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El mandatario riojano, Ricardo Quintela, encabezó este miércoles por la mañana el acto de presentación de los proyectos de ley para la reforma integral de la justicia penal de la Provincia de La Rioja, que consiste en aplicar un servicio de justicia cercano a la gente, transparente y que amplíe los métodos de resolución de conflictos. Los documentos serán enviados por el Gobernador a la Cámara de Diputados para su tratamiento y consideración. 

 

En ese contexto, el gobernador Quintela estableció que “es un avance muy importante, en el código de procedimiento del juzgado de familia, el código penal, el juicio por jurados y, por eso, me interesa que La Rioja se acople a las provincias argentinas que avanzaron cualitativamente en la administración de la justicia”. 

 

“Es importante que los ciudadanos tengan una justicia rápida, y vamos a administrar esa justicia en el tiempo más corto, y como se merece la ciudadanía”, destacó. 

 

Y reafirmó: “vamos a hacer todo lo posible para darle la jerarquía que requieren los servicios de justicia en la provincia, y darles los servicios esenciales, y garantizar que los ciudadanos tengan entre ellos la justicia es fundamental, sobre todo por lo edilicio, en lo salarial también por eso conversamos con el TSJ sobre dar la posibilidad de los cuatro servicios esenciales que son salud, educación, seguridad y justicia”. 

El mandatario continuó diciendo que “queremos tratar de dar autonomía financiera, sin tener que estar recurriendo permanentemente a que el gobernador o el ministro de Hacienda, tengan que liberar fondos. Que administren sus propios recursos, que puedan equipar al sistema judicial como corresponde y desde el Ejecutivo garantizar que los salarios se acomoden como corresponde, con la motivación de todos los integrantes”.

 

Se refirió a la figura de las Madres del Dolor como representantes de las víctimas, y afirmó que “a veces las víctimas no tienen los recursos para contratar quien los defienda, por eso se garantiza con este salto cualitativo que estamos dando en la provincia de La Rioja”. 

 

“Mi compromiso con el Poder Judicial es absoluto, y quiero decirles que vamos a negociar un incremento salarial, tratando que paulatinamente se dé la jerarquía que corresponda a los cuatro servicios esenciales”, refirió y finalmente manifestó: “quiero agradecer el esfuerzo, el compromiso con el que llevan adelante el servicio y hoy en su día, que tengan el mejor de los días a todas las empleadas y empleados del sistema judicial”.  

 

 

Sistema adversarial

 

Por su parte, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Karina Becerra saludó a los presentes, destacó la iniciativa legislativa del Ejecutivo provincial e indicó que “esto viene de muchos años de trabajo, desde el 2011, y luego, cuando el gobernador asume, plantea una reforma provincial, y lo hicimos, trabajamos con todas las organizaciones intermedias, y cuando fuimos al Poder Judicial, pedimos a los jueces los aportes desde la experiencia”. 

 

“Las seis leyes que se presentan hoy tienen que ver con un buen diagnóstico que se hizo, donde el Código de Familia trata la cuestión más sensible, que es la que contempla a niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y discapacidad”, explicó. 

 

En ese mismo marco sostuvo que “el código de procedimiento penal es un cambio de paradigma, pasando a una justicia reparativa, con un sistema adversarial, donde se da mayor trabajo al fiscal, y se da un empoderamiento de la víctima, ampliando los métodos resolutivos”. 

 

“Cuando hablamos de la ley de jurados, ya se viene planteando desde la Asamblea de 1813, cuando se decía que los que cometían delitos, debían ser juzgados por sus pares. Atendiendo eso se fueron implementando distintas formas de la Constitución”, afirmó.

 

“Aquí tiene la particularidad, y a mi entender, una estrategia democrática la posibilidad de combinar estas dos visiones del Poder Judicial con la comunidad. La posibilidad de que sean doce juzgados, de mujeres y hombres también favoreciendo a la perspectiva de género”, remarcó la magistrada. 

 

Para ello, dijo, se requiere el “acceso a la justicia, resoluciones rápidas e inmediatas, y de esa manera, llegar a la paz social de forma más rápida e inmediata”. 

 

En cuanto al código de familia comentó que en el proyecto surge que, “el 67 por ciento de las causas son de familias y por eso habrá una reasignación de competencias, y habrá solamente juzgado de familia, que será implementado en la Capital primero y luego de forma paulatina con el interior”. 

 

“Las funciones son tres, Legislativo, Ejecutivo y Judicial; y hoy estamos aportando desde el poder judicial la posibilidad que diputados puedan trabajar lo mejor de lo que se pudo haber aportado”, añadió. 

