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...los pedidos de información

 

 

 

La investigación sobre la obra pública provincial en todo el país es la tercera que lleva adelante la red RUIDO

 

 

Desde las fallidas aerosillas en medio de la selva misionera, hasta un megaestadio en Santiago del Estero que ya cuesta más del doble de lo presupuestado, pasando por la replica de la fachada del Teatro Club Social en San Luis. Desde el inconcluso edificio para la Legislatura formoseña conocido como el “Palacio de la Corrupción”, hasta un acueducto en Mendoza cuyo presupuesto se esfumó, y la ya emblemática autovía Comodoro Rivadavia-Caleta Oliva en Santa Cruz, adjudicada originalmente a Lázaro Báez.

 

Las obras públicas en las provincias siguen envueltas en la opacidad o cuestionadas con denuncias. La red federal RUIDO relevó tres obras por cada una de las provincias, incluida la Ciudad de Buenos Aires para analizar cuánto se sabía sobre su costo. El criterio utilizado fue que hubiera despertado críticas o una polémica reciente, ya sea con denuncias mediáticas, legislativas y/o judiciales.

 

 

El resultado fue coincidente en la mayoría de los casos. Casi 7 de cada 10 argentinos no pueden saber cuánto cuestan fehacientemente los proyectos que se levantan en sus distritos con fondos estatales. La cifra surge del promediar la cantidad de obras viales (37,5%), de salud (41%) y obras polémicas (20,8%) con costos finales conocidos (33%) relevada. “Y los que sí pueden saberlo, no hallarán la información completa sobre dicha ejecución”, sostiene la investigación de RUIDO.

 

“El objetivo de esta investigación es tener un relevamiento actual y preciso sobre cómo informan los estados subnacionales argentinos el uso que hacen de los fondos que destinan a las obras públicas, que siempre constituyen porciones altas de sus presupuestos”, le explicó Sergio Carreras, uno de los coordinadores de Ruido, a Infobae.

 

Para la tarea, se presentaron pedidos de Acceso a la Información en dependencias gubernamentales y tribunales de cuentas de cada distrito. Se solicitaron fechas, pliegos de licitaciones, costos, redeterminaciones de precios e inspecciones. En la mayoría de los casos la solicitud no encontró eco: el 83% de las provincias no respondieron los pedidos de acceso a la información, y en ninguna se halló el 100% de los datos solicitados.

 

El informe - el tercero que realiza esta red federal de periodistas- muestra, por un lado, el poco acceso a la información pública sobre el tema de obras públicas en muchas provincias. Y por el otro, que hay obras públicas-símbolos en cada provincia con un elevado gasto, que se caracterizan por la falta de transparencia administrativa.

 

“Esta investigación no solamente muestra la opacidad con la que trabajan los estados provinciales, sino también la escasísima predisposición con la que estas administraciones ofrecen información pública sobre sus contrataciones de obras”, señaló Carreras, periodista oriundo de Córdoba.

 

Por eso, muchas de las cifras que sí están en el relevamiento no fueron aportadas por los estados provinciales, sino que fueron sistematizadas por RUIDO a partir de información periodística, o por declaraciones públicas de funcionarios difundidas en distintos medios locales.

 

“La falta de transparencia administrativa e informativa no está limitada a ciertos distritos que puedan ser vistos como menos modernos desde el punto de vista del uso de nuevas herramientas digitales y bases de datos, sino que también abarca a importantes distritos que cuentan con portales o leyes locales de información pública, como la Ciudad de Buenos Aires o provincias como Mendoza”, agregó Carreras.

 

Si bien el objetivo inicial de RUIDO era comparar el costo de un kilómetro de autovía o de metro cuadrado de centro de salud construido entre las provincias, no fue posible debido a la falta de información y a la negativa de las administraciones provinciales a hacerla pública.

 

“La dispersión y la falta de datos, y la imposibilidad de conocer fechas certeras de adjudicaciones o de pagos impiden, por ejemplo, que se pueda realizar una conversión confiable a precios constantes y, por ende, comparar costos entre las provincias. Incluso, eso imposibilita establecer cuánto se gastó en una obra, en base a diferentes desembolsos, respecto de lo inicialmente presupuestado (controlando el efecto de la inflación)”, revela la investigación de RUIDO.

 

Esto se traduce que, en la práctica, no sea posible saber si el costo de una obra es razonable o exorbitante. “Precisamente, que este rubro fundamental de la gestión pública sea imposible de controlar, da margen para alentar la idea de que la corrupción es inevitable en este ámbito”, advierte el trabajo.

 

Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación (Gastón Taylor)

Para RUIDO situación coincide con una de las conclusiones de un informe elaborado por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, publicado en noviembre de 2020, “que pasó casi inadvertido”. El trabajo es una evaluación realizada por esa cartera, en conjunto con el Banco Mundial y el BID, sobre las contrataciones realizadas exclusivamente por el gobierno nacional. Según ese trabajo de 137 páginas, “el 94% de los contratistas encuestados considera que existe corrupción en la contratación pública (25% expresaron que es muy frecuente), mientras que solo 5% cree que no hay corrupción. 28% conoce directamente (no a través de terceros) a alguna persona o empresa que ha ofrecido dádivas para que se le adjudique un contrato de obra pública”.

