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...que no será candidata en 2023. Crónica de una jornada histórica: en Argentina nunca se había sancionado a un mandatario en ejercicio

 

 

Fue un día histórico en sentido estricto. Por primera vez, en la Argentina una personalidad política de primer nivel fue condenada a una pena de cárcel por un delito de corrupción mientras ejerce un alto cargo en el gobierno. Un tribunal federal declaró ayer a Cristina Kirchner culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y la inhabilitó a perpetuidad. La decisión sin precedentes se tomó en la “Causa Vialidad”, que investigó la obra pública de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo.

 

 

 

La vicepresidenta reiteró los mismos argumentos políticos para defenderse de los delitos que se le imputan pero sumó una novedad. Pese a que integró desde 2003 la centralidad absoluta del poder político en Argentina -incluso durante los cuatro años de Mauricio Macri- afirmó que la condenaron porque “yo nunca voy a ser una mascota del poder”.

 

 

 

La vicepresidenta habló luego de que fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos por defraudación al Estado en la causa Vialidad

 

 

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso fueron los responsables de un veredicto que todavía no tiene efectos jurídicos prácticos pero sí efectos políticos inmediatos: la jefa del Frente de Todos pronunció un estridente discurso por las redes sociales en el que embistió contra la Justicia y anunció como un desafío a sus rivales que no será candidata a nada el año que viene.

 

 

 

 

 

Aunque se declaró artífice y protagonista de los cuatro gobiernos kirchneristas de las últimas dos décadas, se declaró víctima de una “mafia” y de un “Estado paralelo”.

 

 

Durante casi una hora, la vicepresidenta se ocupó de darle difusión a la operación de espionaje ilegal contra jueces, fiscales y empresarios, con el objetivo de desprestigiar a la Justicia, la oposición y los medios de comunicación. Ahondó en el contenido de supuestos mensajes, cuya veracidad es incierta por la propia ilicitud de su origen, que reveló el lunes el presidente Alberto Fernández por cadena nacional.

 

 

En la transmisión por Youtube, Cristina Kirchner se dedicó a hablar de las supuestas comunicaciones que tuvieron los participantes del viaje a la mansión de Lago Escondido del magnate Joe Lewis. Ninguno de ellos tiene relación con el expediente por el cual terminó condenada, pero les sirvieron de insumo para su teoría.

 

 

“Mafia y Estado paralelo. Eso es lo que está pasando en la Argentina y eso es lo que hoy me condenó a seis años de cárcel y a inhabilitación perpetua. Esta es la verdadera condena, esto es lo que querían, la inhabilitación perpetua”, afirmó y reiteró el argumento de que la quieren “presa o muerta”.

 

 

 

 

 

 

Condena, democracia e instituciones

 

 

La condena a Cristina Kirchner tuvo una característica histórica, debido a que nunca antes en la historia argentina se había condenado a un político mientras ejercía un alto cargo. Al decidir tres jueces de primera instancia sancionar a la personalidad política más poderosa del país, las instituciones democráticas mostraron una fortaleza y solidez inéditas.

 

 

Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los tres jueces que juzgaron a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

 

 

 

 

Ni el ex presidente Carlos Menem, por contrabando de armas; ni el ex vicepresidente Amado Boudou, por la apropiación de la fábrica de imprimir dinero de Ciccone, habían recibido las sanciones mientras ostentaban una posición real de poder. De hecho, el riojano estuvo virtualmente protegido por los fueros del Senado, que el peronismo nunca aceptó quitarle.

 

 

 

 

 

 

Más allá de que sectores de las orillas del kirchnerismo mantuvieron sus movilizaciones de protesta -como un puñado de militantes de MILES, la organización piquetera de Luis D’Elía- el grueso de La Cámpora y el peronismo desactivaron las marchas y las medidas de fuerza con las que amagaron la semana pasada.

 

 

 

No hubo paros generales, ni se cerró el Estado como anunciaron sindicalistas ultra cristinistas que se amontonaron para defenderla. En los hechos, funcionaron las instituciones, se aceptó la decisión de los jueces y, más allá de las quejas y el discurso ruidoso de la vicepresidenta, no hubo desbordes ni reacciones políticas destempladas.

 

 

 

Aunque para este miércoles se anunciaron declaraciones de repudio y más críticas hacia el Poder Judicial, el peronismo parece decidido a enfrentar en términos políticos una situación adversa, que compromete aún más sus chances electorales para el año que viene. A una crisis económica se le agrega un enrarecimiento del clima social.

 

 

 

El poder es el otro

“No soy mascota. Yo nunca voy a ser mascota del poder, esto quiero decirlo. Y no ser mascota del poder, como dice esa canción del Indio Solari que tanto le gusta a Máximo, mover la patita, hacerte la muertita, bueno, conmigo no. Yo mascota de ellos no voy a ser nunca. Así me den no 6 años, me den 20 años y me condenen”.

