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La I Cumbre de las Américas en Miami en 1994 se dio en medio de la gran ola democrática de finales de los ochenta que transformó el panorama político de nuestro hemisferio

 

 

Por eso la declaración de principios emitida con justificado orgullo señaló: “Por primera vez en la historia, las Américas son una comunidad de sociedades democráticas”. Y concretó como uno de los objetivos de las Cumbres y un principio fundamental: “La Carta de la Organización de los Estados Americanos establece que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. La democracia es el único sistema político que garantiza el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho; a la vez, salvaguarda la diversidad cultural, el pluralismo, el respeto de los derechos de las minorías y la paz en y entre las naciones. La democracia se basa, entre otros principios fundamentales, en elecciones libres y transparentes, e incluye el derecho de todos los ciudadanos a participar en el gobierno. La democracia y el desarrollo se refuerzan mutuamente. Reafirmamos nuestro compromiso de preservar y fortalecer nuestros sistemas democráticos en beneficio de todos los pueblos del Hemisferio. A través de los organismos competentes de la OEA, trabajaremos en favor del fortalecimiento de las instituciones democráticas y de la promoción y defensa de los regímenes democráticos constitucionales, de conformidad con la Carta de la OEA”.

 

 

Los estados asistentes a esa cumbre compartían su aprecio a la democracia, aunque tuviesen muy distintos grados de adhesión a los principios de la soberanía popular, de gobiernos electos en procesos abiertos y justos, de respeto a las libertades públicas y a los derechos humanos y de vigencia de las reglas del estado de derecho especialmente en su respeto a la división de poderes. Esas desigualdades se siguen dando entre las democracias.

 

 

Pero desdichadamente el panorama democrático de nuestro continente ya se estaba deteriorando. Ya en Perú el Presidente Fujimori había dado un autogolpe iniciando su camino hacia un gobierno cada vez más autocrático.

 

 

Lo ocurrido en Perú indicó que los riesgos a la vigencia de la democracia no solo se originaban en golpes de estado militar. Gobiernos democráticamente electos podían impedir el funcionamiento de los diferentes poderes del estado para que no se limiten mutuamente y no impere un sistema de justicia. Pueden violar la libertad de comunicación y de prensa, los derechos de propiedad y libre contratación y demás derechos humanos, y devenir en gobiernos dictatoriales.

 

 

Por eso, en la Cumbre de las Américas de Ciudad Quebec en 2001, mi gobierno propició el establecimiento de una cláusula democrática para el proceso de las cumbres de manera que la participación en las mismas estuviese restringida a solo países democráticos.

 

 

Tuve el privilegio de ver como se aprobó nuestra propuesta y en la Declaración de Quebec se estableció: “El mantenimiento y fortalecimiento del Estado de Derecho y el respeto estricto al sistema democrático son, al mismo tiempo, un propósito y un compromiso compartido, así como una condición esencial de nuestra presencia en ésta y en futuras Cumbres. En consecuencia, cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas” (resaltado no es de la declaración).

 

 

Por iniciativa de Canadá, Costa Rica y Perú para defender la democracia en el continente que sabíamos amenazada a pesar de que en ese tiempo su vigencia se daba con la sola excepción de Cuba, se acordó también en Quebec encomendar a los ministros de relaciones exteriores que “en el marco de la próxima Asamblea General de la OEA, preparen una Carta Democrática Interamericana que refuerce los instrumentos de la OEA para la defensa activa de la democracia representativa”.

 

 

Desde su establecimiento en 1948 la OEA ha reconocido la vocación democrática de nuestras naciones. Esa vocación se ha convertido en el derecho humano de los americanos de vivir en democracia.

 

 

En la Carta constitutiva de la OEA se proclama: “que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región” y se afirma como uno de “sus propósitos esenciales”: “Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención.”

 

 

Ya en 1959 la Quinta Reunión de Consulta de la OEA en Chile consideró que “la existencia de regímenes antidemocráticos constituye una violación de los principios en que se funda la Organización de Estados Americanos y un peligro para la convivencia solidaria y pacífica en el hemisferio” y emitió la Declaración de Santiago que establece: “1. El Principio del imperio de la ley debe ser asegurado mediante la independencia de los Poderes y la fiscalización de la legalidad de los actos de gobierno por órganos jurisdiccionales del Estado. 2. Los gobiernos de las repúblicas Americanas deben surgir de elecciones libres. 3. La perpetuación en el poder, o el ejercicio de este sin plazo determinado y con manifiesto propósito de perpetuación, son incompatibles con el ejercicio efectivo de la democracia. 4. Los gobiernos de los Estados Americanos deben mantener un régimen de libertad individual y de justicia social fundado en el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana. 5. Los derechos humanos incorporados en la legislación de los Estados Americanos deben ser protegidos por medios judiciales eficaces. 6. El uso sistemático de la proscripción política es contrario al orden democrático americano. 7. La libertad de prensa, de la radio y la televisión, y en general la libertad de información y expresión son condiciones esenciales para la existencia de un régimen democrático.”

 

 

Esa misma Reunión de Consulta creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, además de servir como órgano consultivo de la OEA en esta materia.

 

 

Incluso hay antecedentes más antiguos que la carta constitutiva y las resoluciones de Santiago de 1959.

 

 

Esos antecedentes, la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José y su establecimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, y los hechos políticos observados en los años previos favorecieron que con prontitud se diera cumplimiento al mandato de la Cumbre de Quebec. En la Asamblea General de la OEA de ese mismo año de nuevo en San José que tuve el honor de inaugurar, se conoció la propuesta de la Carta Democrática Interamericana. Por su trascendencia se resolvió: “1. Reafirmar la voluntad de todos sus Estados Miembros para adoptar una Carta Democrática Interamericana con la finalidad de promover y consolidar la democracia representativa como el sistema de gobierno de todos los Estados americanos. 2. Aceptar el proyecto de Carta Democrática Interamericana adjunto, que servirá como el documento de base para su consideración final por los Estados Miembros” y además se encargó al Consejo Permanente realizar consultas sobre el texto con los estados miembros y la sociedad civil de América, así como convocar para setiembre en Lima una reunión Extraordinaria de la Asamblea General que conociera y resolviera sobre el importante tema.

 

 

 

Solo dos meses después, el 11 de setiembre se aprobó en Lima la Carta Interamericana Democrática.

 

 

Desde entonces no cabe duda de que vivir en democracia es un derecho de los ciudadanos de América. Claro, como la democracia representativa es un instrumento de gobierno y organización social imperfecto y siempre perfectible, se da en los diferentes países con diferentes características y grados de perfección. The Economist en su valuación de la vigencia de la democracia de 2021 publicado el pasado mes de marzo solo reconoce a Canadá, Costa Rica y Perú como democracias plenas en nuestra región.

 

 

Por estas razones no cabe la presencia de gobiernos dictatoriales en las Cumbres de las Américas. Que en el pasado se haya incumplido la cláusula democrática establecida en la III Cumbre de las Américas no es razón para seguirla incumpliendo.

 

 

Tal como se hizo en Los Angeles, la asistencia a las cumbres debe estar reservada solo para naciones en las que rijan gobiernos democráticos.

 

 

En esa última Cumbre el Secretario General Luis Almagro indicó: “No me hubiera gustado que Pinochet, Videla y Gregorio Álvarez estuviesen en esta sala”. Ese mismo sentimiento debe prevalecer ante Ortega, Maduro y Díaz-Canel.

 

 

*El autor es ex presidente de Costa Rica

 

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