 

Entre las recomendaciones de la publicación del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, figura la de promover la participación ciudadana en el control presupuestario y de realización. “Fortalecer la interacción sistemática entre el sector público y las OSC en las diversas etapas del proceso de contratación de obras públicas. Establecer mecanismos de veeduría con participación ciudadana en torno a la ejecución de las obras”. Algo de muy difícil cumplimiento si la información del gasto concretado y el grado de cumplimiento de las obras no están disponible públicamente, y no se brinda respuesta a los pedidos de Acceso, como los realizados por Ruido.

 

Hasta $74.000 para dar información

 

La negativa a brindar información tuvo distintos argumentos, y alcanzó a los gobiernos de distinto color político. Uno de los casos más llamativos fue el de la respuesta del Tribunal de Cuentas de Mendoza. Según el relevamiento de Ruido, la Provincia no difunde información sobre las obras públicas requeridas. Ante el pedido periodístico, ese organismo provincial buscó justificar de manera activa la negativa a entregar esos datos. Consideró que lo solicitado no era información pública ya que no se requerían documentos sino “elaboración de documentación”, y que “dicha información obra en los organismos licitantes de tales obras”, por lo que el Tribunal no tenía obligación de divulgarla.

 

En el caso de Tierra del Fuego, el gobierno provincial no entregó la información sobre las obras requeridas. En algunos casos, pidió pagar entre $35.000 y $74.000 en fotocopias de expedientes.

 

De acuerdo al trabajo de RUIDO, dos de los principales distritos del país, también tuvieron respuestas insatisfactorias ante el pedido de datos. “La información obtenida sobre las obras monitoreadas en la provincia de Buenos Aires es ínfima. Se origina en declaraciones de prensa, pero no se obtuvo ninguna precisión oficial”, señala la investigación.

 

Y respecto de CABA, “sólo se encontró información disponible -pero incompleta- de una de las tres obras públicas monitoreadas. De las otras dos sólo hay datos publicados por la prensa. El gobierno porteño no respondió los pedidos de Acceso”.

 

En el otro extremo, Santa Fe, Río Negro y Córdoba fueron de las pocas provincias que entregaron información sobre las obras requeridas.

 

RUIDO es una red de periodistas y profesionales de otras especialidades que hoy presentó su tercer informe nacional, con foco en las cifras de cada administración provincial. Anteriormente, realizaron dos informes sobre el uso de los fondos estatales provinciales dedicados a la pandemia de COVID-19.

 

A continuación el relevamiento realizado por RUIDO sobre las 24 obras públicas más polémicas del país:

 

Buenos Aires: Casas de la Provincia

 

 

Fueron una promesa de campaña del gobernador Axel Kicillof apenas asumió, en diciembre de 2019. Implicaba llevar a cada municipio bonaerense un edificio con todas las dependencias del Gobierno de la Provincia para facilitar y agilizar la ejecución de trámites administrativos, evitando así el traslado de los ciudadanos hacia La Plata.

 

La pandemia demoró todo y en mayo de 2021 se licitaron las primeras obras. Fueron para los municipios de Baradero, Chascomús, Olavarría y Ezeiza. Se esperaba licitar aproximadamente 80 obras en 2021. El presupuesto oficial para las casas de Chascomús, Ezeiza y Olavarría varió entre $150 millones y $182 millones, según los tamaños de las casas.

 

El diputado Guillermo Bordón presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Pedía precisiones sobre criterios y montos de la inversión. Ruido realizó los mismos pedidos de acceso a esa información, sin suerte.

 

En la página oficial de licitaciones del gobierno provincial se hallaron sólo cuatro pliegos licitatorios. Uno corresponde a una de las casas (la de Baradero) con un presupuesto oficial de $ 153.521.051,14.

 

En ese portal aparecen también otras licitaciones para 2022 en General Pueyrredón ($281.292.534,94), General Pinto ($175.833.163) y General Guido ($151.181.454).Pero no hay información sobre las adjudicaciones ni sobre la marcha de alguna de estas obras.

 

CABA: casas llenas de problemas

 

 

Viviendas YPF del Barrio 31 en CABA

En un complejo de 26 edificios dentro de un predio de YPF, ubicado en el polígono del Barrio 31, se construyeron allí 100 viviendas en bloques de hormigón (de las mil previstas) con el sistema de construcción en seco. Además, contempla obras de infraestructura y más de 10.000 m² de nuevos espacios públicos y plazas con juegos.

 

La adjudicación (en mayo de 2019) correspondió a la empresa Cunumi, por $ 339.405.118. Dicho monto equivale a $ 982.776.782 en dinero actual (actualizado por inflación, hasta febrero de 2022).

