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...o dictámenes que oportunamente ellos emitieran en causas judiciales que se encuentran en trámite”

 

 

Ricardo Toranzos, el presidente de la AFFUN (Quique Galletto)

 

 

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Publico Fiscal de la Nación (AFUUN) criticó que jueces y fiscales sean citados a declarar como testigos a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados “para ser interpelados por la procedencia o pertinencia de resoluciones o dictámenes que oportunamente ellos emitieran en causas judiciales que se encuentran en trámite”. Y agregó que se agrava “en el marco de un proceso ajeno a sus personas, en donde se analiza el enjuiciamiento de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

 

 

 

Lo hizo a través de un comunicado en el que resaltó que las decisiones que tomaron los jueces y fiscales “ya se encuentran sometidos a los controles recursivos y administrativos exigidos por el ordenamiento procesal vigente, existiendo un procedimiento específico y diferente para el cuestionamiento del desempeño de los/las magistrados/as”.

 

 

 

El gobierno nacional impulsa el juicio político a los cuatros jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, y la Comisión de Juicio Político inició la semana pasada la etapa de prueba con la declaración de testigos. Lo hicieron dos jueces federales, Sebastián Ramos -de Comodoro Py- y Alejo Ramos Padilla -de La Plata-. El primero fue el que archivó una denuncia contra Silvio Robles, vocero de Rosatti, por la filtración de chats ilegales con Marcelo D´Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires en licencia. El segundo resolvió abrir una investigación por el mismo tema pero remitió el expediente a Comodoro Py.

 

 

 

Ahora será el turno de la declaración del fiscal federal Carlos Stornelli, quien dictaminó por archivar la denuncia contra Robles.

 

 

 

 

“En efecto, la citación en carácter de testigos, exigiendo que las/los fiscales declaren bajo juramento sobre su propio proceder o sobre cuestiones inherentes a las partes de una causa, no solo pueden traer aparejadas violaciones de garantías constitucionales básicas, sino que también pueden interpretarse como perturbaciones al ejercicio de sus funciones, afectando la seguridad jurídica de un Estado Democrático”, sostuvo AFFUN, entidad presidida por Ricardo Toranzos.

 

 

 

La AFFUN le pidió “a las autoridades parlamentarias en cuestión, a extremar la mayor prudencia posible en su obrar, atento la gravedad institucional de los temas que deben tratar, para evitar cualquier interpretación de injerencia indebida en perjuicio del principio de separación de poderes, que prohíbe asumir a los otros poderes del Estado, de manera indirecta, funciones jurisdiccionales”.

 

 

 

La Comisión de Juicio Político (Maximiliano Luna)

 

 

“Este llamado de atención, en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial, por el contrario tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que les corresponde a los fiscales en el legítimo ejercicio funcional, en defensa de lo establecido en el artículo 120 de la CN y las leyes reglamentarias que rigen su ejercicio”, completó.

 

 

 

La Asociación de Fiscales no es la primera en pronunciarse sobre la citación de funcionarios judiciales para que declaren como testigos. La semana pasada hizo lo mismo la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

 

 

 

 

“Tanto como no es función de los magistrados pronunciarnos acerca de la forma en que desempeña sus funciones los poderes legislativos y ejecutivos rechazamos cualquier intento de ellos de atribuirse facultades que no les corresponden”, afirmó la Asociación, con la firma del presidente Marcelo Gallo Tagle y el secretario general Marcelo Peluzzi.

 

 

 

 

“Ni los fiscales deben explicar sus dictámenes a las señoras y señores diputadas y diputados de la Nación ni los jueces sus decisiones”. En esa línea, se añadió: “Existen para las partes las herramientas recursivas correspondientes y también eventualmente las disciplinarias”.

 

 

 

“El contenido de la sentencia, producida en el marco de los códigos procesales, debe ser respetada porque de ello depende la seguridad jurídica, que en definitiva base al Estado de Derecho. Suscribo por ello las palabras de la Asociación”, acotó la jueza y miembro del Consejo de la Magistratura Alejandra Provítola, representante de otra facción dentro de la entidad.

 

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