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Ya es la tercera iniciativa que modifica las cuentas fiscales y que no es consultada con el Ministerio de Economía

 

 

La discusión entre el kirchnerismo y la Cosa Rosada por el rumbo económico avanza sin pausa. El ministro del área, Martín Guzmán, y su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, son los apuntados por los sectores cercanos a Cristina Kirchner, que no dudan en pedir sus renuncias.

 

 

Pero la negativa del presidente Alberto Fernández parece haber definido una nueva estrategia de parte de los legisladores de La Cámpora en la Cámara de Diputados y de Unidad Ciudadana en el Senado, que ahora buscan influir en las decisiones económicas a través de proyectos de ley.

 

 

En esa línea, mañana a las 11 de la mañana se presentará la iniciativa por el Salario Básico Universal. En un evento en la Sala 2 del Anexo C, los diputados del Frente de Todos Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli estarán a cargo de comunicar la medida.

 

 

Según la letra del proyecto, el objetivo es “dar una respuesta a la nueva realidad laboral argentina post pandemia a través de la ampliación de la seguridad social y la promoción del empleo”. Y propone un Salario Básico Universal “como una prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos”.

 

 

El proyecto de ley impacta directamente en las cuentas del Ministerio de Economía ya que señala que será otorgado a las personas que se encuentren “desocupadas; se desempeñen en la economía informal; se encuentren inscriptas en la categoría ‘A’ del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes o se encuentren inscriptas en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente”.

 

 

“Hay millones de personas que trabajan, sin tener un empleo formal, que no tienen garantizadas las condiciones más básicas de vida. Este fenómeno no pasa solo en Argentina, es mundial, y es consecuencia de las transformaciones en el mundo del trabajo y de la creciente concentración de la riqueza. El salario básico universal es una respuesta concreta que nos permite ser audaces para pensar el futuro”, dijo Itai Hagman, referente del Frente Patria Grande de Juan Grabois, mediante un comunicado.

 

 

Natalia Zaracho, cartonera y diputada nacional, agregó: “Hoy no se reconoce como debería el valor del esfuerzo de millones de trabajadores de la economía popular y de las tareas del cuidado. Esta medida podría eliminar la indigencia y garantizar que todo el mundo tenga, al menos, un plato de comida cada día. Sería un avance muy importante”.

 

 

Finalmente, Federico Fagioli, diputado también por el Frente Patria Grande, expresó: “¿En qué momento naturalizamos tanta desigualdad? Necesitamos políticas redistributivas. Un Salario Básico Universal que equivalga al valor de una Canasta Básica Alimentaria no sólo nos permitiría terminar con la indigencia, sino también avanzar hacia la justicia social”.

 

 

 

La norma es acompañada por los diputados Carlos Selva, Monica Macha, Hugo Yasky, Jorge Antonio Romero, Jose Pablo Carro, Juan Carlos Alderete, Graciela Landriscini, Natalia Zaracho, Federico Fagioli, Lia Veronica Caliva, Claudia Beatriz Ormachea, Mara Brawer, Maria Rosa Martinez, Carolina Yutrovic y Leonardo Grosso.

 

 

Catarata de proyectos

 

 

El texto que ingresará mañana forma parte de un paquete de leyes que los sectores más duros y enfrentados con los ministros económicos buscan llevar adelante para marcar la línea económica del Ejecutivo.

 

 

Así fue que Máximo Kirchner presentó -de manera inconsulta con el Ministerio de Economía- un proyecto de ley en donde establece que el incremento del 45% pautado en el mes de marzo por el Consejo del Salario se cobre en agosto y no en enero del 2023 y así “supere efectivamente el índice inflacionario vigente y proyectado”.

 

 

El movimiento de Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados no fue aislado. El viernes pasado se anunció en la Cámara de Senadores, en donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es quien marca el pulso, otro proyecto de ley que plantea facilitar el acceso a la jubilación de las personas que no tienen los 30 años de aportes requeridos.

 

 

Esta iniciativa se suma a otras dos en la Cámara alta. Una busca la creación de un fondo conformado por bienes en el exterior no declarados y que será utilizado para pagarle al FMI en donde el Ministerio de Economía no tuvo más opción que acompañar. La otra, que por ahora encuentra más trabas, es el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil para los fiscales a cargo de la investigación del dinero fugado de la Argentina sin tener que esperar la autorización de un juez para acceder a esa información. En este caso, tampoco fue consultado el Banco Central.

 

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