 

Hubo dos polémicas alrededor de esta obra: la primera, relacionada con Cunumi, por la estrecha relación que mantiene con el gobierno porteño incluso desde la gestión de Mauricio Macri en ese distrito. La segunda, porque en octubre de 2021 un relevamiento mostró importantes falencias en varios de esos departamentos. El Observatorio del Derecho a la Ciudad y otras entidades civiles detectaron filtraciones de agua en los techos y en las paredes, superficies desparejas, herrajes en mal estado, mal funcionamiento del sistema eléctrico e insuficiente provisión de agua. Los autores del informe señalaron que la mala calidad de las viviendas promueve la expulsión de los vecinos.

 

Catamarca: paseo religioso

 

 

El Paseo Cultural y Religioso Virgen del Valle es un complejo en la Gruta de la Virgen del Valle, en la Capital, es financiado por el Gobierno provincial y será administrado por el Obispado. La primera etapa fue concluida por el municipio capitalino. La segunda fue adjudicada a Sucesión Guido Moguetta Construcciones el 5 de enero de 2021.

 

El monto original era de $208.000.378, pero terminó adjudicándose en $249.504.571 en enero de 2021. Es decir que la obra se adjudicó por un monto que, actualizado, corresponde a $393.509.780. Todavía está en ejecución.

 

En septiembre de 2021 hubo manifestaciones de reclamo y críticas por el estado del santuario y su deterioro, a partir del descuido que se habría generado durante la ejecución de la obra.

 

El Ministerio de Infraestructura de Catamarca defendió la construcción. Las autoridades prometieron que los trabajos se harán de manera cuidada, que son necesarios y que hay zonas que no se tocarán. Y debieron comprometerse a limpiar al pie de la montaña.

 

Córdoba: el puente que quemaba los pies

 

 

El puente Centenario de Villa Carlos Paz fue inaugurado a finales de diciembre de 2019. Se le colocó un piso de aluminio texturado que, por las elevadas temperaturas del verano provocó quemaduras en transeúntes y debió ser repavimentado con adoquines, por lo que apenas se inauguró debió cerrarse por un par de semanas.

 

Según el informe obtenido del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia, la contratista se hizo cargo del trabajo y no implicó mayores costos.

 

En julio de 2017 el gobierno provincial anunció la construcción del puente con un “presupuesto oficial de $27,6 millones”, pero la información oficial aportada especificó que el presupuesto oficial de la licitación en julio de 2017 era de $ 55.297.847, es decir, prácticamente el doble.

 

Finalmente, la obra fue adjudicada en diciembre de 2017 por $78.765.744, monto que actualizado corresponde a $401.278.441 (considerando la inflación hasta febrero de 2022).

 

Corrientes: fachada de costos secretos

 

 

La remodelación de la fachada de la Casa de Gobierno comenzó en agosto de 2020 y finalizó en diciembre de 2021. Se desconoce el presupuesto de los trabajos, ya que no hay datos públicos ni se respondieron los pedidos de acceso a la información.

 

Se trata de las obras de restauración que también comprendían el centro histórico de la ciudad de Corrientes junto con la plaza 25 de Mayo y los edificios de alrededores.

 

Chaco: cerdos para China

 

 

La provincia firmó un acuerdo en noviembre de 2020 para la instalación de tres complejos productivos porcinos de exportación. Con una inversión por USD 129 millones la firma chino – argentina Feng Tian Food planificaba comenzar con 36.000 reproductoras.

 

La iniciativa recogió de inmediato fuertes rechazos de ambientalistas porque implica ampliar áreas cultivables para alimentar a los animales. En tanto que desde la Cancillería argentina se desconoció que exista un acuerdo internacional.

 

En septiembre las organizaciones Somos Monte y Conciencia Solidaria interpusieron un amparo exigiendo información, luego de esa medida no hubo más declaraciones oficiales sobre el proyecto.

 

Chubut: los fallidos Centros de Encuentro

 

 

Los Centros de Encuentro fueron proyectados por el gobernador Martín Buzzi (2011-2015) como un ícono de su gestión. Se trataba de espacios inspirados en centros de Colombia que habían sido, según los contactos de aquel Gobierno, positivos en relación con el combate contra la marginalidad y las adicciones, sobre todo en los barrios periféricos de las ciudades.

 

Según los proyectos originales, iban a contener una pileta de natación, un skate park, y distintas aulas o espacios para la realización de actividades deportivas, sociales y culturales, como talleres y otras, destinadas a los jóvenes de barrios de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Esquel y Rawson, las localidades más pobladas de Chubut. El presupuesto de cada uno en el momento de la licitación (entre 2013 y 2014) y de las firmas de algunos contratos era de unos $ 50.000.000.

 

Originalmente se proyectó un total de 10 de estos espacios, con una inversión de unos 500 millones de pesos (a valores del año 2013). En precios de hoy (de febrero 2022), los $500 millones equivalen a un monto de entre $5.598.806.512 y $8.575.584.023 (la actualización se encuentra en un rango, y no un monto preciso debido a que se consideró que el dinero puede haber correspondido a montos de entre agosto de 2013 y diciembre de 2014, al no conocer la fecha precisa).

