Y agregó: “Consecuencia de eso es que Argentina y otros países tomaron medidas también”.
El avión Boeing 747, en configuración “cargo”, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente es propiedad de Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), y ambas empresas están sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y Sanciones del Departamento del Tesoro de EEUU.
La nave había aterrizado en Paraguay el pasado 13 de mayo y partió el 16 de mayo con unos 18 tripulantes. El motivo del viaje al país sudamericano, según las autoridades paraguayas, era para transportar un cargamento de cigarrillos desde Asunción hasta Aruba valuado en USD 755 mil.
Ante esta situación, desde Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de resolución para instar a la Cancillería a confirmar si el gobierno argentino había sido advertido por Paraguay y si el embajador Peppo luego avisó a las autoridades del Palacio San Martín.
La nota, que lleva la firma de Gerardo Milman, mano derecha de Patricia Bullrich, y de otros 12 diputados de Juntos por el Cambio, denuncia que “el silencio de la Cancillería es muy elocuente” y reclama más información ante “el comportamiento tan enigmático del gobierno argentino”.
Hoy por la tarde, el embajador Peppo explicó a través de sus redes sociales que las autoridades argentinas fueron informadas por su pares de Paraguay “en horas de la tarde del día 6 de junio, cuando la aeronave estaba ya aterrizada en Buenos Aires”.
“Esta información fue suministrada de modo directo por la Secretaría Nacional de Inteligencia de Paraguay a la Agencia Federal de Inteligencia de nuestro país, por los canales correspondientes, no participando la embajada en este proceso”, dijo Peppo.
“Parece que el embajador argentino en Paraguay no estaría coincidiendo con el interventor de la AFI ni con el Ministro de Seguridad”, contestó Milman, también a través de las redes sociales.
Ayer, la fiscal federal Cecilia Incardona abrió una investigación en torno al avión venezolano-iraní inmovilizado en el aeropuerto de Ezeiza y pidió decretar el secreto de sumario para que no se filtren las medidas de prueba, a lo que hizo lugar el juez Federico Villena.
Además, el juez federal de Lomas de Zamora, que tiene jurisdicción sobre el aeropuerto, le había ordenado a la Dirección de Migraciones que retenga el pasaporte de los cinco iraníes que viajaban en el avión por otras 72 horas.
También se realizó un allanamiento en el hotel donde se hospedaba la tripulación -5 iraníes y los 14 venezolanos- donde se secuestraron 18 teléfonos y 7 tablets.
El juez Villena decidió apartar a las fuerzas de seguridad nacionales que dependen del ministro Aníbal Fernández porque la PSA y la PFA estuvieron involucradas en el operativo para revisar el avión, la semana pasada, y ahora están bajo investigación.