delinterior.com.ar

...y el secuestro de los teléfonos de dos colaboradoras del diputado nacional. Citarán a dos diputados oficialistas.

 

 

María Eugenia Capuchetti, jueza federal (Maximiliano Luna)

 

 

A punto de cumplirse tres meses del intento de homicidio contra Cristina Kirchner, la Cámara Federal rechazó este viernes el intento de la vicepresidenta de apartar a la jueza María Eugenia Capuchetti de la investigación, revelaron a Infobae fuentes judiciales. Y en paralelo ordenó una serie de medidas que se deberán profundizar para esclarecer una de las pistas sobre la que apunta la querella y que salpica al diputado del PRO Gerardo Milman, a quien le atribuyen haber dicho en un bar dos días antes del ataque “cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”. Entre esas medidas, se dispuso que declaren dos diputados del Frente de Todos para saber qué saben de esa hipótesis.

 

 

 

Según resolvieron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, la jueza o el fiscal Carlos Rìvolo -en quien la jueza delegó el miércoles la instrucción- deberán llamar a declarar nuevamente al testigo Jorge Abello, que declaró que escuchó esa frase; citar a su jefe, el diputado santafesino Marcos Cleri; y a otro cliente del bar Casablanca que estaba en ese momento en el lugar: el diputado del Frente de Todos Mario Leito. Recién ahí, la jueza deberá evaluar si se procede al análisis de los teléfonos de las colaboradoras de Milman, en un marco “acotado” a lo que haga referencia a esta pista.

 

 

 

¿Por qué? Porque la “gravedad institucional” detrás de este intento de homicidio impone que “se agote toda línea de investigación que pueda tener algún impacto en la hipótesis delictiva”.

 

 

 

“Si bien consideramos que, con acierto, la Sra. Jueza ha procurado evitar un menoscabo a las garantías constitucionales de dos testigos -respecto de quienes no se acreditó por el momento ninguna vinculación delictiva al caso-, lo cierto es que dada la gravedad institucional del hecho aquí investigado -el intento de dar muerte a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Elisabeth Fernández- tornan imperiosa la producción de todas aquellas diligencias probatorias que puedan resultar pertinentes y útiles para el descubrimiento de la verdad, sin escatimar esfuerzos y premura, aunque optando siempre por la alternativa que resulte menos lesiva para las garantías constitucionales en juego”, aseguraron.

 

 

 

Brenda Uliarte y Sabag Montiel

 

 

 

 

Antes de esa decisión, Bruglia ratificó a Capuchetti en la causa. Aseguró que “no se desprende en el marco de estas actuaciones acto alguno por parte de la magistrada interviniente que pueda inferir un objetivo y concreto dato de parcialidad”. Y afirmó que el pedido de recusación se justifica en la “disconformidad –pueda ser acertada o no- con ciertas aristas relacionadas con el modo de llevar adelante la presente investigación, pero de ningún modo concreta una evidencia que demuestre la ausencia de imparcialidad invocada”. Según resaltó, esas criticas a la investigación deben ser canalizadas a través de “los instrumentos recursivos pertinentes y específicos que para ese fin establece el Código Procesal Penal de la Nación”, sostuvo la resolución a la que accedió Infobae.

 

 

 

Los dos pronunciamientos de la Cámara Federal son la respuesta a las críticas abiertas y públicas que la vicepresidenta motorizó contra la causa que investiga el intento de asesinato en su contra. Desde que la jueza rechazó un pedido de la querella para secuestrar los teléfonos de dos colaboradoras de Milman que declararon como testigos, la vicepresidenta rompió filas con la investigación y empezó a enumerar diversos cuestionamientos en la causa que antes no había objetado en el expediente.

 

 

 

Por la causa están presos Fernando Sabag Montiel, el hombre que le apuntó en la cabeza a la vicepresidenta, y su novia, Brenda Uliarte, acusados de ser coautores del intento de asesinato agravado. También está preso Nicolás Carrizo, jefe de los “copitos”, procesado como partícipe secundario. CFK lo quiere también como coautor. Y a todos ellos y muchos quiere que sean investigados por asociación ilícita, la misma figura que pesa sobre ella en muchas de las causas de corrupción que la tienen como acusada.

 

 

La recusación

Capuchetti, el día que juró como jueza (Adrián Escandar)

 

 

 

En ese contexto, la vicepresidenta emprendió hace unas semanas una embestida abierta contra la jueza Capuchetti a quien acusa de no haber investigado las patas políticas que hay detrás de su atentado y de demorar la causa que ya tiene más de 25 mil fojas. Incluso, en la audiencia del miércoles, el abogado José Manuel Ubeira, representante legal de CFK junto a Marcos Aldazabal, aseguró que si a la vicepresidenta o sus hijos les pasa algo será responsabilidad de Capuchetti.