 

Sin embargo, Buzzi, que no logró la reelección en 2015, apenas pudo comenzar las obras de algunos, como por ejemplo el ubicado en las inmediaciones de la Laguna Chiquichano de Trelew. Si bien algunos intendentes expresaron en los últimos tiempos la voluntad de seguir con esas obras, su paralización durante al menos 4 años produjo su discontinuidad.

 

Hoy, en algunos casos, se pueden observar las estructuras a medio hacer o con importantes grados de avances, pero sin funcionalidades específicas. Sólo en el caso del de Esquel se intentó albergar allí la sede de la Universidad del Chubut, aunque el lugar no contaba con gas.Y durante el año pasado se utilizó como sede del Plan Detectar, en el marco de la pandemia del COVID-19. En el caso del de Trelew, este año la Municipalidad difundió que allí se podría instalar el Polo Tecnológico de la ciudad, pero hasta el cierre de este informe no hubo nuevos avances visibles.

 

Entre Ríos, una ruta muy esperada

 

 

La pavimentación y ensanche de puentes en Ruta Provincial 20 (Primeros 27 kilómetros que unen la ruta nacional 18 a la escuela Nº 77 Del Pericón) fue anunciada el 13 de noviembre de 2012 con un festejo del que participaron autoridades del gobierno provincial en Villaguay y, según las crónicas del momento, cientos de vecinos. En las publicaciones de internet aún se encuentran fotos de esa instancia.

 

Se hizo un llamado a licitación pero los trabajos nunca comenzaron. Los habitantes del centro de la provincia quedaron esperando hasta principios de 2021, cuando autoridades del Gobierno provincial y nacional volvieron al lugar y, acto mediante, inauguraron el comienzo de los trabajos. Actualmente no se conoce información oficial sobre el avance de la obra, pese a los reclamos.

 

Formosa, con el “Palacio de la corrupción”

 

 

La obra del Palacio Legislativo, también llamado el “Palacio de la Corrupción”, comenzó a erigirse hace más de 20 años y continúa inconclusa en pleno centro de la ciudad. A fines de los años ‘80, se proyectó su construcción, en inmediaciones de la Plaza San Martín, en la esquina de avenida 25 de Mayo y Sarmiento, una ubicación más que privilegiada de la ciudad.

 

Sin embargo, una vez terminada la estructura de las 8 plantas, la torre nunca pudo ser finalizada. En 2015, con la realización de distintos estudios técnicos y relevamientos en su estructura, se reiniciaron las actividades para retomar la obra, paralizada y abandonada hace más de 20 años. La reactivación de la obra estuvo a cargo de la Subsecretaría de Obras Públicas de la provincia. Actualmente, el “esqueleto” del Palacio sigue en obras. No hay información sobre los costos de la obra.

 

Jujuy, productora de cannabis medicinal

 

 

El gobernador jujeño Gerardo Morales

La creación del Complejo Agroindustrial de Cannabis Medicinal se cuenta a través de las versiones oficiales. 2022 será el cuarto año de obras en torno a este desarrollo farmacéutico inédito para la provincia de Jujuy. Según declaró su director, Gastón Morales, primogénito del gobernador e impulsor del proyecto, demandó en ese tiempo más de 12 millones de dólares de inversión. El monto proyectado para toda la obra asciende a 26 millones de dólares.

 

En el sitio oficial hay un informe que da cuenta de un puñado de cifras para describir en forma parcial ese presupuesto. $78.128.348 se habrían destinado a la construcción de los predios y $150 millones adicionales se esperaba invertir en este año. Por otro lado, USD 2,3 y USD 3,4 millones ya se habrían destinado a la compra de equipamiento y otro millón se esperaba invertir adicionalmente este año.

 

No se exhiben los mecanismos usados para las operaciones, documentación ni detalle de proveedores. Los montos reconocidos en el informe son, en cualquier caso, muy inferiores a los 12 millones de dólares que declaró haber invertido, es decir, haber recibido del Estado, el director de la obra. Ni en el boletín oficial ni en la web de la empresa, una sociedad del Estado, se publican actos administrativos de las compras y contrataciones.

 

La apuesta a un desarrollo que pone inesperadamente a Jujuy en la industria farmacéutica genera expectativas que el gobierno explota. En los hechos, el aceite medicinal aún no cuenta con autorización de Anmat, por lo que ninguna farmacia del país puede ofrecerlo, en tanto que conseguirlo en Jujuy, aun con la autorización sui generis del gobierno local, es un desafío.

 

De todas maneras, el gobernador Gerardo Morales anunció que desde diciembre de 2021 se encontraría a la venta, por $2.990 el frasco de 10 ml y a $7.690 el frasco de 30 ml (que actualizando a febrero de acuerdo a la inflación, corresponden a $3.250 y $8.365). La promesa de renta sigue intacta.