“El trabajo del código de Familia fue realizado muchos jueces dela Cámara Civil, la defensoría de familia y es un gran equipo, por eso quiero invitarlos a reafirmar esta función sagrada que nos toca, e invitarlos a que con la tinta de nuestros actos, podamos escribir las páginas de muchas riojanas y riojanos que están esperando que resuelvan los conflictos”, resaltó. 

 

Finalmente expuso que “el objetivo es hoy llevar la justicia a cada uno, aun cuando el costo individual sea alto, pero honrando la función que nos toca en todos los días de nuestras vidas”.  

 

Seguidamente se mostró un video a los presentes con la palabra el Presidente del INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), Alberto Binder, quien además es asesor de proyectos de reforma judicial en diversas provincias argentinas y países de América Latina.

 

 

Sobre el proyecto

 

Luego de más de 10 años de debates sobre la necesidad de modernizar el Código Procesal Penal, la organización de comisiones de trabajo que incluyan las instituciones que tienen bajo sus competencia la aplicación de la ley y la experticia para llevar a cabo el diseño normativo de esta reforma. 

 

Se pretende entonces, la creación de los juzgados de familia, niñas, niños y adolescentes y, ley de procedimiento. Para ello, se incorpora una nueva instancia de mediación prejudicial obligatoria que reduce los juicios y costos, y que se suma a la mediación comunitaria que ya venía siendo realizada por la Secretaría de Justicia de este Gobierno, con resultados más que satisfactorios. 

Se prevé la intervención permanente de un cuerpo de abordaje especializado en todos los procesos (psicólogos, trabajadores sociales, etc.).

 

Se incorpora la perspectiva de protección de los sujetos más vulnerables de la sociedad: niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas en situación de incapacidad, mujeres víctimas de violencia de género y de violencia intrafamiliar.

 

Se garantiza el acceso a la justicia y gratuidad de los procesos para los sujetos en situación de vulnerabilidad.

 

Las resoluciones deben tener un lenguaje claro y accesible para todos y todas.

Se integrarán juzgados de especialidad en fuero de familia donde parte de estos juzgados se reorganizarán a través de la reasignación de funciones y competencias de los ya  existentes, para poder optimizar los recursos humanos y administrativos. 

 

El proyecto tiene como objetivo final que la justicia pueda dar una respuesta, rápida, efectiva, incorporando perspectiva de derechos humanos y libertades esenciales.

 

Esta reforma posiciona a nuestra provincia en la vanguardia de los modelos procesales imperantes en nuestro país y la región, el que se caracteriza por el respeto al afianzamiento de las garantías constitucionales, de la imparcialidad del juzgador, de la defensa en juicio, el debido proceso legal, igualdad de armas, plazo razonables, acceso a la justicia, participación de la víctima, juicio por jurados populares, entre otras prerrogativas de rango constitucional.

 

En estos proyectos de ley de la política criminal, viene a simplificar  y los roles van a estar bien claros para las partes, el rol del juez, el rol de la defensa y el rol de la fiscalía.

Ley de acceso a la justicia (casas de justicia).

 

El proyecto de ley busca garantizar el acceso igualitario al sistema judicial, en donde todos los habitantes de La Rioja tienen la posibilidad de ejercer sus derechos y resolver sus conflictos de manera igualitaria, de forma gratuita, es decir que no existan razones económicas, personales o de cualquier otra índole impidan el acceso a los tribunales, las instancias administrativas y la tutela judicial; removiendo todos los obstáculos que impidan a las personas acceder en condiciones de igualdad, oportunidad, oralidad, sencillez y rapidez al servicio de administración de justicia.

 

 

Juicio por jurados 

 

El juicio por jurados es un pilar fundamental en el sistema democrático de administración de justicia, asegurando la participación ciudadana en las decisiones judiciales, así como la publicidad y transparencia que debe signar la actividad de todos los órganos estatales del sistema republicano. 

 

Permite el acercamiento recíproco de la sociedad civil al sistema judicial, hacia la sociedad civil, en un fructífero intercambio de visiones que involucren la administración de justicia con la realidad social. 

Al facilitar el acercamiento del pueblo a la justicia se construye un ejercicio responsable de la ciudadanía, comprometiendo a los habitantes con su decisión y legitimando así democráticamente las resoluciones judiciales en los casos más graves en materia penal. 

 

 

Código de convivencia

 

En este caso contempla una modificación de la ley vigente, incorporando los nuevos paradigmas de las cuestiones de género y su implementación.