 

 

 

 

 

 

El juez Bruglia, que tuvo en sus manos la respuesta a la recusación, tomó nota de esa apreciación y le llamó la atención al querellante en una resolución en donde rechazó la recusación de la magistrada. Dejó constancia de “las impropias expresiones vertidas por el Dr. Ubeira en los momentos finales de la audiencia, al referirse a una eventual responsabilidad de la magistrada en cuestión de hipotéticos casos de hechos posteriores o riesgos sobre la vida o seguridad de su representada y entorno familiar. Estos improcedentes dichos, registrados en la grabación, más allá del valor o gravedad que se les quiera o pueda asignar, al ser vertidos en el ámbito de una audiencia, observables en este caso, entiendo deben ser tenidos en cuenta como antecedente de su actuación”.

 

 

 

Pero en lo central de la resolución, Bruglia subrayó “el hecho que dio origen a estas actuaciones reviste particularidades que indefectiblemente le otorgan una importante gravedad de trascendencia institucional”.

 

 

 

“Además de atentarse contra el derecho fundamental a la vida de una persona, la particularidad del caso, en atención a la investidura institucional ostentada, ha puesto severamente en riesgo los preceptos y valores de convivencia democrática y del orden constitucional. Baste recordar la imagen de un sujeto que increíblemente logró colocar y gatillar un arma cargada con proyectiles a centímetros de la cabeza de quien detentaba en ese momento la Vicepresidencia de la Nación”, escribió.

 

 

 

En ese contexto, Bruglia agregó: “este singular escenario exige, sin duda alguna, una actividad y respuesta jurisdiccional, donde impere una investigación profusa y sin demoras, en la que se considere y se agote toda línea de investigación que pueda tener algún impacto en la hipótesis delictiva. Para ello, se debe priorizar la realización del universo de medidas probatorias que resulte indispensable para determinar o descartar cualquier otra participación en el hecho, más allá de la reprochada a los sujetos que ya fueran identificados y procesados”.

 

 

 

El juez Bruglia esta semana en tribunales por la jura de los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura (Ariel Torres)

 

 

 

Pero advirtió que “la aplicación del instituto de la recusación resulta absolutamente restrictiva y las críticas a la instrucción que formula la querella para sustentar el pedido de apartamiento de la jueza -las cuales ninguna de ellas ha sido materia de revisión por parte de esta Alzada-, exceden el margen de actuación de esta incidencia”.

 

 

 

En ese sentido subrayó que la querella desplegó en el pedido de recusación cuestionamientos a la instrucción, cuando ya “ha tenido la oportunidad legal de plantear su desacuerdo con lo decidido por la magistrada de grado, para obtener una respuesta jurisdiccional al respecto que, más allá que resulte o no favorable a su pretensión, se trata justamente de la utilización de los mecanismos adecuados que ofrece la normativa procesal para discutir cuestiones como las enumeradas en esta incidencia al motivar la recusación formulada”.

 

 

 

Y en ese contexto añadió que no se puede admitir una recusación cuando se utiliza “como un instrumento eficaz para separar al juez interviniente del conocimiento de la causa cuando sus resoluciones no le sean favorables, contrariando las normas constitucionales que contemplan el principio del juez natural”.

 

 

La pista Casablanca que apunta a Milman

Gerardo Milman (Maximiliano Luna)

 

 

 

 

La llamada pista Casablanca nació 23 días despues del intento de asesinato a CFK cuando un viernes a la tarde un asesor legislativo llamado Jorge Abello se presentó en tribunales para decir que dos días antes del intento de homicidio había escuchado en una mesa contigua del bar Casablanca, a metros del Congreso, decir al diputado Milman: “Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”. El hombre aclaró que estaba con su cuñado pero que él no escuchó esa frase. Juró no haber hablado con nadie del tema, aunque después se aportó

 

 

 

 

 

 

 

La jueza Capuchetti abrió un legajo reservado: ahí, a través de filmaciones, confirmó que el legislador estuvo en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso, con dos colaboradoras, como dijo el testigo. Llamó a declarar a las mujeres Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco. Y las dos desmintieron haberlo escuchado decir eso. Fue entonces que la querella pidió secuestrarle los teléfonos a las testigos. La jueza rechazó el pedido. Ese fue el quiebre de la relación con la jueza.

 

 

 

La querella apeló ante la Cámara Federal esa decisión y reclamó el secuestro de los celulares. Lo dijo igual avisando que seguramente esa prueba ya se haya frustrado y no tenga sentido, en el marco de la lluvia de críticas a la investigación.

