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Encuesta sobre el humor social: un 70% de los argentinos está en contra del lenguaje inclusivo

 

 

Al medir el humor social de los argentinos, un sondeo de opinión realizado por las consultoras D’Alessio-Irol y Berenztein arrojó que el 70% de los consultados se manifestó en contra del lenguaje inclusivo y que un 43% se mostró a favor de la prohibición de su uso en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires.

 

 

La decisión adoptada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para “reforzar el aprendizaje” disparó no sólo las críticas de las autoridades bonaerenses, entre ellos el gobernador Axel Kicillof, sino también de los sindicatos docentes, que están a favor de su implementación.

 

 

“A partir de ahora, los docentes de la Ciudad de Buenos Aires tienen que respetar las reglas del idioma español”, advirtió Rodíguez Larreta el 10 de junio.

 

 

La nueva norma se basa en la premisa de que las reglas de la lengua española brindan diversas opciones para comunicarse de manera inclusiva “sin necesidad de tergiversarla, ni de agregar mayor complejidad a la comprensión y fluidez lectora”, señalaron desde el Ministerio de Educación de CABA.

 

 

En este contexto, un 70% de los encuestados dijo estar en contra del lenguaje inclusivo, un 23% estar a favor y un 7% evitó contestar. Sin embargo, de los que respondieron afirmativamente el 97% sentenció que uso debería ser optativo.

 

 

Los datos recolectados corresponden a la medición realizada en forma online en junio de 2022, donde se incluyeron las respuestas de 600 encuestados mayores de 18 años de todo el país.

 

 

Al ser consultados por la decisión de Rodríguez Larreta, un 43% entendió que se trata de “una preocupación genuina por el aprendizaje” mientras que un 27% consideró que “es una postura política”.

 

 

En tanto, un 15% opinó que “es una medida contra la ideologización del lenguaje”; un 13% consideró que “es un freno a la inclusión de las diversidades”; y un 2% prefirió no contestar.

 

 

Al diferenciar a los votantes de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, los resultados son más que elocuentes: mientras el 64% de los primeros cree que es una preocupación genuina por el aprendizaje el 46% de los segundos está convencido de que hay una postura política detrás de esa normativa.

 

 

Otro de los aspecto que abordó la encuesta fue el tema de los planes sociales luego de las explosivas declaraciones de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que pidió quitarle a los grupos piqueteros el control de la asistencia social.

 

 

“El Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales. No pueden seguir tercerizadas. El Estado debe tener el monopolio (de las políticas sociales) así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza. ¿O se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la Policía? ¡No!”, señaló Cristina Kirchner en un discurso junto a Hugo Yasky y a Jorge Ferraresi.

 

 

Y agregó: “El Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto. A mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja”.

 

 

En ese contexto, un 93% dijo que la distribución de planes de sociales debería modificarse y al discriminar entre votantes del oficialismo y la oposición hubo un amplio consenso al respecto. El 90% de los que integran el Frente de Todos aseguraron que hay que modificarlo y un 96% de los que simpatizan con Juntos con el Cambio también.

 

 

Al ser consultados sobre quiénes deberían manejar los planes sociales, un 32% se mostró a favor de que sea una combinación entre los piqueteros y el gobierno nacional, un 28% cree que solo debería hacerse cargo el Ejecutivo, un 13% se negó a contestar, un 8% dijo que los municipios, otro 8% aseguró que no deberían existir, un 7% los gobiernos provinciales y un 4% consideró que deberían ocuparse otras instituciones.

 

 

Por último, un 53% opinó que las declaraciones de la Vicepresidente fueron formuladas para “obtener ventajas electorales” y no para mejorar la situación de las personas que necesitan ayuda social. En tanto, un 15% sostuvo que lo hizo para controlar al presidente Alberto Fernández.

 

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