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Y expone un grado de tensión extrema, sin antecedentes desde la recuperación de la democracia. Se espera además el primer acto de CFK luego de la condena por el caso Vialidad

 

 

 

Reunión del Presidente con gobernadores. Aval para desconocer el fallo de la Corte

 

 

El oficialismo soñaba como todos con la tercera Copa. Sueño y cálculo. Un cambio de humor social que, en su imaginario, debería unir linealmente el Mundial, las fiestas de fin de año y las vacaciones. Otro clima para discutir candidaturas y estrategia electoral con mejores perspectivas. El oficialismo se encargó de exponer batallas domésticas y grietas en pleno festejo. Notable daño propio, pero en rápido segundo plano frente a la decisión, grave, de escalar en la pelea con la Corte Suprema, al borde del abismo institucional. En ese encierro, ya no se trata sólo del núcleo del discurso. La prueba, aún abierta, es en el caso de la poda de recursos a la gestión porteña: marcará bastante más que el verano.

 

 

 

Sobresalen en estas horas dos especulaciones que se entrecruzan. La primera tiene que ver con los tiempos judiciales, aunque breves en esta oportunidad, suficientes para dilatar el momento crucial hasta después de enero. Y la segunda es qué hará efectivamente el Gobierno -el Presidente y de allí para abajo, todos los involucrados en la cadena de decisión- si la Corte, como se supone, rechaza los planteos del Ejecutivo y no deja margen para eludir la ejecución de sus decisiones. Se trata de un mayor giro de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.

 

 

 

En cuanto a los tiempos, se espera que el lunes o en los pocos otros días que quedan hasta fin de año muevan sus fichas Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. El Presidente, con presión y respaldo de gobernadores peronistas y aliados -algo menos de lo esperado-, anticipó que recusará a los cuatro jueces de la Corte y planteará una revocatoria “in extremis” de la resolución del tribunal. El jefe de Gobierno porteño anticipó que reclamará por la efectivización de la respuesta al amparo, es decir, la concreción diaria del mayor flujo de fondos coparticipables.

 

 

Los dos recursos del Ejecutivo, según estiman en medios judiciales, serían rechazados por falta de sustento jurídico, pero luego de cumplir los pasos de rigor con las dos partes. El tema es que después habría un tiempo de descanso por la feria judicial. Se verá. Y el punto volverá a ser el de inicio: ¿sostendrá el Presidente el desconocimiento de la decisión de la Corte?

 

 

 

Se trata de un tema que lo coloca en el primer nivel de responsabilidad, como cabeza del Ejecutivo, pero no en soledad, en términos prácticos. Si la Corte finalmente ordena aplicar sin alternativas su resolución, el desacato se transformaría en una decisión escalón por escalón, es decir, desde el Presidente para abajo, incluyendo a Economía, la AFIP, el Banco Nación. Ese sería un dato, central, si la cuerda se tensa al máximo.

 

 

 

Alberto Fernández tuvo registro del cuadro interno apenas conocida la decisión de la Corte. Jorge Capitanich, antes incluso que Axel Kicillof, reclamó y de manera pública que Olivos no acatara la medida, que no significa el pronunciamiento de fondo aunque pueda sugerirlo. El Presidente resolvió entonces convocar a los gobernadores para sostener la respuesta. Fueron los jefes de catorce provincias y entre ellas no se contaron Santa Fe ni Córdoba. Omar Perotti mantiene juego propio y Juan Schiaretti no está alineado con el Gobierno y busca un perfil nacional.

 

 

 

Horacio Rodríguez Larreta hará su reclamo la semana que viene, para que se haga efectivo el fallo

 

 

 

 

Hubo algunos gobernadores, al menos cuatro, que prefirieron cuestionar la resolución judicial pero sin acompañar la posición de quiebre institucional. Fueron maneras diferentes de entender la gravedad del tema y de defender intereses locales, no en cuanto a la coparticipación pero sí en materia de obras con financiamiento de la Nación. En otras palabras, no asomó como un gesto de solidaridad con el Presidente. Muchos gobernadores avanzan con planes electorales propios y despegan sus comicios del calendario nacional.

 

 

 

La oposición, en tanto, discutió una reacción que además del discurso tuviera chances efectivas. De entrada, surgieron algo así como tres niveles. En primer lugar quedó, naturalmente, la nueva presentación de la Ciudad ante la Corte. En paralelo, Lilita Carrió y el espacio republicano avanzaron por el camino de la denuncia penal al Presidente y otros funcionarios. Los bloques de legisladores impulsarán el juicio político a Alberto Fernández, un gesto político antes que una movida con alguna chance.

 

 

 

El foco de la semana que viene también estará puesto en otro tema de vinculación directa con el creciente clima de tensión en el frente judicial. Volverá al escenario Cristina Fernández Kirchner, en lo que será el primer acto luego de la condena por la causa Vialidad. Será el martes, en Avellaneda, según anunció Jorge Ferraresi.

 

 

 

La movilización de las estructuras del kirchnerismo fue postergada dos veces. Se iba a producir como gesto de aval a la ex presidente, en el marco de un encuentro del Grupo de Puebla. CFK sufrió un problema de salud y luego la demostración fue suspendida por el Mundial. Estaba claro que era una respuesta política a la condena y un nuevo gesto hacia la interna, luego de que anunciara que no sería candidata a cargo alguno en el 2023.

 

 

 

La ex presidente coloca en el centro de todos sus últimos discursos el rechazo a los juicios que enfrenta y que están en diferentes instancias. El argumento es repetido: se trata de enfrentar a un poder, mediático y empresarial, que cuenta con la Justicia – el Partido Judicial- como brazo ejecutor de golpes de Estado que ya no requieren de militares.

 

 

Como un eco, el pronunciamiento de Alberto Fernández muestra alineamiento interno: descalifica a la Corte como cuerpo. Con ese tono, CFK ya marca el territorio de la disputa electoral que se avecina.

 

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