10 JUL | 07:47
"Se cerró el grifo"
Nuevas medidas de ordenamiento de inversión en todas las áreas del Estado. Todos los gastos e inversiones las deberá aprobar el mismo gobernador Ricardo Quintela. Las nuevas medidas tienen como...
...objetivo principal, el ordenamiento de la inversión para garantizar salarios. obra pública y servicios escenciales.
Fuentes oficiales comunicaron que se dispusieron medidas tendientes a ordenar la gestión del presupuesto provincial a fin de garantizar la continuidad de la política de aumentos salariales en los próximos meses, el plan de desprecarización laboral, la continuidad de la obra pública y la prestación de los servicios esenciales a cargo del Estado provincial. En general las medidas establecen que las carteras ministeriales deberán supeditar la ejecución de acciones que comprometan recursos, a la autorización explícita por parte del Gobernador.
La primera de las medidas establecidas en el Decreto 1206/23 consiste en la suspensión de la incorporación de nuevo personal en la administración pública bajo cualquier figura jurídica. Esta medida no obsta a las incorporaciones en planta que forman parte del plan de desprecarización laboral que el gobierno viene llevando adelante de manera paulatina para todas las reparticiones públicas ni tampoco alcanza a la incorporación de docentes, personal de salud y de las fuerzas de seguridad que sean necesarias para garantizar la prestación estos servicios pero ateniéndose a los protocolos de designación tal como concursos y suplencias por asignación de la JUETAENO en el caso de Educación.
El decreto también establece que la contratación de nueva obra pública deberá ser expresamente autorizada por acto administrativo de la Función Ejecutiva Provincial a fin de que las que ya están en marcha y el Gobierno considera fundamental sostener por el impacto que tienen en la generación de puestos de trabajo y de movimiento económico, puedan asegurar su continuidad y financiamiento.
Igualmente, la adquisición de bienes de uso deberá ser expresamente autorizada por acto administrativo de la Función Ejecutiva Provincial, a solicitud de cada jurisdicción de la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada.
Finalmente, se invitó al Tribunal de Cuentas y a las Funciones Legislativa y Judicial a adherirse a este decreto.
