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Las piedras atacaron distintas oficinas, incluida la de CFK. Finalmente, el expediente de CABA pasó a Comodoro Py

 

 

A casi dos meses de la marcha al Congreso Nacional, cuando se debatía en la Cámara de Diputados el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y una lluvia de piedras cayó sobre varios despachos, entre ellos el de la vicepresidenta Cristina Kirchner, la Justicia debe decidir si confirma o revoca los procesamientos de seis manifestantes que exigen su sobreseimiento y denuncian la criminalización a la protesta social, indicaron a Infobae fuentes judiciales. Pero, además, en las últimas horas llegó finalmente al edificio de Comodoro Py 2002 la causa que analizaba los episodios ocurridos en los alrededores del edificio, donde se tiró una bomba molotov y terminaron heridos varios policías.

 

 

En ese expediente hay tres personas que hace más de un mes están presas: Oscar Ramón Santillán, Jaru Alexander Rodríguez Carrero, y Julián Claudio Lazarte. Los acusan de haber formado una asociación ilícita y sostienen que no pueden quedar en libertad durante el proceso porque no tienen arraigo, intentarán fugarse o tratarán de entorpecer la investigación. Sus defensas pedirán en las próximas horas ante en la justicia federal la excarcelación que no consiguieron en los tribunales porteños, según indicaron a Infobae allegados a su defensa.

 

 

Todo ocurrió el 10 de marzo sobre la avenida Entre Ríos. Una pequeña facción de la movilización comenzó a incendiar tachos de basura y lanzar piedras al edificio, en lo que luego desató el debate sobre si se habían pedido refuerzos de seguridad. La Policía de la Ciudad avanzó sobre los manifestantes. Algunos de ellos lanzaron bombas molotov sobre los efectivos. La respuesta fue balas de goma y camiones hidrantes. Cinco policías terminaron lesionados, así como algunos manifestantes. Los destrozos fueron calculados en mas de 6 millones de pesos en el edificio del Congreso y de 20 millones de pesos en sus alrededores.

 

 

En sus redes sociales, después de la media sanción del proyecto, Cristina Kirchner hizo público el video en donde se veía la lluvia de piedras que ingresaba a su despacho y denunció “el ataque contra la Vicepresidenta de la República Argentina que alguien planificó y mandó a ejecutar”.

 

 

Los episodios dieron inicio a dos causas: una en la justicia porteña y otra en la justicia federal. Lo que pasó en el edificio se fue para Py; lo que pasó afuera, para la justicia porteña. La justicia federal reclamó la investigación de la Ciudad por entender que todo fue un mismo hecho y debía tramitar junto. El juez porteño Norberto Circo estuvo de acuerdo. Pero la fiscalía de primera instancia apeló y el caso no se mudó de manera inmediata.

 

 

En los últimos días, el fiscal ante la Cámara porteña no sostuvo ese recurso y el pase de fuero se concretó cuando la medida quedó firme. En ese contexto, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, a cargo de los jueces Marcelo Pablo Vázquez y José Sáez Capel, ratificó las prisiones preventivas de los tres arrestados que siguen detenidos.

 

 

El ataque al edificio del Congreso

 

 

Manifestantes queman una bandera estadounidense durante una protesta frente al Congreso Nacional (REUTERS/Agustin Marcarian)

 

 

En este expediente, en donde el Senado de la Nación, encabezado por Cristina Kirchner pidió ser querellante, la jueza María Eugenia Capuchetti procesó a Jonatan Emanuel García, Gonzalo Martín Ezequiel Fonteina, Leonardo Marcelo Cáceres, Jonatan Ezequiel Pacheco, José Horacio Fernando Castillo y Julio Valdés por “intimidación pública en concurso ideal con daño calificado” . A cada uno se les impuso un embargo de 6 millones y medio de pesos. Según la magistrada, los imputados llevaron adelante distintas conductas para consumar los daños y actuaron “de mutuo acuerdo mientras cada uno producía los destrozos”.

