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Esta inconsistencia, sumada a la distorsión de precios relativos, puede durar un tiempo, pero a costa de más inflación futura

 

 

 

Un trabajador de un supermercado cambia los precios a unos productos en la ciudad de Buenos Aires 

 

 

El ministro Sergio Massa confesó ante un calificado auditorio empresario que si no bajan la inflación no podrán “ganar las elecciones”.

 

 

 

Como considero que, siendo el animal político que es, pondrá todo lo que esté a su alcance para crear las condiciones para un resultado electoral favorable para su coalición de gobierno, interpreto su mensaje por la positiva. “Vamos a intentar ser competitivos en las elecciones presidenciales, por lo tanto, vamos a trabajar para bajar la tasa de inflación”.

 

 

 

Se le atribuye a Saint Exupéry la máxima que dice: “Un objetivo sin plan es sólo un deseo”. Dado que no quiero reducir la declaración del ministro a “sólo un deseo”, permítanme explorar “el plan”.

 

 

En primer lugar, Massa ha reiterado que no va a haber un salto en el tipo de cambio oficial. Es un primer paso en la política antiinflacionaria, puesto que, en las condiciones actuales de la economía argentina, sin un programa fiscal y monetario consistente y sin reservas suficientes, cualquier salto en el tipo de cambio implica un salto cuasi inmediato en la tasa de inflación.

 

 

 

Sin embargo, ya existe un grupo de bienes cuyos precios empiezan a vincularse con la evolución de los precios de los dólares alternativos.

 

 

 

En efecto, dadas las restricciones crecientes a las importaciones, y la alternativa disponible de importar con “dólares propios”, muchos productos que incluyen insumos importados empiezan a fijar algún componente de sus precios sin tener en cuenta el precio del dólar oficial. ¿Cuántos son y en qué proporción? Lo ignoro, pero el número no es cero.

 

 

 

En ese contexto, se va a reiterar hasta fin del año el artificio del dólar soja, a un precio “especial” de 230 pesos por dólar, a la espera de unos USD 3.000 millones para engrosar transitoriamente las reservas y, de paso, recaudar derechos de exportaciones para cerrar el desequilibrio fiscal del año.

 

 

Es decir, en el plano cambiario, por ahora el plan antiinflacionario implica no hacer un salto brusco en el tipo de cambio, incrementando transitoriamente las reservas para pasar el verano. Aun cuando el tipo de cambio oficial tiene hoy un peso algo menor en la fijación de precios internos, por lo comentado respecto de las importaciones a dólar libre.

 

 

El segundo “instrumento” antiinflacionario, ha sido la introducción del sistema de “precios justos” con congelamientos del precio de algunos bienes de consumo masivo y la autorización para aumentos del 4% de otros bienes, también para pasar el verano.

 

 

 

No está claro si esta pretendida convergencia a la baja de la tasa de inflación irá acompañada de una reducción del ritmo de ajuste diario del precio del dólar oficial, como complemento.

 

 

Hasta aquí entonces, el plan antiinflacionario consiste en acumular, aunque sea por un rato reservas, de manera de alejar expectativas de devaluación brusca y un pseudo congelamiento parcial de precios para, en principio, “parar la pelota” y frenar el ritmo de 6-7% mensual al que se mueve la inflación argentina.

 

 

 

Insisto, no queda claro cómo juega aquí la tasa de devaluación diaria y si se instrumentará completamente la reducción de subsidios a la energía y al transporte -suba de tarifas- que está a mitad de camino, incluyendo o no la actualización de dichos ajustes en base a la tasa de inflación de los próximos meses. En ese sentido, podríamos incluir como instrumento complementario un menor ritmo de la devaluación del dólar oficial y una ralentización del ajuste de tarifas.

 

 

 

Pero aún si fuera consistente para bajar la inflación la convivencia del congelamiento de algunos precios, junto a una devaluación diaria más cercana al 6% mensual que al 4% y un ajuste tarifario que achique en algo los subsidios económicos incluidos en las tarifas públicas, junto con el racionamiento de las importaciones, los aumentos anunciados de salarios y de gasto social, nos queda revisar el capítulo monetario del “plan”.

