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...terminar el gasoducto de Vaca Muerta

 

 

 

El 20 de junio, el Día de la Bandera, el ministro de Economía, Sergio Massa, quiere poner en marcha la primera etapa del gasoducto que une la localidad neuquina de Tratayen con la ciudad bonaerense de Saliqueló

 

 

 

 

Son tiempos de contradicciones en la Argentina. Esta semana, mientras exponía uno de sus informes habituales frente a empresarios y ejecutivos extranjeros, el economista Miguel Kiguel describía las dos realidades del país esquizofrénico.

 

 

Por un lado, las cifras de la decadencia que conocen hasta los chicos de la secundaria. La inflación que, salvo un milagro, va en camino del 120% anual para cuando termine el año. Las reservas netas líquidas del Banco Central, con saldo negativo de U$S 2.700 millones (probables U$S 8.000 millones negativos hacia diciembre), y la sequía impactando fuerte sobre los ingresos por exportaciones agropecuarias. Todo en un contexto de confrontación interna y encuestas adversas contra el Gobierno.

 

 

Pero lo que más les llamó la atención a quienes escucharon al economista de EconViews fue el final de su exposición. Porque más allá del bajón que significa explicar la Argentina, tuvo un espacio de optimismo para el futuro cercano. Kiguel explicó que, si se aprenden las lecciones de las experiencias pasadas, habrá otra oportunidad para quienes les toque gobernar la Argentina.

 

 

Kiguel no lo dijo taxativamente, pero todos compartieron la sensación de que se trata de una última oportunidad para el país que va perforando un subsuelo en cada gobierno. “Hay tremendas oportunidades en minería, petróleo y gas, y en agro negocios. Tanto que podrían aumentar el ingreso anual por exportaciones en U$S 25.000 millones relativamente rápido”.

 

 

Las proyecciones de Kiguel, que comparten otros economistas y consultores, estallan al mismo tiempo que las comprobaciones sobre la catástrofe de la pobreza en la Argentina. Se acababa de conocer a través del Indec que la cantidad de pobres había superado los dieciocho millones de argentinos en el segundo semestre de 2022 y que el porcentaje de chicos pobres menores de 15 años alcanzaba la vergüenza del 54,2%. Y eran datos viejos.

 

 

Porque al haber aumentado la inflación en enero, febrero y marzo, la pobreza sigue creciendo a velocidad alarmante. Los consultores privados estiman que ya ha superado el 43% en todo el país y que la pobreza infantil se acerca dolorosamente al 60%.

 

 

Y eso no es todo. La mayoría de los dirigentes políticos que trabajan en el área social reconocen que la pobreza, si no se toman en consideración los subsidios y planes sociales, abarca ya a más de la mitad de la Argentina. Un índice similar a los meses posteriores a la devaluación de 2002, cuando alcanzó el 52%.

 

 

Esos números avergüenzan sobre todo a una gran cantidad de dirigentes peronistas que prefieren no transmitir en público su desesperanza. Formados en la liturgia asistencialista de Juan Domingo Perón y Eva Duarte, y orgullosos del concepto de la movilidad social ascendente que rigió en la Argentina de las décadas pasadas, este derrumbe en el subsuelo de la pobreza les hacer alimentar las peores pesadillas sobre el futuro electoral.

 

 

Entonces, ¿Cómo relacionar este presente de súper inflación, reservas monetarias agotadas y pobreza extrema con un futuro próximo que puede albergar una oportunidad de recuperación?

 

 

Muy simple. Sucede que el fenómeno climático de La Niña auspicia, según creen los expertos, el final de la sequía y años de cosechas más abundantes. Y que, con un cambio en las leyes de inversiones, se consolidarían los proyectos para la explotación de litio. No en vano, ya se habla en los círculos mineros de “la OPEP del litio” al triángulo que conforman la Argentina, Chile y Bolivia, trazando un paralelo con el fenómeno de los países árabes que crecieron con la exportación de petróleo en la década del ‘70.

 

 

Y, sobre todo, hay una enorme expectativa puesta sobre el punto de inflexión que podría producirse en la exhausta economía argentina si se le da continuidad a los gasoductos que necesita el país para poder regresar a aquel pasado cercano de exportador de combustibles. La explotación del yacimiento no convencional de Vaca Muerta es quizás la última política de Estado que ha sobrevivido a la grieta entre el kirchnerismo y sus opositores.

 

 

El 20 de junio, el Día de la Bandera, el ministro de Economía, Sergio Massa, quiere poner en marcha la primera etapa del gasoducto que une la localidad neuquina de Tratayen con la ciudad bonaerense de Saliqueló. Son 573 kilómetros de caños de 12 metros de largo cada uno, que cruzan las provincias de Río Negro y La Pampa, y que deberán transportar 11 millones de metros cúbicos de gas natural desde la Patagonia hacia los centros agrícolas y urbanos de la provincia de Buenos Aires.

 

 

Los funcionarios de la Secretaría de Energía juran que el 20 de junio se podrá inaugurar ese primer tramo del gasoducto, y es probable que lo hagan de cualquier modo. Pero, en reserva y al igual que lo reconocen los expertos de la industria gasífera, las dificultades naturales en el aprovisionamiento de caños y en la soldadura de los mismos, harán que esa primera etapa no se complete hasta fines de agosto o comienzos de septiembre.

