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El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, presentó un acto su proyecto de reforma constitucional provincial

 

 

Con el voto de 32 diputados sobre los 48 que tiene la Legislatura de Jujuy, el gobernador Gerardo Morales logró hoy el apoyo de ese cuerpo para tratar el proyecto de reforma constitucional, con lo cual se inicia el proceso para llamar a elecciones de convencionales constituyentes.

 

 

 

La Legislatura de Jujuy aprobó esta mañana el texto legislativo que declara como una “necesidad” la reforma parcial de la Constitución local, con el voto a favor de los dos tercios de la cámara legislativa, los necesarios para avanzar en la iniciativa impulsada por Morales el pasado 12 de septiembre.

 

 

La iniciativa busca -entre 47 puntos de reforma- avanzar en restricciones para las protestas sociales, promueve la prohibición del indulto a quienes cometan delitos de corrupción y destaca no modificar la cláusula respecto a la no re-reelección del gobernador.

 

 

En el marco de la quinta sesión especial del año, el debate se llevó a cabo en medio del rechazo de organizaciones sociales, sindicales y políticas, que se movilizaron hasta las inmediaciones de la Legislatura de Jujuy para seguir la discusión parlamentaria en oposición a la iniciativa, ante lo cual la Policía desplegó un importante operativo de seguridad con vallados en las calles adyacentes.

 

 

Un momento de tensión se vivió cuando los manifestantes se acercaron hasta el perímetro y, en medio de forcejeos, personal policial arrojó gas pimienta para disuadirlos.

 

 

La aprobación del proyecto oficial se logró con el voto de la totalidad de los legisladores que integran el Frente Cambia Jujuy, al que adhirió el diputado justicialista Fernando Posadas para alcanzar 32 votos, lo requerido para avanzar con el proceso de reforma.

 

 

A partir de esta sanción, el Poder Ejecutivo provincial tendrá un plazo de 90 días para convocar a elecciones de convencionales constituyentes, quienes deberán ser proclamados por la justicia electoral, tras lo cual comenzarán a trabajar respecto al articulado que fue habilitado hoy en torno a la reforma de la Constitución provincial.

 

 

La iniciativa cuenta con 47 de reforma de la Constitución jujeña, entre los que se destacan restricciones para las protestas sociales, la prohibición del indulto a quienes cometan delitos de corrupción y la limitación del período de cargos electivos locales

 

 

 

El debate legislativo de un proyecto controversial

 

 

“El pueblo jujeño tendrá una Constitución moderna, que viene a aportarle a la provincia la letra de muchas políticas públicas que ya inclusive se sancionan como ley, como el tema de la lucha por la violencia de género, el respeto a la vida de los animales, el tema de la creación de los juzgados de violencia género y de las fiscalías, la autonomía del Ministerio Público de la Acusación, de la Defensa, del Poder Judicial en general para seguir respetando la independencia de los poderes”, afirmó el presidente del bloque de la UCR Alberto Bernis, luego de concluida la sesión.

 

 

También señaló que “se van respetar las protestas sociales más allá de las cuestiones que hay” y puntualizó que “al pueblo jujeño hay que decirle que nunca más un gobernador va a poder indultar a nadie por corrupción u otro hecho que determinen los constituyentes”. “Al pueblo jujeño hay que decirles que se acabaron los mandatos indefinidos de diputados, intendentes, concejales y vocales de comisiones municipales, mientras que el mandato del gobernador solo puede tener dos períodos”, agregó el legislador radical.

 

 

En el comienzo de la sesión, el diputado Ramiro Tizón -presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales- remarcó la iniciativa del Poder Ejecutivo para lograr “una convocatoria amplia” con un “proceso de consultas a más de 31 partidos políticos, periodistas, colegios de profesionales, organizaciones sociales y sindicatos, entre otros”. También consideró que la provincia necesitaba poner a consideración el debate y “merituar en primer lugar si es necesario modificar la Constitución”.

 

 

Al formular su opinión, los legisladores opositores se pronunciaron en contra de la reforma, entre ellos el presidente del Partido Justicialista de la provincia, Rubén Rivarola. Sin embargo, uno de los integrantes del bloque, Fernando Posadas, se inclinó a favor de la iniciativa al momento de la votación, un sufragio que resultó clave para que el oficialismo alcanzara la aprobación.

 

 

“Ahora veremos qué hacemos, por lo pronto, vamos a reunirnos con el bloque y el consejo partidario porque la decisión era que el bloque no apoyaba el proyecto”, expresó luego el presidente del PJ jujeño, con lo cual dejó abierta la posibilidad de una sanción.

 

 

“El proyecto no tuvo el correspondiente debate en Comisión, tampoco en los órganos de la sociedad, porque una reforma en serio debe convocar al conjunto de la sociedad, no en tiempos preelectorales, a menos de un año de las elecciones PASO de agosto del 2023″, afirmó, en tanto, el diputado del bloque Juntos por Jujuy, Alejandro Snopek, y expresó su “no a la reforma”. “Tendría que haberse convocado en esta instancia (las PASO) y darles a los convencionales uno o dos años para que hagan todas las consulta para que puedan estar expresados en la Constitución”, añadió.

 

 

 

El recinto de la Legislatura de Jujuy, donde se votó avanzar con la reforma constitucional

El diputado del PJ, Juan Jenefes, se solidarizó con los diputados opositores “que recibieron amenazas” antes del tratamiento del proyecto ley reformista, al tiempo que refirió que la Constitución que se dicte sea mejor que la de 1986.

 

 

 

“La reforma va a condenar a las generaciones futuras”, manifestó por su parte la legisladora Fátima Tisera, en relación a las restricciones que impone los cambios sobre las protestas que impone el rango constitucional, al tiempo que remarcó su voto en contra tal como lo determinó el Consejo del PJ.

 

 

 

Por su parte, la diputada Débora Juárez, del espacio Juntos Por Jujuy, señaló la dirigencia política no puede ser parte de lo que definió como “un proceso ficticio del debate por parte de instituciones”, y remarcó que se trata de una reforma “egoísta” porque se “coarta la libertad de expresión del pueblo jujeño”, en relación a las restricciones que se prevén incorporar a las protestas sociales.

 

 

 

A su vez el diputado Juan Cardozo consideró que “esta reforma es negativa porque se trata de una ley que fue hecha a espaldas del pueblo, con fines netamente políticos”. “El Gobierno lleva siete años en el ejercicio del poder y las modificaciones son con fines de electorales, en un contexto donde Jujuy tiene el salario mas bajo en la historia respecto a la inflación y el Gobierno lejos de resolver los problemas del pueblo pretende destinar recursos millonarios para resolver un problema político”, expresó.

 

 

 

Entre las voces que se pronunciaron también estuvo la diputada del Frente de Izquierda (FIT), Natalia Posadas, que cuestionó a través de las redes sociales al diputado del PJ Fernando Posadas, cuyo voto resultó clave para la aprobación de la necesidad de la reforma, y lo tildó de “entregador”.

 

 

 

Las organizaciones sociales reiteraron también su rechazo a la reforma Constitucional por entender que “solo servirá a los intereses de los poderosos para seguir oprimiendo a las clases populares”. “Entendemos que la reforma es una avanzada mucho más profunda en la criminalización de la protesta que venimos sufriendo desde que asumió Gerardo Morales a la gobernación”, dijo a Télam Miguel Ramos, referente de la Asamblea de Trabajadores Desocupados de Jujuy. Mientras que la dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Ivone Aparicio, concluyó que “es una vergüenza que se prohíba el derecho a la protesta social y que también puedan tener el sometimiento total de los espacios públicos”.

 

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