 

 

 

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La vicepresidenta pronunció un concepto nuevo para resignificar un argumento que está incrustado en el ADN del kirchnerismo. Pese a que ejercieron el poder sin cortapisas desde la intendencia de Río Gallegos, la gobernación de Santa Cruz y la presidencia de la Nación, siempre se mostraron víctimas y rivales de los “poderes fácticos”.

 

 

 

Es, en concreto, la forma que encontraron Néstor y Cristina Kirchner para desalojar de la discusión por el poder a los partidos y dirigentes políticos. En ese paisaje modelado con deliberada precisión, los empresarios, los medios de comunicación independientes y los jueces que no se alinearon políticamente tuvieron un papel central.

 

 

 

En el discurso -que tuvo momentos de emotividad desbordada- retomó esa caracterización, pese a que durante los cuatro años que gobernó su esposo impuso cambios tan significativos como la reforma de la Corte Suprema, ejerció ocho años la Presidencia, tuvo un rol clave en los cuatro años del macrismo, y mantiene actualmente un derecho de veto sobre rumbo y medidas concretas por encima del presidente.

 

 

 

Dolor de cabeza. Alberto Fernández junto a Cristina Kirchner, cuando todavía no la habían condenado.

 

 

¿Quién le impidió a Alberto Fernández nombrar a Daniel Rafecas como Procurador General? ¿Quién obligó al presidente a prescindir de Martín Guzmán y una decena de funcionarios más? ¿Quién impidió en el Senado nombrar los pliegos de generales que mandó el presunto jefe supremo de las Fuerzas Armadas? Son preguntas retóricas que señalan, en los hechos, a la persona que ejerce el poder real.

 

 

 

 

Los medios y las tapas

 

 

Durante su discurso posterior a la condena, Cristina Kirchner se enfocó en cuestionar a los medios de comunicación como responsables últimos de su suerte judicial. La interpretación política de la vicepresidenta es que los rituales jurídicos, los procesos y los principios que intervienen cuando un ciudadano está en el banquillo de los acusados son la traducción del poder.

 

 

 

No encaja en esa cosmovisión que un delito sea investigado por un juez imparcial. “Poder es impunidad”, pronunció alguna vez un poderoso argentino que terminó muy mal.

 

 

Pero como un apéndice o nota afuera de los márgenes, Cristina Kirchner insiste en interpretar que el dueño de un diario puede ser el demiurgo detrás de sus desventuras. En tiempos de gigantes de escala global -Google, Facebook o TikTok- la vicepresidenta se enfurece y despotrica contra la tapa de un diario que le importa y leen ahora los que tienen poco menos o algo más de 70 años.

 

 

Es una agenda retro que la vicepresidenta expone de manera estridente en cada discurso y que repitió en medio del sacudón político y anímico que implicó una condena a seis por corrupción y la orden de decomisarle -a ella y el resto de los acusados- bienes por más de 84 mil millones de pesos.

 

 

 

Más allá de esa inveterada preocupación por lo que publica en su tapa un diario de papel que ya casi ni se vende en la calle, la condena a seis años de prisión fue tendencia mundial en las principales redes y plataformas. A millones de personas en distintos países les llegó el nombre de Cristina Kirchner vinculado a corrupción: lo leyeron en sus teléfonos gente que hace años no pasa las hojas de un periódico.

 

 

 

 

Factor Lula y operativo clamor

 

 

“A Cristina no hay que creerle. Es la misma que dijo cuando hablaban de su candidatura que no se hagan los rulos. Lo que busca es que le pidan que sea candidata, un operativo clamor”, asegura en diálogo con Infobae un dirigente que la conoce que bien y que ahora camina por veredas muy lejanas. Es la interpretación que da después de un discurso que, dice, le dio más ganas de dejar la política: “Más grieta. Es negocio para muy pocos”.

 

 

 

Lula Da Silva es para el kirchnerismo el modelo de reconstrucción política. De la persecución a la cárcel y de ahí a la presidencia de la Nación.

 

 

 

 

“Va en busca del operativo clamor y trata de parecerse más a Lula”, ensaya como resumen del día una reconocida analista política de una consultora con contactos en las dos orillas del poder. Cristina Kirchner simpatiza más que con Lula dirigente con el fenómeno y el recorrido que tuvo el presidente electo de Brasil.

 

 

El desafío para que la “metan presa” parece invocar aquello que le falta a Cristina Kirchner para empatar el recorrido que tuvo el líder del PT. Es que el brasileño “resucitó” después de una virtual muerte cívica que le provocó la condena y arresto efectivo por el usufructo de “apenas” un departamento en la costa.

 

 

En las presunciones kirchneristas, no está ausente la condena con cárcel efectiva para un posterior y potencial resurgimiento, venciendo al lawfare, que la propia Cristina Kirchner mandó a la archivo por ser una “ingenuidad teorizante”. Los enemigos tienen ahora nombres nuevos: son “la mafia y el Estado paralelo”.

 

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