 

La Pampa y el mega “elefante blanco”

 

 

En agosto de 2006 se comenzó a construir el mega estadio de Santa Rosa de La Pampa. Tenía un plazo de obra de 12 meses. Casi 16 años después, nadie sabe cuándo podría terminarse este gran monumento a la ineficiencia y a la imprevisión.

 

El proyecto se licitó en la última gestión de Carlos Verna, por 22 millones de pesos. Y se adjudicó en 34 millones a la empresa Inarco. Es decir, el equivalente a $2.500 millones al valor de hoy, al considerar la inflación desde agosto de 2006 (cuando comenzaron las obras) hasta la fecha. Pero cuando intentaron colocar el techo, en 2008, se descubrió que la estructura no podía sostenerlo. La obra se paralizó, con tirones entre las distintas gestiones.

 

Un exministro de Obras Públicas, Jorge Varela (del gabinete de la gobernación de Oscar Jorge) fue procesado y condenado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, a seis meses de prisión en suspenso. Pero en 2019 el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa lo sobreseyó.

 

La última noticia es la obra de terminación del techo, aunque no está claro cuándo se concluiría el estadio. Tampoco hay forma de saber cuánto costó todo desde 2006 hasta ahora, entre otros muchos detalles que permanecen ocultos a la ciudadanía.

 

La Rioja: ruta sin datos

 

 

Se trata de una obra con costados polémicos si bien carece en este caso de denuncias mediáticas y/o judiciales, algo que es muy difícil de hallar en el ecosistema riojano. Por eso Ruido consideró para este punto a la obra de la ruta nacional 73 en el tramo que une las ciudades de La Rioja y Chilecito -un camino de alta montaña que cruza Pampa de la Viuda- financiada por la Nación y ejecutada por la Provincia.

 

Se trata de una construcción que demandaría unos 1.200 millones de pesos aproximadamente, pero no hay ninguna documentación ni información oficial al respecto. Aun cuando se trata de una ruta que conecta las dos principales ciudades de la provincia, y es una de las grandes obras de infraestructura en el país.

 

Las búsquedas de información precisa en los portales digitales del Boletín Oficial de la Provincia de La Rioja y del Gobierno de La Rioja son estériles.

 

Mendoza: un acueducto con financiamiento esfumado

 

 

El acueducto Monte Comán – La Horqueta es un obra muy esperada ya que busca mejorar las condiciones socioproductivas de 89 explotaciones agropecuarias de la zona Monte Comán-La Horqueta en más de 434.580 hectáreas, a través de obras de infraestructura (un acueducto con 291 kilómetros de cañería, 31 bornas, y 83 puntos de entregas); capacitaciones y asistencia técnica y fortalecimiento institucional.

 

El presupuesto oficial de la obra rondaba los $645.810.000 en agosto de 2019, que equivalen a $1.713.600.000 actuales (de febrero 2022), si se actualiza el precio por inflación. Iba a ser financiada por el Programa de Mendoza Tecnológica con el préstamo BID 3169 OC-AR y Aporte Provincial.

 

En octubre de 2019 se abrió la licitación, participaron 12 oferentes y se adjudicó la obra a Ceosa-Obras Andinas UTE a pesar de que su oferta era más alta que otras propuestas. Uno de los oferentes, la UTE integrada por Laugero- Corporación del Sur denunció irregularidades en la selección de las constructoras. Esta denuncia fue la que provocó la decisión del BID de retirar el financiamiento.

 

El 8 de julio de 2020, el superintendente del Departamento General de Irrigación reconoció a los medios periodísticos que el Banco Interamericano había retirado el financiamiento del acueducto por problemas en el proceso de la adjudicación de la licitación.

 

Según versiones periodísticas, “en los papeles se hablaba de la violación de una cláusula de confidencialidad pero el superintendente del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli, reconoció que hubo denuncias cruzadas y sospechas que asustaron al ente internacional de financiamiento”. El 21 de julio del mismo año, el titular de Irrigación fue a la Legislatura para explicar las razones por las que el organismo retiró los fondos.

 

Misiones: aerosillas de adorno

 

 

En 2009, durante la gestión del entonces gobernador Maurice Closs, se anunció la puesta en marcha de una obra para ampliar la oferta turística en el Parque Provincial Salto Encantado, en medio de la selva misionera.

 

Consistía en unas seis telecabinas, cada una para seis personas, para elevar a los visitantes a una altura de casi 100 metros del salto del cañadón para observar la reserva y la naturaleza desde un recorrido de 500 metros hasta la base del salto y con regreso hasta la zona elevada.

 

Los trabajos comenzaron en 2012 durante la segunda gestión de Closs al frente de la provincia. Continuaron en 2013 con la instalación de las bases y recién en 2015 se hizo una prueba para el traslado de personas. Sin embargo, nunca fue inaugurada.

