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Aunque guarda su estrategia bajo siete llaves, sin querer que nada se filtre, nadie duda en Comodoro Py que el fiscal federal Diego Luciani, a cargo del Ministerio Público Fiscal en el juicio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, sus ex funcionarios y el empresario Lázaro Báez, prepara artillería pesada para la hora de su alegato que comenzará en agosto, al regreso de la feria invernal. Ya se bajaron los organismos del Estado que eran acusadores privados y llegaron al juicio oral en la época de Mauricio Macri: la Oficina Anticorrupción se retiró del juicio antes de los alegatos y ahora la Unidad de Información Financiera anunció hoy que no acusará a la ex jefa de Estado ni al resto por la “orfandad probatoria” del debate. Luciani, entonces, será el encargado de repasar las pruebas que se obtuvieron en instrucción y se reprodujeron en el juicio oral para evaluar sus pedidos de pena.

 

 

 

Testimonios y peritajes construyen la hipótesis que llevó a Cristina Kirchner a sentarse en el banquillo de los acusados, al acusarla de ser la jefa de “una estructura coordinada de personas, con división de roles y permanencia en el tiempo por más de diez años, que le permitió a sus responsables sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos a través de la obra pública vial”. En el juicio oral se escucharon testimonios sobre los pedidos para certificar obras adjudicadas a Báez que no estaban hechas.

 

 

Tal como lo expusieron en su elevación a juicio los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, esta causa está relacionada directamente con otras investigaciones que tienen como protagonista a la ex Presidenta: los retornos que llegaron a través de Hotesur y Los Sauces, con el alquiler de propiedades a empresas de la familia Kirchner para que el dinero entregado a las firmas de Lázaro Baez reingresara al patrimonio del ex matrimonio presidencial.

 

 

El Tribunal Oral Federal 5 decidió sobreseer a CFK y a sus hijos, además del resto de los acusados, en la causa Hotesur y Los Sauces, pero esa decisión no está firme; debe ser revisada por la Cámara Federal de Casación Penal y el Ministerio Público insistió en sus argumentos para que esas maniobras lleguen a debate oral.

 

 

Según el Ministerio Público, el punto de partida en los hechos que se investigan en el juicio oral de la obra pública es “una compleja maniobra de corrupción perpetrada dentro de la Administración Pública, en la que una estructura permanente y coordinada de personas — principalmente funcionarios públicos— logró la sustracción de fondos millonarios por medio de la defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz”.

 

 

“La modalidad escogida para la apropiación de los fondos del Tesoro Nacional fue adjudicar prácticamente el 80% de la obra pública vial de la provincia a la que intencionalmente más dinero se direccionó en nuestro país a uno de los miembros de la organización criminal, Lázaro Báez, quien recibió entre los años 2003 y 2015 contratación del Estado por valores cercanos a 8.000 millones de pesos , monto que actualizado a agosto de 2016 asciende a la suma de prácticamente 46.000 millones de pesos”, sospecha el fiscal.

 

 

Juicio de la obra pública

 

 

Para ello, el primer paso fue convertir a Lázaro Báez en empresario de la construcción, “el amigo personal y socio comercial de la ex familia presidencial al cual se habrían de asignar los fondos públicos, lo cual aconteció alrededor de dos semanas antes de la asunción del ex presidente Néstor Carlos Kirchner, quien juró el 25 de mayo de 2003″. “Simulando ese rol como un oferente particular más del Estado le permitiría salir victorioso y recibir un esquema de beneficios exclusivos y permanentes, gracias al papel de los otros miembros que actuarían desde la esfera pública, direccionando la licitación y promoviendo la inobservancia de los controles en cada una de las contrataciones perjudiciales celebradas”, agregará la acusación.

 

 

“Para llevar adelante la maniobra, a través del decreto n° 27/03, Néstor Kirchner transfirió a esa cartera ministerial un área clave en materia de obra pública: la Secretaría de Obras Públicas, en donde el ex Presidente colocó en su primera gestión y la ex primera mandataria reafirmó a lo largo de 8 años al Ing. José Francisco López, quien en el año 2003 ocupaba el cargo de presidente del Directorio del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la provincia de Santa Cruz desde 1994″, se precisa.

 

 

José López es el ex funcionario que apareció con bolsos con millones de dólares en un convento en junio de 2016 y terminó condenado por enriquecimiento ilícito. También es el mismo ex funcionario que se convirtió en arrepentido en la causa de los cuadernos, en donde también están acusados la vicepresidenta y el ex ministro de Planificación Julio De Vido. Varios empresarios arrepentidos también fueron convocados al juicio oral.

 

 

Julio De Vido, Cristina Kirchner y José López (archivo Télam)

 

La tercera etapa de la maniobra, afirma la acusación, consistió en la selección del territorio en donde se llevaría a cabo la maniobra, y por tal razón se dispuso la concentración económica de la mayor cantidad de recursos públicos en materia de obra vial en un solo lugar: Santa Cruz. Precisamente, es la provincia de la que los ex presidentes son oriundos, en la que Néstor Kirchner gobernó durante tres mandatos y en la que además administró gente de su confianza en la mayor parte del período 2003-2015: “Instituyeron a la provincia de Santa Cruz como la más beneficiada en la transferencia de fondos públicos para la realización de obras viales, con un 11% del presupuesto total y le asignaron durante el periodo 2003-2015 —lapso en el que se extendió la maniobra— un total de $21.880.376.306″.

 

 

“De este modo, bajo la apariencia de una legítima política de gobierno, Néstor Kirchner y Cristina Fernández erigieron a la obra pública vial como el dispositivo de inversión real directa más importante de nuestro país, es decir el modo a través del cual se incorporaron activos no corrientes al patrimonio nacional, sin embargo, dicha política de gobierno fue —al menos en lo que compete a la provincia de Santa Cruz— el mecanismo a través del cual se canalizarían fondos hacia donde su socio, Lázaro BÁEZ, resultaría espuriamente beneficiado”, se afirmó en la etapa de instrucción.

 

 

La defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner intentó impugnar la acusación en su contra, hacer valer un sobreseimiento en Santa Cruz en su gestión y cuestionar el peritaje sobre los que se basó la acusación. Llegó con sus recursos a la Corte Suprema. Por unanimidad, el 21 de junio pasado, el máximo tribunal rechazó sus planteos porque no había una sentencia definitiva ni existía gravedad institucional para que el caso fuera analizado en este momento por esta instancia. “El hecho de que se trate de un juicio que involucre a una alta funcionaria pública nacional no cambia esa conclusión. No es posible pensar que cualquier decisión adversa que se adopte en procesos donde estén implicados funcionarios de tal naturaleza exija, por esa sola circunstancia, la intervención de esta Corte. Ninguna norma de la Constitución Nacional, ni de las leyes pertinentes, autorizan a concluir que la competencia del Tribunal tiene ese alcance”, le contestó la Corte.

 

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