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... los intendentes y los gobernadores aumentan la presión. El reclamo diferenciado de los movimientos sociales

 

 

 

Mientras se acerca el último mes del año y la espiral inflacionaria se proyecta en un 100% anual, el Gobierno evalúa, entre tironeos internos y a contrarreloj, los montos y el alcance de los refuerzos de fin de año para los ingresos distintos sectores de la economía. Muy cerca de noviembre, aún no hay definiciones para el sector de los trabajadores en blanco ni para los informales; y se retacean los detalles sobre la implementación del bono anunciado por Alberto Fernández para la población de indigentes que no cobren planes sociales.

 

 

Por ahora, en el Gobierno sólo hay coincidencia en la necesidad de reforzar en el marco de la crisis, que afecta a los sectores vulnerables con mayor fuerza, pero también golpea a la clase media. Pero la letra fina, es decir, el momento, la cantidad de beneficiarios, las cifras y el origen de los fondos, es una incógnita.

 

 

 

Ayer por la tarde, Alberto Fernández y el titular de Hacienda, Sergio Massa, se reunieron en la Casa Rosada durante una hora y media para analizar los alcances de la eventual batería de medidas que programan para fin de año. Y por la mañana, un tramo de la reunión de Gabinete que encabezó el Presidente, y de la que participaron las ministras de Desarrollo Social y de Trabajo, Victoria Tolosa Paz y “Kelly” Olmos, estuvo destinada a la evaluación de estas medidas.

 

 

 

Después del encuentro entre Massa y Alberto Fernández en la sede del gobierno nacional, el área de comunicación se limitó a informar el lanzamiento de un plan de cuotas para la compra de electrodomésticos, que ya había sido anunciado la semana pasada por Massa. Pero un alto funcionario del entorno presidencial aseguró, después del hermético encuentro, que el primer mandatario y el ministro están “afinando el lápiz” para delinear el bono para trabajadores informales y la suma fija para formales.

 

 

 

La conflictividad social preocupa cada vez más al Gobierno (Maximiliano Luna)

En tándem, y en plena crisis, en el Gobierno admiten que trabajan en los detalles de la batería de medidas entre exigencias internas. “Estamos soportando la presión. Pero tenemos que ser cuidadosos. Estas cosas requieren de un análisis profundo, porque los recursos que tiene el Estado son limitados”, dijeron. El Ministerio de Economía está condicionado por el acuerdo con el FMI, que exige una meta de 2,5% de déficit primario para este año.

 

 

 

Por ahora se limitaron a anunciar la entrega de un bono para la población indigente que sumará 45 mil pesos en total, que sólo se prolongará por dos meses, y alcanzará únicamente a aquellos que no reciban planes sociales. Los plazos fueron considerados insuficientes en La Cámpora. Ayer, la senadora nacional kirchnerista Juliana Di Tullio, que responde a Cristina Kirchner, le dio nuevo impulso a un proyecto que dispone la entrega de una ayuda equivalente a la canasta básica por tiempo ilimitado.

 

 

 

Las presiones por las ayudas llegan al Ejecutivo y a Hacienda, principalmente, desde el kirchnerismo, las organizaciones sociales combativas, y los sectores duros de la CGT. El lunes, durante el acto más crítico del Gobierno por el Día de la Lealtad, el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, y el jefe del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, le exigieron a Alberto Fernández y a Massa, desde la Plaza de Mayo y frente a la Casa Rosada, “un bono o una suma fija a fin de año para aquellos trabajadores que no llegan a fin de mes” y que las asignaciones familiares “sean universales para todos los trabajadores y trabajadoras registradas”. Lo mismo venía pidiendo el jefe del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, incluso había amenazado con abandonar el Frente de Todos en Diputados por la falta de respuesta.

 

 

 

También hay reclamos desde los municipios del conurbano, donde la crisis pega más fuerte, aunque el gobernador, Axel Kicillof, se mantiene al margen de los reclamos de los intendentes y guarda silencio. En su entorno dijeron que no le planteó a Massa ninguna inquietud sobre la suma fija para trabajadores formales e informales para mejorar la situación económica de los bonaerenses en el contexto de inflación.

 

 

 

 

En el Gobierno aseguran que habrá refuerzos para todos los sectores de la economía, pero remarcan que no se anunciará hasta que se apruebe el Presupuesto. Hoy, los bonos y sumas fijas de fin de año son una de las monedas de negociación en el debate en el Congreso por la ley de leyes, que se encuentra en plena ebullición. El oficialismo espera darle dictamen mañana, pero no está definido si tendrá los números en comisión. Llamativamente, las charlas están más tensas dentro del Frente de Todos que con la oposición de Juntos por el Cambio, dejaron saber fuentes oficiales.

 

 

 

Los gremios más importantes de la CGT, mientras tanto, rechazan la idea de una suma fija. Prefieren, en cambio, el mecanismo de las paritarias, que están en proceso de negociación en la mayor parte de los sectores. Una cifra concreta condicionaría las conversaciones con las patronales, dicen. Y también hay rechazo de parte de los movimientos sociales afines al Gobierno, cuya principal exigencia es la habilitación del sistema para establecer un “monotributo productivo” para la economía popular. “No queremos más dádivas, bonos, y planes, queremos trabajo formal para los trabajadores de la economía popular”, dijeron en el Movimiento Evita.

 

 

 

Sus exigencias se hicieron públicas la semana pasada en la voz del líder de la organización, Emilio Pérsico. Y anteayer por la noche, el funcionario nacional que forma parte de las mismas filas, Fernando “Chino” Navarro, volvió a plantear el disgusto por la demora, en una entrevista televisiva. El decreto para que esa medida se haga efectiva está “trabado” por el propio Presidente, dijeron en esas filas, aunque muy por lo bajo. En la Casa Rosada negaron la demora y postergaron, nuevamente, cualquier definición. “Hay tiempo, falta para fin de año”, deslizó un alfil del primer mandatario, aunque consciente de que los tiempos apremian y la paciencia en el ala dura del Gobierno, e inclusive de los soldados propios, muestra señales de agotamiento.

 

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