 

 

 

A estas alturas, repetir que más allá de los componentes “multicausales” la inflación es claramente un fenómeno monetario, parece una perogrullada.

 

 

 

En el caso argentino, el origen principal de los desequilibrios monetarios es el déficit fiscal y, desde hace un tiempo, el financiamiento indirecto de la deuda pública interna que es déficit fiscal pasado más sus intereses.

 

 

 

A este origen de la emisión es necesario agregarle la emisión de pesos destinada a la compra de dólares -en un contexto en dónde los exportadores están “obligados” a venderlos- y la emisión de pesos destinada a pagar los intereses de la deuda del Banco Central, las tristemente célebres leliqs.

 

 

 

Para ponerlo en negro sobre blanco, la oferta monetaria bruta -con perdón de la palabra- se compone de la emisión para financiar el déficit fiscal (que está siendo menor, pero no deja de ser déficit); la emisión para comprar deuda pública que el sector privado no quiere renovar y sostener sus precios. La emisión para comprar dólares -dicho sea de paso, el nuevo dólar soja explicita una emisión de aproximadamente el 15% de la Base Monetaria en sólo un mes-. Más la emisión para pagar los intereses del stock de leliqs que coloca el Banco Central para trasformar la oferta bruta en oferta neta. Es decir, el Central emite pesos y luego coloca más leliqs, para retirar parte de ese exceso de oferta monetaria, y lograr un menor incremento de la oferta neta.

 

 

 

Pero este aumento de la oferta neta es la contracara de una demanda de dinero -la cantidad de pesos que cada uno de nosotros quiere tener en el bolsillo- que, como reconoció el Viceministro de economía, está cayendo.

 

 

 

Es decir, tenemos un mercado monetario en dónde la oferta aumenta, y la demanda baja. En todo mercado en dónde sube la oferta de un producto y la demanda de dicho producto se reduce, el precio cae hasta equilibrar oferta con demanda. Cuando el “producto” en cuestión es el dinero, que su precio baje, significa que la tasa de inflación sube.

 

 

 

No quiero caer en tecnicismos, ni pretendo dar una clase de política monetaria en una columna de opinión, así que tendrá que creerme, la tasa inflación puede verse como el impuesto que financia el déficit fiscal, o el “precio” que equilibra el mercado monetario.

 

 

 

Y ese ajuste del mercado monetario se produce canalizando el exceso de pesos hacia más demanda de bienes y servicios, y hacia más demanda de dólares libres, impactando en la brecha y, al final del día, en las reservas. Es de esta manera, con aumento de la tasa de inflación, que se equilibra un exceso de oferta monetaria y/o una caída de la demanda de pesos.

 

 

 

Ahora bien, la tasa de inflación que cierra el déficit del año próximo y equilibra el mercado monetario es sustancialmente más alta que la que surge del congelamiento de los precios de algunos bienes y servicios o del objetivo explícito del plan verano, arrancar el otoño con una tasa de inflación del 3% mensual en abril próximo.

 

 

 

Tengan en cuenta que la emisión bruta, para el 2023 en una estimación conservadora, duplica a la del 2022, en un año electoral, que siempre trae más presiones para aumentar el gasto público y más deseos de dolarización.

 

 

 

Aún si dicho objetivo “milagrosamente” se alcanzara en abril, sería a costa de una distorsión mayor de precios relativos, presiones fuertes sobre el mercado de cambios, restricciones crecientes, y caída del nivel de actividad.

 

 

 

En síntesis, el Gobierno ha diseñado un “plan antiinflacionario” sólo mirando los aspectos no monetarios de la inflación, mientras agrava los monetarios.

 

 

 

Esta inconsistencia, sumada a la distorsión de precios relativos, puede durar un tiempo, pero a costa de más inflación futura.

 

 

Corrigiendo a Saint Exupéry, “un objetivo con un mal plan, no es solo un deseo, es un probable fracaso”.

 

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