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... se presentó en el juzgado.

 

 

 

Fabian "Conu" Rodriguez

 

 

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió la detención y la indagatoria de Fabián “Conu” Rodríguez, el ex miembro del gobierno bonaerense de Axel Kicillof y hoy Subdirector General de Servicio Al Contribuyente de la AFIP, que -según se descubrió en la causa- hablaba con Ariel Zanchetta, un agente de inteligencia inorgánico que dice ser periodista y que hoy está preso acusado del espionaje a jueces, revelaron a Infobae fuentes judiciales. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, a cargo de la investigación, evaluaba la presentación.

 

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Pollicita reclamó “convocar a Néstor Fabián Rodríguez a prestar declaración indagatoria en la presente causa”, así como volver a allanar su casa y sus oficinas con el fin de disponer la detención y requisa personal del acusado, “todo ello a los efectos de garantizar su sujeción al proceso y obtener elementos probatorios que resultan de interés para la investigación”, indicaron fuentes judiciales consultadas por Infobae.

 

El objetivo es la indagatoria en el marco de la violación de la Ley de Inteligencia. “Respecto de la conducta de Néstor Fabián Rodríguez, queda claro a partir de lo expuesto en este dictamen que el nombrado participó directamente de al menos una porción de la actividad ilícita de Zanchetta a través de la selección del ‘objetivo’, como así también mediante la recepción del informe de inteligencia elaborado, lo que permitió almacenar y tener disponible para su posterior utilización, con fines que son materia de investigación”, se sostuvo.

 

 

Según sostuvo, “la recepción del correspondiente informe de inteligencia posibilitó a Néstor Fabián Rodríguez almacenar y tener disponible para su utilización la información obtenida por Zanchetta en infracción a la Ley de 28 Inteligencia Nacional, con finalidades que constituyen materia de investigación”. Y se remarcó que, “además de seleccionar el objetivo y recibir el informe de inteligencia, Rodríguez contribuyó a la conducta cometida por ZANCHETTA mediante su financiamiento con fondos públicos de la Provincia de Buenos Aires, por más de dos millones de pesos, desde su posición como Subsecretario de Coordinación de Medios de la Provincia y, luego, desde su rol en la AFIP ya que, según el mismo imputado señaló en el chat, seguía teniendo influencia en el área porque ‘todo su equipo’ había quedado ahí”.

 

 

Pollicita añadió: “no puede desatenderse el hecho de que Rodríguez, en su calidad de funcionario público provincial y luego nacional, se interesó, usó su influencia y se apropió de los fondos públicos que legítimamente estaban destinados a la publicidad oficial pero que eran utilizados en forma espuria para financiar la actividad ilícita desarrollada por Zanchetta”.

 

Tras más de semanas de secreto de sumario, la fiscalía acusó el viernes pasado a Zanchetta por violar la ley de inteligencia y pidió allanar al hombre de La Cámpora con los fines de secuestrar sus computadoras y teléfonos.

 

 

El lunes pasado, personal de Gendarmería Nacional hizo un procedimiento en la sede de esa repartición pública y en la casa del funcionario, en donde se secuestraron computadoras y documentos. Pero a Rodríguez no lo encontraron. Y, enterado de que lo estaban buscando, tampoco se presentó ante el juzgado para ponerse a disposición.

 

 

Gerardo Pollicita (Adrián Escandar)

 

Rodríguez “no se encontraba presente en su oficina de trabajo ni en el domicilio particular — en donde se hallaba su suegra y luego se apersonó su cónyuge—, ni se hizo presente luego durante la realización de los allanamientos, ni tampoco se presentó con posterioridad ante los estrados del Tribunal a los fines de ponerse a disposición de la justicia, pese al estado público que tuvieron los acontecimientos y a las personas allegadas y familiares que tomaron noticia de los procedimientos”, subrayó el fiscal.

 

En ese contexto, Pollicita sostuvo que “con fundamento en los elementos probatorios recabados en esta investigación, a través de esta presentación el Ministerio Público Fiscal solicitará a VS convocar a Néstor Fabián Rodríguez a prestar declaración indagatoria, por su intervención en la actividad de espionaje ilegal desplegada por Ariel Pedro Zanchetta”.

 

En esos mensajes, “Conu” Rodríguez le marca a Zanchetta un “objetivo”: la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz. La conversación es del 9 de octubre del 2022. Y el espía se compromete a mandarle un “parte” y una nota, y le consulta si se sigue “reportando” a él.