 

 

Las defensas buscan revocar esa decisión ante la Cámara Federal, según el escrito al que accedió Infobae y que ya está bajo análisis de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, de la Sala II de la Cámara Federal porteña. Lo primero que hicieron los acusados fue rechazar el delito de intimidación. ¿Por qué? Porque afirman que se trató de una masiva movilización para decir “No al FMI” y en donde solo un pequeño grupo de personas decidió tirar piedras sobre el Congreso y que en ningún momento se consiguió “infundir temor público, suscitar tumultos o generar desorden” como requiere esa figura delictiva. Remarcaron que lo que sucedió afuera del edificio del Congreso no incidió “en absoluto en el normal desarrollo de la sesión legislativa, que no fue interrumpida y culminó, como sabemos, con la votación, en la que prosperó la postura resistida por quienes se manifestaban en la plaza”, dijo la defensa.

 

 

 

“Apenas si quienes estaban más cerca del frente del Congreso sobre Yrigoyen se apartaron un poco, como se ve en las filmaciones, sin corridas ni riesgo alguno, mientras reporteros y camarógrafos desarrollaron sus tareas a escasos metros de distancia de quienes tiraban piedras, al punto que hay fotos que son casi retratos en primer plano. Recién ante el avance indiscriminado del personal policial se produjo un retroceso más acelerado de la gente, pero siempre ordenado, para ponerse a resguardo de los disparos de gases y proyectiles antitumulto”, se afirmó.

 

 

Los abogados de los acusados María del Carmen Verdú y Ernesto Martin Alderete apuntaron que “en todo caso, sería interesante conocer los motivos de que el grupo especial de la Policía de la Ciudad, que se hallaba apostado a muy corta distancia, optara por intervenir de esa manera, con formación militar y barriendo sin distinciones a todos los manifestantes, lo que sí causó alarma en quienes ocupaban pacíficamente la plaza y sus inmediaciones”.

 

 

Para los acusados, la elección de la figura de intimidación pública este tipo penal “no es caprichosa ni arbitraria, constituye una elección reiterada en la criminalización de la protesta social”. “Ya hemos visto en demasiadas ocasiones, todas vinculadas a manifestaciones populares, cómo jueces y camaristas fuerzan juicios orales por figuras de peso como la coacción agravada, la intimidación pública, la privación ilegal de libertad, la prepotencia ideológica o la incitación a la violencia colectiva, que luego, en el debate, se derrumban como castillos de arena”, se sostuvo.

 

 

 

Tras aclarar que “está probado que se produjeron daños al edificio del Congreso de la Nación, consistentes mayoritariamente en rotura de vidrios, además de suciedad en los muros por el impacto de bombitas de pintura (hecho no imputado a nuestros defendidos) y rotura de vereda”, la defensa planteó que aún si alguno de ellos “tiraran una o varias”. Es que, según remarcaron, “es una mera presunción sin fundamento alguno suponer que alguna de esas piedras o cascotes llegó efectivamente a la fachada del edificio, y aun si así hubiera sido, qué parte de la mampostería o el vidrio de qué despacho pudo afectar.”

 

 

 

Sobre los embargos de 6,5 millones de pesos, la defensa fue clara en su apelación: “aún estando a la conducta concreta imputada (”arrojar piedras o cascotes”), la distancia con semejante monto salta a la vista. Es evidente la desproporción de los embargos fijados, máxime cuando se trata de dos adolescentes de 18 y 19 años, y un joven de 24, los tres trabajadores precarios y estudiante uno de ellos, que viven con sus familias en situación vulnerable”.