 

Desde los orígenes, la puesta en marcha de las aerosillas causó polémica. Por un lado, por la negativa de grupos ambientalistas al alertar que las obras iban a generar daños irreversibles a la flora y fauna del parque. Por otro lado, porque jamás se informó de manera oficial cuánto iba a invertir el Estado provincial para la obra, cuyos costos habrían rondado entre los $ 9 millones y $ 12 millones calculados en 2009 (es decir, entre 365 y 490 millones de pesos actuales, al actualizar el monto por la inflación desde octubre de 2009 hasta febrero de 2022).

 

Años después, el medio Primera Edición reveló que varias de las máquinas para la aerosilla eran de un cerro turístico de Bariloche. Eran artefactos viejos, que en Bariloche habían sido reemplazados por otros nuevos. Incluso, uno de los motores generaba ruidos muy molestos, con grandes impactos sonoros en la zona.

 

La obra jamás se puso en marcha. En 12 años hubo diversas controversias, movilizaciones y reclamos ante una iniciativa que se anunció con bombos y platillos pero que nunca funcionó. Incluso, dicha iniciativa fue el foco de informes por parte de la oposición (Unión Cívica Radical y Juntos por el Cambio en el último lustro) como también por parte de la televisión nacional.

 

En el afán de dar por terminada la polémica, recientemente el actual gobernador Oscar Herrera Ahuad planeó la quita de las torres de hormigón, cables y aerosillas, al considerar como inviable el proyecto en el cual se invirtieron millones. No se sabe el costo acumulado preciso de toda la obra fallida.

 

Neuquén: críticas por la represa

 

 

La represa del Nahueve está emplazada en un entorno natural de tierras productivas. Organizaciones ambientalistas presentaron a la justicia amparos ambientales ya que consideran que el impacto de la represa será negativo.

 

La Agencia de Desarrollo, que es el organismo encargado de la ejecución de la obra subió un informe de impacto ambiental a su página pero hay cuestiones técnicas que no están claras y nunca fueron explicadas. Desarrollo económico versus el ambiente es la polémica de fondo que sigue vigente en la zona norte de Neuquén.

 

Se trata de una inversión de capitales extranjeros que son ejecutados por organismos descentralizados. Deja abierto el interrogante sobre quién negocia esos fondos y quién controla la inversión. Provienen del Fondo para Desarrollo de Abu Dhabi, de Emiratos Árabes, por USD 3.600.000 más IVA.

 

San Luis, con fachada cuestionada

 

 

La “Réplica del Teatro Club Social” está inspirada en la antigua estructura que comenzó a construirse en 1884, en la céntrica esquina de San Martín y Belgrano de la ciudad de San Luis, que sufrió un incendio y luego fue demolida. El nuevo edificio de 6.000 metros cuadrados cubiertos se erigió lejos del centro, sobre la avenida Justo Daract, en el predio del viejo hipódromo.

 

La obra inició a fines de 2018. Aunque su plazo de ejecución era de 330 días y su finalización estaba prevista para octubre de 2019, recién se culminó hace algunos meses sin que el Gobierno haya anunciado su inauguración. Una de las polémicas radica en la construcción de una fastuosa obra cuestionada por algunos sectores de la oposición y parte de la sociedad puntana al no ser una prioridad para la Provincia necesitada de otras obras.

 

Santa Cruz: la autovía emblema de la corrupción

 

 

La autovía Comodoro Rivadavia-Caleta Oliva fue uno de los 51 casos estudiados por los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, que investigaron lo que denominaron como un “plan criminal” encabezado por Néstor y Cristina Kirchner para supuestamente enriquecer a su amigo y socio Lázaro Báez con adjudicaciones de obras viales multimillonarias en Santa Cruz.

 

Por esta causa imputaron a 34 personas y la expresidenta Cristina Kirchner fue indagada por primera vez como acusada de un hecho de corrupción en la causa conocida como “Vialidad”. El juicio oral en el Tribunal Oral Federal N°2 aún está en curso.

 

La autovía atravesó varios procesos licitatorios y empezó su construcción en 2008. Quedó abandonada en varias oportunidades y continúa inconclusa, pese a tratarse de una obra medular en la Patagonia Austral, ya que une la actividad económica en el polo petrolero patagónico.

 

Las obras se iniciaron hace 14 años y se componen de tres tramos: la autovía entre Rada Tilly y el límite fronterizo con Santa Cruz en el paraje Ramón Santos, la autovía entre Ramón Santos y Caleta Olivia y la obra de circunvalación en Caleta Olivia.

 

La primera licitación se realizó en julio de 2008 por un monto de $313.593.865 que, actualizado por inflación, equivale hoy a $14.970.419.760 (en precios de febrero de 2022). Aunque el plazo inicial era de 36 meses, se terminó ampliando.

 

Según consta en el expediente de la causa judicial, la obra del tramo de la ruta en Chubut presentaba un avance del 27%, el tramo de la ruta nacional en Santa Cruz presentaba un 24%, en tanto que la “Circunvalación de Caleta Olivia” era el 43% de la obra.