 

 

Los diálogos del funcionario con Zanchetta

 

Para el Ministerio Público, “según pudo determinarse Rodríguez le encargó a Zanchetta la realización de ‘informes de inteligencia’ sobre determinados ‘objetivos’ y la publicación de información contra los “blancos” seleccionados, así como también, se logró determinar que Zanchetta le reportaba la actividad ilegal realizada, todo ello mientras el funcionario público se interesó en la contratación mediante su influencia y se 6 apropió de los fondos públicos para asegurar la financiación y remuneración de estas tareas ilegales a través del otorgamiento de publicidad oficial”.

 

 

Y subrayó que “los hechos investigados en este expediente por su naturaleza son llevados a cabo en forma subrepticia y solapada por quienes los realizan, por lo que su descubrimiento presenta una dificultad intrínseca dada por los conocimientos específicos —tanto técnicos como tecnológicos— de sus partícipes, que les permiten mantener sus operaciones ocultas y al margen de la sociedad”.

 

 

Surge de las evidencias digitales halladas, señaló el nuevo dictamen presentado hoy por la fiscalía, Zanchetta tenía en su poder dos ‘informes de inteligencia’, uno de ellos creado el 30/8/2021 “411245-tolosa paz.docx” y el otro el 11/10/2022 “358550-tolosa paz victoria.docx”. Pero además dos días después de la charla con Rodríguez ingresó al registro de búsquedas a través de la plataforma SUDAMERICADATA, y consultó los datos de la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz.

 

 

En esos informes hallados en la computadora del acusado, aquél sistematizó gran cantidad de información obtenida en relación a la ministra Victoria Tolosa Paz, que “incluía la reunión de antecedentes laborales, monto de salarios, información crediticia, bancos y cifras con las que opera, constancias de AFIP, participaciones societarias en dos empresas, expedientes civiles y estatuto social, titularidad de automotores e inmuebles, declaraciones juradas patrimoniales de los años 2018 y 2019, facturación promedio según balances de ella y de una sociedad vinculada a ella, imágenes satelitales de su vivienda, información de un supuesto testaferro —con fotografía— y de una propiedad en Miami, Florida, Estados Unidos de América registrada a nombre de aquel —de la que recolectaba características y foto satelital—”.

 

 

Los jueces de la Corte Suprema

 

La causa por el espionaje a los jueces se inició con dos focos. El primero que busca esclarecer las líneas creadas en Misiones a nombre del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que fueron el origen de la denuncia. A partir de allí se descubrió que esas líneas truchas habían tenido contacto con otra generada a nombre del vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Con el curso de la investigación, apareció además otra línea a nombre del juez del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti. En el expediente hay más perjudicados, como la jueza federal de Misiones María Verónica Skanatta o el gobernador de esa provincia Alberto Herrera Ahuad.

 

 

El segundo que apunta a saber por qué hackearon al mismo tiempo a dos jueces de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; y a dos jueces que llevaban adelante el juicio contra CFK, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Esa pista llevó a la detención de un hacker misionero, Ezequiel Núñes Pinheiro, que aseguró haber sido contactado por Telegram por un desconocido para tomar el control de una lista de personas que él desconocía: entre ellos estaban varios jueces, el diputado Diego Santilli y el ex jefe de Seguridad de la ciudad, Marcelo D’Alessandro, cuyo teléfono hackeado expuso las conversaciones de Lago Escondido y sirvió para impulsar el juicio político a la Corte Suprema.

 

 

La investigación también llevó a la detención de Zanchetta, quien se dice periodista. Es que Zanchetta buscó los datos de los jueces Gustavo Hornos, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Ernesto Kreplak y de los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Además investigó a uno de los principales colaboradores de Rosatti, Silvio Robles, y foco de los impulsores del juicio político a la Corte. Precisamente, Robles se convirtió en querellante en esta causa al sostener: “la mencionada sucesión de hechos me lleva a presumir que la intromisión a mis datos personales no ha sido producto de una casualidad sino de un obrar criminal”.

 

 

Solo algunos de los "objetivos" políticos que tuvo Zanchetta, según la fiscalía

 

 

El contenido del teléfono de Zanchetta disparó entonces una tercera causa anexa: la que investiga lo que apareció en sus dispositivos y revelan los detalles de una actividad de recolección de información, incluso de bases clandestinas, que apuntó contra políticos y dirigentes opositores. Y allí incluían detalles sobre su intimidad (opiniones políticas, creencias religiosas,acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales,vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales), y también sobre su entorno.

 

Los “blancos” fueron detallados en un último dictamen, aunque el propio escrito detalla “entre otros” posibles víctimas.

 

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