 

 

Lo ocurrido en los alrededores del Congreso

 

 

A partir de ahora, lo que pasó en las afueras del edificio parlamentario pasará por el tamiz de Comodoro Py. Las acusaciones que se forjaron en la justicia porteña sostiene que existió una asociación ilícita “compuesta por una gran cantidad de miembros, entre los que se encuentran Oscar Ramón Santillán, Jaru Alexander Rodríguez Carrero, Julián Claudio Lavarte y demás integrantes del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), entre otros” que tuvo como objetivo desplegar “actos de violencia, con utilización de objetos tales como gomeras, piedras, palos, bombas molotov, entre otros elementos que son utilizados con fines intimidatorios y de atentar no sólo contra el personal policial que actúa en el ámbito de su competencia específica, sino también contra el erario citadino, obteniendo sus integrantes beneficios personales”. A eso le sumaron las figuras penales de autoridad agravado, daño agravado, obstrucción de la vía pública y portar armas no convencionales.

 

 

A Santillán, el primero de los arrestados, le adjudican haber arrojado sobre un contenedor de basura de color verde de propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en la vía pública, en los alrededores del Congreso de la Nación, papeles que generaron “la propagación del fuego y provocaron daños sobre el mismo”.

 

 

De acuerdo al expediente porteño, Santillán demostró al momento de su detención “una actitud hostil contra el personal policial, no acató las órdenes de la autoridad de detenerse y emprendió la fuga, aunque fue detenido prontamente por los agentes policiales”. Como elemento de cargo le achacaron haber enviado un mensaje de voz a un grupo de Whatsapp avisando que lo estaban deteniendo. “Por favor los [compas] que no me dejen abandonado eh”, dijo. Para la justicia, ello permite sostener que en caso de recuperar la libertad podría eludir la acción judicial o entorpecer la investigación.

 

 

A Rodríguez Carrero lo acusan de haber colaborado “con empujar otro contenedor que luego fue incendiado por los miembros de la organización”. También de haber tirado la piedra que lastimó a un policía, cuando intentaba asistir a un compañero alcanzado por una bomba molotov.

 

 

Juan Grabois con Rodríguez Carredo

 

 

Rodríguez Carredo es venezolano y fue visitado en prisión por el dirigente social Juan Grabois. Su defensa aseguró que vive en la Argentina desde 2015 “que ha elegido esta tierra para su proyecto de vida”, pero en la justicia porteña entendieron que debía seguir bajo prisión preventiva porque en el domicilio en el que vivía con sus amigos encontraron drogas y no se acreditó que trabajara. Se agregó que “la existencia de diversas salidas al exterior del país constituye un indicio objetivo de la disponibilidad de recursos que posee el imputado para intentar eludir el accionar de la justicia frente a la clara posibilidad de tener que cumplir una pena elevada”.

 

 

Lazarte fue señalado como una de las personas que estuvo vinculada a “material inflamable con una mecha encendida con fuego, las cuales fueron arrojadas contra el personal de la Policía” y que impactó en el oficial Alfredo Jesús Gutiérrez “a quien se le prendieron fuego sus prendas”. La defensa desmiente que su cliente sea el que arrojó la botella-bomba. Sostuvo que Lazarte no llevaba una “pechera colocada”, como es la persona que lanzó la botella, y afirmó que en todo momento se lo puede ver llevando un cartel que dice “fuera FMI-PRML”. También cuestionó un tatuaje a través del cual se lo quiere identificar.

 

 

“Entendemos que asiste razón a la defensa en cuanto a que las imágenes, estáticas y móviles, que conforme la fiscalía, retratan a Lazarte entregando bombas molotov y moviendo los contenedores, no resultan –por ahora- prueba suficiente para acreditar que el imputado sea quien se ve allí retratado”, dijo la Cámara porteña. Aún así se dispuso confirmar su prisión preventiva por los riesgos procesales ya que aparecían varios domicilios y no se pudo acreditar con certeza que estuviera trabajando en forma estable para un estudio jurídico, como dijo a su defensa. Con el pase de la causa a Comodoro Py, los defensores presentarán en las próximas horas un nuevo pedido de excarcelación.

 

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