 

 

Se acababa de conocer a través del Indec que la cantidad de pobres había superado los dieciocho millones de argentinos en el segundo semestre de 2022 (AP foto/Natacha Pisarenko)

 

 

 

El retraso, habitual en obras de infraestructura de esta envergadura, no sería un gran problema si en el medio no estuvieran las elecciones primarias (PASO), que se celebrarán el 13 de agosto, y si por delante no estuvieran después las elecciones presidenciales del 22 de octubre. La disputa política ha sido una dificultad permanente para el desarrollo del proyecto de Vaca Muerta desde sus comienzos. Lo que está claro es que, de concretarse las cinco etapas del gasoducto (con dos tramos más cortos y plantas compresoras), la Argentina podría mejorar ostensiblemente su balanza energética deficitaria de estos tiempos y hasta volver a sumar fuertes ingresos por exportaciones como le sucedió a principios de siglo con la soja.

 

 

La Argentina debió importar, solo en 2022, cerca de 5.000 millones de dólares en importación de gas comprándolo caro a Bolivia, y más caro todavía a los barcos regasificadores. Si las proyecciones aciertan, la puesta en marcha del gasoducto de Vaca Muerta podría significar un ahorro de U$S 1.500 millones en su primera etapa, y llevarlo a cerca de U$S 3.000 en la segunda. Sería un cambio impactante para el actual drenaje de reservas monetarias, que tiene al Gobierno al borde del colapso.

 

 

 

Cada vez que puede, Cristina Kirchner reivindica haber iniciado el proyecto de Vaca Muerta en 2012 al nombrar al petrolero Miguel Galuccio al frente de YPF. Lo volvió a hacer la semana pasada, cuando escribió algunos tuits criticando a los Estados Unidos minutos antes justamente de que Alberto Fernández tuviera su cumbre en la Casa Blanca, donde lo recibió Joe Biden. Como le gusta decir a la Vicepresidenta, todo tiene que ver con todo.

 

 

Y es cierto que aquella movida de Cristina movilizó las inversiones de shale gas en Vaca Muerta, y hasta posibilitó un polémico acuerdo secreto de explotación con la compañía estadounidense Chevron. Claro que no se trató de una conversión al capitalismo. La balanza energética deficitaria del kirchnerismo, por su política de cepo cambiario, de tarifas congeladas y escasas inversiones en infraestructura, fue el talón de Aquiles que minó las reservas monetarias del Banco Central y obligó a la entonces presidenta a probar con otras recetas.

 

 

Mauricio Macri terminó derrotando al kirchnerismo en las elecciones y, con una política más enfocada en la inversión privada, intentó continuar con la explotación de Vaca Muerta. La crisis financiera internacional y el sorpresivo acuerdo con el FMI al que debió acudir demoraron algunas de sus decisiones.

 

 

Por eso, es que la licitación para el gasoducto que llevaría el combustible hasta Buenos Aires recién se licitó en el final de su gestión y cuando se encaminaba ya a una segura derrota electoral. De hecho, Macri debió postergarlo dos veces, y la tercera postergación la ordenó Alberto Fernández, quien se tomó quince meses para tomar la decisión de no decidir nada.

 

 

En febrero de 2022, el entonces secretario de Energía, el kirchnerista Darío Martínez, derogó la licitación privada del gasoducto para iniciar otro proceso con financiamiento estatal a cargo de Enarsa (que con Macri se llamaba IEASA) y ponerle el previsible nombre de Néstor Kirchner al emprendimiento que llevaba tres años siendo un proyecto de papel. Argentina extraía gas en Vaca Muerta, que no podía llevar hasta sus consumidores agrícolas y ni urbanos. Por eso, Cristina primero y Alberto después, se dedicaron a importar gas de barcos regasificadores, a precio más caro y a un dólar que se fue llevando las reservas.

 

 

 

Cuando Martín Guzmán debió renunciar a Economía y lo reemplazó Sergio Massa (casi no vale la pena recordar el intervalo imperceptible de Silvina Batakis y antes de que el Gobierno partiera en helicóptero, según el testimonio revelador del ex funcionario e intendente Jorge Ferraresi), el nuevo ministro recordó que si activaba el gasoducto y lograba potenciar la exportación de gas, podría conseguir dólares, combatir un poco mejor la inflación y convertirse tal vez en el candidato presidencial inevitable del Frente de Todos, de Cristina y Alberto.

 

 

Las cosas no resultaron como las imaginó Massa. Pero el gasoducto ha avanzado y su primera etapa estará lista para el segundo semestre. El ministro va a hacer lo imposible para poder capitalizar electoralmente su efecto, aunque lo más probable es que quien vaya a completar todas las obras necesarias para seguir exportando a Chile, y sumar ventas a Brasil y a Uruguay, sea el próximo presidente. Hoy es la oposición quien parece estar más cerca de la Casa Rosada y todos los economistas que trabajan con sus precandidatos (Martín Redrado, Hernán Lacunza, Luciano Laspina o Carlos Melconian) cuentan con la convergencia de la exportación de gas, de litio y de los granos para poder quebrar la decadencia económica de 40 años.

 

 

La Argentina de la democracia recuperada ya desperdició los cien mil millones de dólares que Carlos Menem consiguió movilizar en inversiones con el imán de las privatizaciones en la década del ‘90. Y dilapidó luego una cantidad similar de ingresos que el boom de la soja puso en manos de Néstor Kirchner y de Cristina, que se fueron en déficit fiscal, estatizaciones pésimamente ejecutadas (como la de YPF) y fraudes en la obra pública que terminaron en la Justicia y una condena para la Vicepresidenta.

 

 

Sería un nuevo milagro, y posiblemente el último, que la Argentina dispusiera de una nueva oportunidad de despegue.

 

 

Pero aquella tierra del loor al trigo, que hace un siglo anticipó Leopoldo Lugones en su poema, necesita que su dirigencia encuentro el rumbo perdido hace tanto tiempo. Se trata de volver a crecer y de frenar este castigo inmerecido de la pobreza. Si no lo hacemos, el gas, el litio y la soja siempre serán insuficientes para reconstruir algo que se parezca al futuro.

 

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