 

 

 

En ese contexto, los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens hicieron hincapié en que “las conversaciones o comunicaciones de cualquier índole que pudiesen mantenerse vía telefónica se encuentran dentro del ámbito de la privacidad e intimidad protegido por los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional y Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Sin embargo, aclararon, “estas garantías no son absolutas, existiendo diversos requisitos que se deben observar para que pueda considerarse válido entrometerse en estos ámbitos de la vida de una persona”.

 

 

 

En este marco, la Cámara Federal sostuvo que la solicitud de la querella “se presenta como procedente, pero no admite discusión en cuanto a que debe ser llevada a cabo como ultima ratio, en tanto acarrea una intromisión al ámbito de la privacidad de personas no imputadas en autos”.

 

 

 

“Sin perjuicio que esta circunstancia podría ser eventualmente protegida a través de una estricta limitación relacionada con el objeto que se pretende acreditar, se advierte como indispensable que, previo a llevarse a cabo la diligencia en cuestión, se proceda a efectuar otras menos lesivas y que, inclusive, se evidencian como más precisas a los fines perseguidos, los que se circunscriben exclusivamente a corroborar o descartar el extremo traído a conocimiento del juzgado instructor por parte del testigo Abello, en cuanto a que Gerardo Milman habría proferido, en la fecha y hora por él indicadas, la frase ‘cuando la maten, yo estoy camino a la costa’.”

 

 

 

 

 

 

Marcos Cleri, diputado del FDT que será convocado a declarar (NA)

Fue así que la Cámara ordenó:

 

 

 

-citar a declarar al diputado Marcos Cleri. Bajo sus órdenes trabajaba Abello. Cuado la pista Milman ya se había difundido en los medios y este diputado del PRO se había presentado con un escrito para desmentir lo que entendió una “operación” en su contra, se entregó a la causa una captura de pantalla del teléfono de Cleri, en donde se lee un mensaje de Abello diciendo: “Marcos, ayer cuando salí de tu oficina fui con mi cuñado a comer a Casablanca. Al lado mío estaba (Gerardo) Milman con dos pibas y graciosamente decía ‘cuando la maten yo estoy camino a la costa’ y se mataban de risa. Y están las cámaras que no me dejan mentir. Hdmp lo escuché. Creeme estoy temnlando (sic)”.

 

 

 

La Cámara Federal sostuvo que “se evidencia como indispensable la convocatoria a prestar declaración testimonial al Diputado Marcos Cleri -quien presentó al legajo una certificación notarial de una captura de pantalla de su teléfono celular, de la cual se desprendería la recepción de un mensaje enviado por Abello, el día del hecho que conforma el objeto de esta causa- a los efectos de que se explaye sobre los detalles de dicha conversación y manifieste si, posteriormente, efectuó a terceras personas alguna mención al respecto, ya sea en forma presencial, mediante un mensaje, comunicación telefónica o por cualquier otro medio, y en su caso, se disponga lo necesario para obtener la acreditación que corresponda mediante la adopción de las diligencias pertinentes”.

 

 

 

 

Jorge Abello

-también se ordenó ampliar la declaración testimonial recibida a Jorge Alberto Abello, “con el objeto de averiguar si, además del mensaje que le envió a Cleri, ha comentado lo que escuchó a terceras personas, ya sea en forma presencial, mediante un mensaje, comunicación telefónica o por cualquier otro medio, y en su caso, se disponga lo necesario para obtener la acreditación que corresponda mediante la adopción de las diligencias pertinentes”. En su primera declaración dijo que no lo había hablado con nadie.

 

 

 

- citar al diputado Mario Leito, quien, “según los dichos de Abello y su cuñado Rende, se habría encontrado en una mesa aledaña tanto a la propia como a la de Gerardo Milman, con el objeto de consultarle si escuchó la frase en cuestión, o si puede aportar algún dato de relevancia para el caso”.

 

 

 

“Frente a ese panorama y dependiendo del resultado que arrojen las diligencias aquí referenciadas, como cualquier otra que pudiera considerar relevante la instrucción, será entonces necesario reevaluar si se encuentra debidamente justificada, de acuerdo a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad antes referenciados, la producción de la medida de secuestro peticionada por la parte acusadora, la cual deberá estar exclusivamente dirigida a la comprobación, en los teléfonos celulares de las testigos Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco, de la existencia de cualquier mención a los dichos que, según Abello, habría proferido Gerardo Milman en la jornada del 30 de agosto del corriente año”, sostuvieron los jueces

 

 

 

Según plantearon, “esa búsqueda, entonces, deberá limitarse a un acotado y prudente lapso temporal posterior a esa fecha, y podrá ser materializada por la magistrada, tal como lo ha sugerido la propia querella, a fin de preservar aquella información que no guarde estricta relación con el caso”.

 

infobae.com