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La obra es considerada vital para equilibrar la balanza comercial de la Argentina.

 

 

A pesar de los anuncios del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, que pregonó que licitará la construcción de la segunda etapa del gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) para transportar el gas natural desde Vaca Muerta, la empresa Energía Argentina (ENARSA) carece de los fondos para encarar la primera. Y necesita mucho: casi 1.000 millones de dólares.

 

 

“Vamos a licitar el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, Salliqueló-San Jerónimo”, anunció Massa, el 3 de agosto, en un discurso que sumó algunas precisiones. Dijo que lo licitarán “con financiamiento privado”, tras sostener que “en la matriz energética está el futuro de la economía argentina”.

 

 

Para ello, sin embargo, primero deberá conseguir 130.081,17 millones de pesos (978,95 millones de dólares a la cotización oficial de hoy), más IVA, que le faltan a ENARSA para llevar adelante la primera etapa del proyecto. Es decir, la que debería unir a la localidad neuquina de Tratayén con la bonaerense de Salliqueló, pero que aún no comenzó su construcción.

 

 

La diferencia, que equivale a un 42,09% del costo total de la obra, se debe a que los precios obtenidos en las diferentes licitaciones ya alcanzan los 309.057,11 millones de pesos mientras que la empresa estatal de energía recibirá del Gobierno nacional 178.975,94 millones.

 

 

Todo está volcado en documentos oficiales. El presidente Alberto Fernández destinó los fondos para la construcción de la primera etapa a fines del año pasado a través de los decretos 809/21 y 882/21, a lo que se le suma el 25% de lo recaudado con ley 27.605 de Aporte Solidario durante 2021.

 

 

Este problema es aún mayor ya que ENARSA podría quedarse sin 60.815,30 millones de pesos (el 34% del total) ya que la norma estipula que lo recaudado con el impuesto a las grandes fortunas debe ser destinado “a programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación, de exploración, desarrollo y producción de gas natural”.

 

 

 

Como el gasoducto es una obra de transporte, no podrían utilizarse estos fondos para su construcción a no ser que el gobierno envíe al Congreso Nacional una modificación de la ley. Algunos juristas, en cambio, sostienen que esto no es así ya que, al incrementarse la capacidad para trasladar el fluido, se promoverá automáticamente su explotación.

 

 

A esto se le suma otro factor que afecta a todos los actores económicos del país. ¿Cuál? La devaluación. En efecto, el poder de compra de ENARSA se ha ido erosionando diariamente desde noviembre debido a que la moneda nacional se ha depreciado un 32,27% desde esa fecha.

 

 

Como el 40% de los costos del proyecto es en dólares, al no haber invertido nunca esos aportes en instrumentos que le permitieran contrarrestar este fenómeno, ese mismo dinero le alcanza para pagar cada vez una porción menor de las obras. La empresa estatal de energía no respondió a las consultas realizadas para esta nota.

 

 

Este agujero presupuestario será uno de los principales problemas que deberá enfrentar Massa antes de lanzar la segunda etapa del gasoducto, debido a la escasez de fuentes de financiamiento que tiene la Argentina en la actualidad.

 

 

El ministro de Economía, en tanto, anunció que respetará la meta del 2,5% de déficit primario del Sistema Público Nacional, a lo que se suma la decisión de no utilizar el saldo de los adelantos del Tesoro para lo que resta del año, por lo que también verá acotada las posibilidades de fondeo por ese lado.

 

 

Mientras el gobierno resuelve este problema, ENARSA deberá terminar con el proceso de adjudicación de los contratos para la obra civil del gasoducto y con la licitación para la adquisición de las válvulas necesarias para la instalación de los caños.

 

 

Vaca Muerta, Neuquén (REUTERS/Agustin Marcarian/Archivo)

 

 

Un proceso controvertido

 

Las distintas licitaciones para la construcción del GPNK y sus obras complementarias han estado rodeadas de polémicas. La primera que lanzó ENARSA, la GPNK 01/2022 para la adquisición de los caños tuvo solo un oferente: SIAT.

 

 

La unidad de Tenaris terminó quedándose con el contrato de 546,17 millones de dólares más IVA en medio de las denuncias de irregularidades lanzadas por el ministro de Desarrollo Productivo saliente, Matías Kulfas, que, luego, fueron destinadas por el juez federal Daniel Rafecas.

