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...exponga sobre la escandalosa cesión de terrenos provinciales a integrantes de pueblos originarios. Califican la gestión como “una vergüenza”

 

 

 

Mientras la provincia de Mendoza se prepara para ir a la Corte Suprema de Justicia a litigar contra la Nación por la cesión de tierras provinciales a comunidades mapuches, 25 diputados de Juntos por el Cambio decidieron citar al presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Alejandro Marmoni, para que explique al Congreso las decisiones tomadas por el organismo que depende del Ministerio de Justicia.

 

 

 

Encabezados por Carla Carrizo (Evolución Radical-CABA), los funcionarios de JxC presentaron un pedido para que Marmoni vaya al Congreso a explicar “por qué se violó la ley 26.160 al adjudicarse, en forma unilateral y sin consulta con las autoridades de Mendoza, 25 mil hectáreas a comunidades mapuches que originaron la semana pasada un conflicto con el gobierno provincial”.

 

 

 

Para la diputada, lo que está sucediendo en la provincia cuyana “no es una excepción, es más bien la regla, porque no es la primera vez que el INAI es acusado de negligencia, arbitrariedad y mal desempeño”. Además, según la dirigente, la ley de Emergencia para relevar las comunidades originarias tiene 17 años y ya van ocho informes de la Auditoria General de la Nación que advierten los problemas de este organismo. “Pero pasan los gobiernos y la ley se prorroga sin que el INAI rinda cuentas en el Congreso, nunca lo hizo en todos estos años”, agregó la diputada.

 

 

 

Tierras otorgadas a los Mapuches en Mendoza

 

 

 

 

Por otro lado, en los próximos días, la administración del gobernador radical Rodolfo Suárez presentará un recurso administrativo frente al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para que se detenga la entrega de tierras a comunidades indígenas y se declaren inconstitucional las últimas tres resoluciones que habilitaron la cesión de las mismas. “Si lo rechazan, que es lo más probable, porque es el mismo INAI quien tiene que aceptarlo o no, vamos a ir derecho a la Corte Suprema de Justicia porque es un problema entre la administración provincial y la Nación”, explicaron desde la provincia.

 

 

 

Desde 2021, Carrizo pide que lo haga, porque ese año vencía la Ley 26.160. Entonces el Presidente terminó prorrogándola por DNU, sin debate ni evaluación. En 2022, la diputada de Evolución reclamó que, cumpliendo el mismo DNU, el INAI informe el avance de los relevamientos en las tierras. “Tampoco ocurrió y, en agosto, renunció la titular, así el organismo estuvo acéfalo por meses hasta fin de año. Ahora vemos que la nueva gestión, en vez de resolver conflictos, sigue la misma línea que la gestión anterior de Magdalena Odarda, los genera y multiplica”, detalló la diputada del sector que lidera Martín Lousteau.

 

 

 

En las últimas semanas el INAI publico? diversas resoluciones (36/2023, 42/2023 y 47/2023), sobre relevamientos territoriales en la provincia de Mendoza, que reconocieron la posesio?n de alrededor de 25 mil hecta?reas a diversas comunidades pertenecientes al pueblo mapuche, pro?ximas a los departamentos de San Rafael y Malargu?e, que motivaron objeciones del gobernador de la provincia, Rodolfo Suarez, que iniciará acciones judiciales. Además, el otro conflicto es que, en la última operación, las tierras entregadas tienen 52 pozos petroleros debido a que buena parte está asentada en una zona de Vaca Muerta.

 

 

 

Historia de una ley

En 2006, el Congreso sancionó la ley 26.160 que declaró la emergencia en materia territorial de las comunidades indígenas originarias por el término de cuatro años. Pasaron 17 y fue prorrogada sucesivamente sin rendición de cuentas en el Congreso. La última fue por un DNU en noviembre del año pasado y luego se extendió la vigencia de la normativa hasta el 23 de noviembre de 2025.

 

 

 

Para cumplimentar esta ley se asigno? un presupuesto extra de 290 millones por cada an?o para realizar los relevamientos y se estipuló que deben ejecutarse con la intervención del Estado provincial. Lo que tampoco ocurrió en el caso de Mendoza que se denuncia.

 

 

El proyecto lleva las firmas de Carla Carrizo, Martín Tetaz, Pablo Torello, Emiliano Yacobitti Soledad Carrizo, Danya Tavela, Paula Omodeo, Marcela Antola, Carlos Zapata, Gabriela Brouwer de Koning, Jimena Latorre, Pamela Verasay, Carolina Castets, Dolores Martínez, Alejandro Cacace, Fernando Carbajal, Victoria Tejeda, Marcela Campagnoli, Gustavo Bouhid, Germana Figueroa Casas, Rubén Manzi, Anibal Tortoriello, Hernán Lombardi, Camila Crescimbeni, Virginia Cornejo, Ana Clara Romero y Alberto Asseff.

 

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