se conocen) para analizar y fijar posición en un caso testigo. Esa definición permitirá la definición no solo de esa causa sino de centenares que tienen el mismo eje y se encuentran ante el máximo tribunal.

 

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación reguló por Acordada 30/2007 la realización de audiencias de carácter público con el propósito de elevar la calidad institucional en el ámbito del Poder Judicial y profundizar el estado constitucional de derecho. A través de ellas, busca garantizar la participación ciudadana y la difusión del modo en que el Máximo Tribunal lleva adelante los procesos en que ejerce su jurisdicción”, se indicó desde la Corte.

 

 

Los temas en debate serán:

 

- Cannabis medicinal. Se tratará el cuestionamiento a la constitucionalidad de la exigencia de someterse a un programa estatal de investigación experimental como condición para acceder de manera gratuita al aceite de cannabis y sus derivados con fines medicinales (exigencia prevista en el artículo 7 de la Ley 27.350 - de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados). Asimismo, se cuestiona la prohibición del autocultivo para consumo medicinal para menores de edad.

 

- Derecho al olvido Tomando en consideración los artículos 14 (en lo que refiere a libertad de expresión) y 19 (intimidad) de la Constitución Nacional, se analizará el pedido de bloqueo de información disponible en Internet, en URLs específicas, que aluden a la privacidad de los recurrentes por hechos del pasado.

 

- Preservación de especies en peligro de extinción y actividad económica - Yaguareté En el marco de lo previsto por el artículo 41 de la Constitución Nacional, se plantea la necesidad de resolver un pedido tendiente a la preservación del hábitat de especies en peligro de extinción, junto con la suspensión de la explotación productiva en la zona involucrada.

 

- Corredores inmobiliarios Se analizarán los conflictos sistémicos suscitados entre los colegios de corredores y las empresas que brindan servicios complementarios a la actividad inmobiliaria, respecto de los alcances de la actividad profesional en cuestión. La profesión de corredor inmobiliario esta regulada tanto por la Nación como por las provincias y, a su vez, los mencionados conflictos afectan a toda la categoría de profesionales. Se suma a ello que ya han recibido soluciones de diferente tenor en distintas jurisdicciones. Se encuentra, por tanto, en debate, si se trata de una cuestión de jurisdicción nacional o provincial, quedando, a su vez, alcanzado, el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita contemplado en el artículo 14 de la Constitución Nacional.

 

El presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti había dicho a fines de diciembre en distinta entrevistas: “nos gustaría resolver cien casos por año, tenemos una agenda para el año que viene. La estamos pensando con los colegas del tribunal. Nos gustaría decir que trataremos eutanasia, libertad de expresión, fecundación asistida, derecho de propiedad, propiedad de los pueblos originarios. Los grandes temas. Pero se nos dice que hay que resolver mas causas porque hay atraso. Nos dicen que se resolvería con más miembros. Falso. Cuando mas jueces tengamos en la Corte, mas larga es la ronda por la que debe circular el expediente. Implica mayor lentitud”.

 

En la Corte Suprema hoy hay cuatro miembros tras la renuncia en octubre pasado de la jueza Elena Highton de Nolasco. El presidente Alberto Fernández ya anunció que buscará proponer ante el Senado una mujer para que ocupe ese cargo. Sin embargo, todavía no se ha postulado a ninguna candidata.