 

 

La segunda, la GPNK 01/2022 para la compra de 127 válvulas, fue declarada desierta porque ninguna de las propuestas cumplía con los plazos requeridos en los pliegos. ENARSA debió volver a realizarla dos meses después, con nuevos términos y condiciones.

 

 

Finalmente, la GPNK 07/2022, correspondiente a la obra civil, se dirimió entre tres participantes: el consorcio Techint-SACDE y las empresas BTU y Esuco, luego de que la UTE Contreras Hermanos-Víctor Contreras, y la compañía Transportadora de Gas del Sur (TGS) fueran descalificadas.

 

 

La compulsa, lanzada en junio, estuvo dividida en tres renglones, uno por cada tramo del GPNK, otro para el gasoducto Mercedes-Cardales y un quinto para la planta compresora.

 

 

Este último fue adjudicado a Esuco, con un monto 13,88% inferior a lo presupuestado por ENARSA, mientras que los dos primeros quedaron en manos de Techint-SACDE, con un precio 11,66% y 19% respectivamente por debajo de lo estimado.

 

 

Esto le imposibilitó al consorcio competir por el tercer renglón por las restricciones fijadas en los pliegos de la licitación. La única oferta, entonces, fue la de BTU (55.300,05 millones de pesos más IVA), que resultó un 32% por encima de lo estimado por la empresa energética estatal.

 

 

Ahora, ENARSA deberá decidir qué hacer con esta propuesta ya que en una de las enmiendas que incluyó en el proceso establecía un tope máximo del 20% del valor presupuestado como techo para que declarar ganadora en forma directa a la oferta más barata.

 

 

Las alternativas que le quedan son pedirle a BTU una mejora en el precio para que se adecúe a los fondos que cuenta para la obra, rechazarla directamente la propuesta o desecharla una vez que se conozca el descuento, si es menor a lo fijado en los pliegos. Hasta el momento, la Comisión Evaluadora no se ha expedido al respecto.

 

 

Un caso similar ocurrió con el renglón 4. Allí, el consorcio Techint-SACDE ofertó 47.239,50 millones de pesos más IVA, un 67,91% presupuestados por ENARSA. En este proceso, la Comisión Evaluadora tampoco se ha expedido al respecto hasta el momento.

 

 

“El problema es que ambas compañías no tienen capacidad de trabajo para hacer las otras obras que ganaron en la licitación y está en paralelo en los tiempos que le exige ENARSA en los pliegos. Entonces, van a tener que subcontratar a otras empresas, por lo que le pusieron esos costos y le sumaron un 20% que se van a quedar ellos de ganancia”, explica una fuente cercana a la Secretaría de Energía.

 

 

Esto llevó a que la obra civil del GPNK, del Mercedes-Cardales y de la planta compresora terminaran costando 51.213,85 millones de pesos (385,42 millones de dólares) más IVA por encima de los fondos con los que cuenta ENARSA para todo el proyecto.

 

 

Estos montos también contrastaron con los obtenidos en la construcción del gasoducto de Vaca Muerta de 36 pulgadas y 147,63 kilómetros de largo, que llevó adelante TGS en 2018 y que realizaron en conjunto SACDE y Víctor Contreras.

 

 

En esa oportunidad, la empresa pagó unos 44 dólares por pulgada metro para desarrollar una obra de características similares al GPNK, según cálculos realizado por una fuente de la industria, que conoce de cerca ambos procesos.

 

 

En tanto, la construcción de los 573 kilómetros de la primera etapa del Néstor Kirchner terminará costando en promedio 91,56 dólares por pulgada metro, lo que implica un incremento del 108,09% en tres años.

 

 

Incluso si se dejara afuera el valor de los caños, la obra civil de la primera se pagó unos 29 dólares por pulgada metro, mientras que el actual proyecto saldrá 66,57; o sea, un 129,55% más.

 

 

“El gasoducto Néstor Kirchner en 36 pulgadas costará por lo menos 100 dólares por pulgada metro, diez veces más caro en dólares por pulgada metro que las obras de los años ‘90 y que la expansiones de 2005 – afirma la misma fuente de la industria-. Entre seis y siete veces más caro que la oferta de Odebrecht para las ampliaciones 2006-2008. Entre dos y tres veces más caro que el precio final de las ampliaciones 2006-2008. Y si tomamos solo la parte de servicios de construcción, los números son escandalosamente más altos”.

 

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