 

En 2021 se hizo una nueva licitación, por el mismo tramo de ruta (entre el Km 1.867 y el km 1.908,6), esta vez para realizar “obras faltantes”. En este caso, el monto presupuestado equivale a la mitad del de la licitación previa. Al actualizar el monto de la licitación a precios actuales, el mismo asciende a $8.826.183.599 para 41,6 kms. Es decir, $212.167.875 por km. En enero de 2022 ya se había desembolsado el equivalente (en precios constantes) al 79% de lo presupuestado para toda la obra.

 

Santa Fe: una ampliación polémica en Tribunales

 

 

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe llamó a licitación para completar la segunda y última etapa de la construcción de los nuevos tribunales de la ciudad capital.

 

La UTE que resultó ganadora hizo un oferta 14% por debajo del presupuesto oficial. Está integrada por la empresa Dinale SA de la ciudad de Rosario, a la que en 2020 se le rescindieron tres contratos de obra en el Senado de la Nación por incumplimientos.

 

Desde entonces su propietario se encuentra imputado en la Justicia, junto a la exvicepresidenta Gabriela Michetti, por posibles irregularidades.

 

En la provincia de Santa Fe existe un decreto que prohíbe que una empresa que perdió obras por incumplimientos se presente a licitaciones públicas, pero Dinale nunca fue desplazada del Registro de Licitadores de Santa Fe, ni del registro nacional.

 

Santiago: el estadio que ya cuesta más del doble de lo presupuestado

 

 

El 4 de marzo de 2021, la final de la Supercopa de la Liga entre River y Racing inauguró el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

 

El presidente Alberto Fernández, el gobernador Gerardo Zamora y autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cortaron las cintas en medio de una polémica por una obra faraónica en una de las provincias más pobres del país, con más del 45% de pobreza.

 

La obra tenía un presupuesto inicial de casi 900 millones de pesos que, teniendo en cuenta la inflación, equivalen a más de $4.000 millones actuales (de febrero de 2022). Y las últimas informaciones periodísticas publicadas llevaban una cuenta de $1.500 millones gastados. Pero el relevamiento de Ruido detectó que esa suma -del estadio y de sus obras complementarias- alcanza ya $ 3.031.373.635.

 

Al controlar por inflación, el gasto realizado ya suma más de $9.000 quinientos millones actuales, es decir, más del doble de lo inicialmente presupuestado una vez descontada la inflación.

 

Ello sin contar con la conexión de gas ni la llamada Costanera Norte, que luego se llamó Paseo Maradona. Tampoco incluye innumerables gastos efectuados directamente por resolución de Jefatura de Gabinete, que no se publican en el Boletín Oficial. Por ejemplo, el equipamiento de los famosos VIP, la estatua de bronce de Maradona e innumerables elementos cuyos costos se desconocen. Tampoco hay datos de las inspecciones de obra.

 

Río Negro: un hospital con idas y vueltas

 

 

La construcción del Hospital de Las Grutas fue polémica por las enormes demoras que hubo para su ejecución y por el papelón que significó para el gobierno provincial tener que volver a licitar los trabajos, porque la empresa ganadora de la compulsa original abandonó el proyecto. Además, por el contexto en el que se dio ese brusco cambio de planes.

 

La misma empresa también estaba haciendo la remodelación del hospital de Bariloche -que también tuvo que re-licitarse- y tenía ganada la licitación de una mega-obra (la construcción de la Ciudad Judicial de Cipolletti), que no llegó a empezar porque el gobierno directamente le sacó la adjudicación por los incumplimientos anteriores.

 

El legislador peronista Alejo Ramos Mejía denunció penalmente el incumplimiento de los deberes de funcionario público por la contratación por parte del Estado rionegrino de la empresa (DAL construcciones) que no cumplió con los contratos de obra firmados. Lo hizo específicamente por la obra de ampliación del hospital de Bariloche, pero al tratarse de la misma firma que tenía a cargo la construcción del hospital de Las Grutas, los casos quedaron emparentados. La causa finalmente fue archivada, porque el Ministerio Público Fiscal de Bariloche no encontró delito.

 

Salta: las cloacas que no funcionan

 

 

La obra fue proyectada en el 2017 e involucró un presupuesto de $ 100.000.000 aportados por la Nación. Al actualizar ese monto con la inflación desde diciembre de 2017, el monto equivale a $509.450.000 en precios actuales (de febrero de 2022). Estaba previsto que beneficiaría a 6.000 vecinos del Barrio San Jorge de Rosario de Lerma, Salta.

