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El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof y el ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay

 

 

El ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay consideró necesario “denunciar penalmente” al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por los juicios que la Argentina perdió en el exterior. El economista calculó que el costo de las malas políticas de Kicillof asciende a USD 35.000 millones, pero actualizado por la inflación de Estados Unidos, la cifra supera los USD 40.000 millones.

 

Según Prat Gay, los costos generados por medidas tomadas durante la gestión de Kicillof fueron:

 

- USD 5.000 millones por el 50% de la compañía YPF a la española Repsol, luego de la decisión de expropiación.

 

- USD 12.627 millones por la negociación con el juez Thomas Griesa en Nueva York. “Su estrategia de pelearse con el juez y arrastrar los pies desencadenó una condena firme por el triple del valor original de la deuda”, detalló.

 

- USD 3.633 millones por la negociación con el Club de París. “Aceptó sin discutir intereses punitorios por ese monto sobre una deuda original de USD 4.955″.

 

- USD 2.764 millones por la deuda de la provincia de Buenos Aires. “Terminó aceptando todas las condiciones de los bonistas. Las obligaciones de pago en los primeros 10 años pasaron de USD 3.860 en la oferta original a USD 6.624″.

 

 

Además, aun se encuentran pendiente de resolución unos USD 8.500 millones -estimado- por el juicio con sentencia por daños y perjuicios generados por la expropiación de YPF y otros USD 2.650 millones por los juicios perdidos en Londres y Nueva York por cambio en la base de cómputo para el pago del cupón PBI.

 

 

Esta semana, la Argentina perdió una demanda presentada por cuatro fondos ante el Tribunal Superior de Londres vinculada con bonos cupones PBI y el Gobierno deberá enfrentar el pago de unos 1.330 millones de euros. Esos fondos demandaron al país en 2019 y solicitaron una indemnización de hasta 643 millones de euros (USD 704 millones).

 

 

 

Axel Kicillof durante la firma del acuerdo con Repsol luego de la expropiación de YPF

 

“En su momento, denunciamos penalmente a Cristina Kirchner y a Guillermo Moreno porque pagaron de más con el cupón de PBI, porque inflaron el crecimiento económico y había que pagarles a los bonistas por un crecimiento que no había existido”, explicó Prat Gay en declaraciones a Radio Rivadavia.

 

 

“El juicio no avanzó, pero quedó demostrado que pagaron de más, calculamos USD 2.386 millones. Es inconcebible que vengan bonistas y reclamen que el Gobierno pagó de menos, pero lo que sucedió es que Kicillof cambió la cláusula de cálculo de PBI y los bonistas dijeron que eso fue de mala fe y que, por lo tanto, tienen que ser resarcidos. Eso es absurdo, no podría haber prosperado con una buena defensa del Estado”, aseguró el ex ministro del Gobierno de Mauricio Macro.

 

 

“Entonces, fue muy desprolijo lo que hizo Kicillof, pero no creo que eso deba haber llevado a los bonistas a reclamar. Sin dudas, hubo gente que manejó el Estado como si fuera un centro de estudiantes. Ahora están llegando las consecuencias de todas las malas decisiones, de las canchereadas, de las prepotencias, que no pagan ellos, sino todos los argentinos a través del endeudamiento”, agregó.

 

 

Prat Gay también se manifestó en contra del ministro de Economía, Sergio Massa: “Podría resolver al menos un problema, en vez de patear para adelante cien problemas. Devalúa todo el tiempo tratando de que no se note pero aún así no resuelve el problema del tipo de cambio, porque algunas exportaciones tienen ventajas pero el resto siguen regidos por un dólar artificial”, enfatizó.

 

 

Según publicó Infobae, la Argentina afronta en distintos tribunales del exterior demandas de empresas privadas que buscan, en conjunto, conseguir que el Estado les pague por distintas razones más de USD 10.500 millones. La Argentina afronta desde hace años demandas de compañías privadas o de tenedores de bonos soberanos que buscan compensación por algún tipo de incumplimiento. Las razones van desde la estatización de YPF hasta el default de 2001 o la manipulación de los datos estadísticos del Indec durante el mandato de Cristina Kirchner.

 

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