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Juntos por el Cambio presentó ayer tres proyectos de ley en forma conjunta sobre educación. Los diputados de la oposición pretenden que se declare la emergencia educativa en el país tras dos años de pandemia. A su vez, buscan crear un instituto autónomo a cargo de la evaluación y la información del sistema educativo y que las pruebas Aprender se conviertan en obligatorias.

 

 

Los tres proyectos fueron presentados ayer en la comisión de Educación por los diputados María Eugenia Vidal, Maximiliano Ferraro y Sabrina Ajmechet. Si bien saben que tendrán que sumar adhesiones de otros bloques, confían en que los textos pasen primero la comisión y luego se puedan aprobar en las Cámaras durante los próximos meses.

 

 

“Los proyectos tienen que ver con consolidar un plan educativo y no quedarse solo con el momento de la vuelta a clases. Argentina desde hace décadas retrocede en materias de aprendizajes. Necesitamos tener datos para a partir de ahí diagramar políticas. La ventaja que tenemos ahora es que la educación ingresó por primera vez de lleno en los hogares y las familias son conscientes de la crisis educativa”, señaló Ajmechet.

 

 

El primero de los proyectos, la declaración de la emergencia educativa, es una iniciativa que el radicalismo impulsa desde hace casi un año y medio. Con algunos pequeños ajustes, hace foco en el cumplimiento del calendario escolar como primera medida, de establecer los 190 días de clase como una meta de mínima en todas las jurisdicciones.

 

 

De aprobarse, la emergencia tendría lugar hasta el 31 de diciembre de 2023. En ese interín, señala el proyecto, deben instrumentarse medidas y aumentarse las partidas presupuestarias para lograr revincular a los estudiantes que quedaron fuera del sistema educativo durante la pandemia. Al momento, el gobierno nacional calcula que son unos 500 mil estudiantes los que aún no regresaron a la escuela.

 

 

“En el temario para sesiones extraordinarias que presentó el Ejecutivo no hay temas educativos. La educación no es una urgencia claramente. Hay muchas corporaciones que están muy cómodas con el pésimo desempeño en la materia. Por eso, seguimos hablando de la emergencia educativa, más allá de las autonomías provinciales debemos asegurar que los chicos argentinos tengan la misma cantidad de días y el mismo acceso al aprendizaje. Si no, es un federalismo completamente injusto”, planteó Ajmechet.

 

 

Un nuevo instituto de evaluación

 

 

Con la firma de 15 diputados de JxC y 40 adhesiones, Ferraro presentó la Ley de Evaluación Integral y creación del Instituto Nacional de Evaluación, Investigación e Información del Sistema Educativo Nacional (INEII). El texto propone la creación de un ente autónomo y autártico, que sea comandado durante seis años por un experto tras un concurso por antecedentes y oposición.

 

 

Sus autores destacan que, a diferencia de proyectos anteriores en la materia, esta propuesta no sólo plantea la creación de un Instituto Nacional que ejecutará de manera regular y sistematizada las evaluaciones sino que propone una ley de evaluación integral. Al respecto, el texto del proyecto indica que “se entiende por evaluación integral al proceso continuo, formativo e integrador por el cual se obtiene información para formar juicios de valor que retroalimenten los procesos educativos y contribuyan a la toma de decisiones”.

 

 

Con el nuevo instituto se crearía el “Fondo Educativo para la Mejora Permanente”, que pretende estimular con mayor presupuesto a las provincias que logren mejoras tangibles en su calidad educativa en distintos indicadores establecidos de antemano, como repitición, abandono, sobreedad, resultados de aprendizajes.

 

 

Según Ferraro, uno de los objetivos del proyecto es también generar mecanismos de evaluación a los docentes y a los profesorados. Sin embargo, cuando el gobierno de Mauricio Macri intentó una prueba destinada a los futuros docentes, la aplicación fracasó por el mismo rechazo de sindicatos y estudiantes.

 

 

El potencial Instituto centralizaría todas las bases de datos informativas con las que cuenta el Ministerio de Educación. Eso, creen, permitirá diseñar proyectos de largo alcance para la mejora de la calidad y equidad, además de promover la divulgación de indicadores que muestren una evolución en el tiempo.

 

 

Pruebas Aprender obligatorias

 

 

El tercer proyecto, presentado por Ajmechet, apuesta a que las evaluaciones estandarizadas de aprendizaje se conviertan en obligatorias. Es decir, que no estén atadas a la voluntad del gobierno de turno. En 2020, debido al cierre de las escuelas, se discontinuó la prueba y recién se retomó en diciembre de 2021.

 

 

De aprobarse el proyecto, entre sus artículos, se propone que en los primeros dos años se tome la evaluación tanto en primaria como en secundaria para obtener un diagnóstico más certero de la calidad de los aprendizajes. Luego sí se podrá alternar la aplicación: un año sexto grado; al siguiente el último año de la secundaria.

 

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