 

Estuvo a cargo del municipio de Rosario de Lerma desde 2017 hasta 2019, pero por irregularidades en su ejecución, la Provincia de Salta rescindió el convenio al municipio. Contrató de manera directa para la terminación de la obra a una empresa (Incovi SRL), e involucró un presupuesto de $11.879.000. El presupuesto corresponde a un monto de entre $33 y $40 millones actuales al actualizar el monto por la inflación (el margen en el monto actualizado es porque se desconoce en qué mes de 2019, entre enero y junio, se realizó la adjudicación)

 

Sin embargo y concluida la ejecución de estas últimas obras en agosto de 2019, de acuerdo a lo informado en la prensa en septiembre de 2021, hasta esa fecha la obra no había sido puesta en funcionamiento debido a fallas estructurales que fueron descubiertas por Aguas del Norte, empresa estatal prestataria del servicio de agua y cloacas en la provincia de Salta.

 

No existe información hoy sobre el estado actual de la obra, como así tampoco trascendió si se iniciaron acciones para deslindar responsabilidades por las irregularidades en su ejecución.

 

San Juan: el dique de las quejas pampeanas

 

 

Con relación al Dique el Tambolar, desde La Pampa se oponen a su concreción porque aseguran que afectará las cuencas acuíferas con las que se sustenta el sistema hídrico pampeano. Por eso han presentado ya varias quejas ante las autoridades nacionales para que no se avance con el dique. “Nosotros no opinamos sobre el desarrollo o la falta de desarrollo que pueda tener La Pampa”, señaló en su momento el gobernador de San Juan, Sergio Uñac al referirse a las quejas desde aquella provincia.

 

En mayo de 2021 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, atendiendo al reclamo de la provincia pampeana elevó un pedido de información al Gobierno sanjuanino sobre detalles de la construcción de la represa.

 

El gobierno de la provincia de La Pampa había presentado en 2018 una medida de amparo para tratar de frenar la obra. Anteriormente habían hecho presentaciones para detener las obras de los diques Ullum, Cuesta del Viento, Caracoles y Punta Negra, pero dichos pedidos quedaron sin efecto.

 

La Corte Suprema pidió entonces a San Juan información que respalde “con documentación pertinente, todas las actuaciones administrativas relativas a la ejecución de la obra El Tambolar, en particular en toda actuación vinculada con los distintos aspectos ambientales del emprendimiento”. La obra sigue su curso.

 

Tierra del Fuego: polémica entre Vialidades

 

 

El gobierno de Tierra del Fuego anunció la pavimentación de la Ruta N° 1, en el tramo comprendido entre la hostería Kaiken y la bajada del lago de la localidad de Tolhuin. Informó que la obra se realizaría con fondos nacionales. El titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Enrique Sandri, explicó que las demoras registradas se debieron a la «inacción de Vialidad Nacional, que es quien financia la obra», aunque la ejecución corre por cuenta de la Provincia.

 

En principio, el ente provincial (DPV) licitó el proyecto a través de la Licitación Pública N° 1/2021, con un presupuesto oficial de $595.907.508,53. La apertura se realizó el 02/07/2021, sin intervención alguna de la Dirección Nacional de Vialidad. El monto equivale, en precios actuales, a $738.827.421

 

La solicitud de fondos a la Nación fue presentada el 30/04/2021, 18 días antes de que el presidente de la DPV realizara el llamado a licitación, y nunca se presentó en la tramitación inicial el estudio y proyecto de obra.

 

La DNV intervino a casi tres meses de la apertura de la licitación. Tomó intervención cuando el proyecto fue licitado y preadjudicado a la segunda propuesta en orden económico.

 

A esto hay que sumarle que el presupuesto no fue analizado inicialmente por las áreas técnicas de la DNV.

 

En el comienzo de la obra, a pesar del financiamiento nacional, no figuraba la aprobación por parte de las áreas técnicas de la DNV sobre las presentaciones que tendría que haber realizado la DPV. La obra fue también observada por el Tribunal de Cuentas por detalles que desde el comienzo del contrato no han sido subsanados.

 

Tucumán: puente caído y reconstruido

 

 

No hay información relativa al puente del Canal Sur, una obra polémica que se derrumbó en 2018, tres años después de haber sido inaugurada, y cuya reposición insumió casi $30 millones.

 

La empresa Falivene Constructora SRL realizó sus propias pericias que arrojaron que la caída fue por un “impacto lateral del camión por derrapar, por entrar a una velocidad elevada en el puente, por las condiciones deficientes de giro y de diseño geométrico que tiene”.

 

Aclaración sobre la actualización de montos

 

Debido a que la inflación impide comparar montos en pesos de años diferentes, se realizó una actualización de los mismos al equivalente de su valor en febrero de 2022, siempre que se tuviera el dato de la fecha a la que correspondía el monto original.

 

Para realizar la conversión se utilizó una base de precios construida para resolver los problemas de los datos oficiales entre 2007 y 2015. Así, se utilizó el IPC del INDEC hasta 2006, IPC San Luis desde 2007 hasta 2012, un promedio de IPC San Luis e IPC CABA para 2013-2016 y desde entonces los datos del IPC del INDEC.

 

La Base de precios fue confeccionada por la socióloga Sol Minoldo a partir de una base realizada previamente por su colega Diego Born.

 

Para acceder al informe completo de Ruido, haga click aquí.

 

(Fotos: Red Ruido)

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