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Un ingeniero y una contadora que trabajaron en los ´90 para Yacimientos Carboníferos de Río Turbio se convirtieron en los ganadores de la subasta que organizó el Estado Nacional para vender una propiedad en el edificio Chateau, en Puerto Madero, que pertenecía a uno de los acusados de ser testaferro de Daniel Muñoz, el ex secretario de los Kirchner. No fue difícil ganar. Solo hubo un oferente que levantó la mano virtual por lo que se le pedía de base: $70.600.000.

 

 

El departamento ya había sido ofrecido en subasta en cuatro oportunidades. La quinta vez fue la vencida. El dinero irá destinado a los fondos de la Ley especial del Bien Decomisado. Se trata de la primera vez que se logra vender un departamento ligado a causas de la corrupción del kirchnerismo.

 

 

Fue una sola ofeeta hecha por una pareja. Los oferentes se llaman Carlos Garibotti, que en Linkedn se describe como ingeniero y abogado consultor; y la contadora Griselda Ghiggeri, gerente de Administración y Finanzas en una sociedad anónima durante los últimos 23 años. En su pasado, entre el 94 y el 97, Ghiggeri fue jefe de Contaduría de Yacimientos Carboniferos Rio Turbio S.A, según lo reporta su perfil en Linkeyn. Garibotti, en tanto, aparece a cargo de la sociedad Ladet SA.

 

 

Ahora se deberá abonar el 10% del valor del inmueble en los próximos diez días; y otro 10% más a los 30 días de la notificación del acto administrativo. Finalmente, a los 90 días, se depositará el 80% restante, informaron a Infobae voceros de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. “El inmueble está vendido pero aún no fue adjudicado, hay que cumplir con todos los pasos”, se añadió.

 

 

Según se detalló, el dinero recaudado será destinado a una cuenta especial del Tesoro Nacional. Y luego quedará afectado a financiar “el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), los programas previstos en el artículo 39 de la ley 23.737 y sus modificatorias, los de salud y capacitación laboral”.

 

 

El edificio se encuentra ubicado en Puerto Madero

 

 

La orden para rematar el departamento había sido dispuesta por el fallecido juez Claudio Bonadio, en el marco de la causas ligadas a las revelaciones del caso cuadernos, que hoy tienen procesada a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Era parte del programa oficial de recupero de bienes de la corrupción que implementó el presidente Mauricio Macri y que dejó activo el presidente Alberto Fernández.

 

 

La primera vez que se puso en oferta pública fue en 2019 pero hasta ahora no había conseguido compradores. Esta será la quinta vez que salía al ruedo, luego de una reevaluación del Tribunal Superior de la Nación. Un detalle: en noviembre de 2020 lo ofrecían a 68,7 millones de pesos.

 

 

Se trata de un tercer piso, a la calle, ubicado sobre la calle Julieta Lanteri 1331. Living con kitchenette (cocina integrada), habitación en suite, toilette y dos balcones. Todo eso en casi 100 m2, además de baulera y cochera.

 

 

El departamento pertenecía a Sergio Todisco, uno de los testaferros de Muñoz, y su ex mujer Elizabeth Ortiz Municoy, los dos procesados y arrepentidos en el marco de la causa por lavado de dinero contra Daniel Muñoz y anexada al megacaso de corrupción por los cuadernos.

 

 

Para el fiscal Carlos Stornelli, Sergio Todisco sería parte de la estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, desde al menos el año 2010 y con vigencia en la actualidad. La maniobra se habría realizado a través sociedades offshore para comprar en nombre de Muñoz propiedades por más de 70 millones de dólares.

 

 

 

Acusado de formar parte de una asociación ilícita de más de 50 personas que encabezó Cristina Kirchner y que funcionó para hacer dinero con las obras y licitaciones del Ministerio de Planificación, Todisco aseguró como arrepentido que a la única persona que conocía de la banda era a Daniel Muñoz, con la que tuvo relación hasta el 2016 cuando falleció. Y confirmó que a través del secretario privado de los Kirchner pasaron millones de dólares que, según acreditan otras pruebas, se movieron detrás de una estructura jurídica y societaria para comprar una quincena de departamentos en Miami y Nueva York, que poco después fueron vendidos.

 

 

La investigación por los bienes de Daniel Muñoz -fallecido en 2016, luego de que saltara su vínculo con el escándalo los Panamá Papers- ya existía. Sin embargo, se anexó al caso de los cuadernos y es donde más plata logró detectar por el aporte de los “arrepentidos”: el que tiene que ver con el capítulo internacional del lavado de dinero de Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario millonario. Gran parte de ese dinero terminó invertido en un terreno de las paradisíacas islas Turk and Caicos, en el Caribe, pero el gobierno de Gran Bretaña es reticente a entregarlo.

 

 

“Esto es parte de una fortuna que no es mía”, confesó el secretario de Néstor Kirchner antes de morir, según relató Juan Manuel Campillo, el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, también al declarar como arrepentido en la causa de los cuadernos. “Si bien no lo dijimos puntualmente, se dio por sobreentendido y estaba ‘en el aire’ que eran de Néstor y Cristina”, apuntó el ex funcionario.

 

 

Precisamente, en los primeros días de febrero, el juez federal Julián Ercolini, que subroga el juzgado de Bonadio, reactivó a fines de diciembre la causa por el dinero de Muñoz, que en lo sustancial ya fue elevada a juicio ante el Tribunal Oral Federal 7. Ordenó indagatorias para el ex contador de los Kirchner, Victor Manzanares, devenido “arrepentido” en esta investigación; y la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, que también se convirtió en “imputada-colaboradora” luego de pasar un tiempo tras las rejas. A la lista de llamados a indagatoria se sumaron: Elizabeth Ortiz Municoy, Ricardo Fabián Barreiro, Roberto Néstor Sosa, Carlos Temístocles Cortez; Jorge Isaac Shemi, Amílcar Héctor Acosta, Miriam Norma Barrenechea Isla; Ernesto Antonio Candotti, Karina Verónica La Porta y Gustavo Sergio Dorf.

 

 

Ayer, Manzanares se negó a declarar ante el juez Ercolini y pidió hacerlo ante el fiscal Carlos Stornelli. Es que solicitó que su declaración se concrete bajo la ley del arrepentido, tal como reveló Infobae. La audiencia tendrá lugar el próximo lunes en Comodoro Py.

 

infobae.com