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...de la oposición, empresarios y sindicalistas

 

 

 

El 31 de enero de 1991 Menem decidió el nombramiento de Domingo Cavallo

 

 

 

Carlos Menem asumió la presidencia de la Nación el 8 de julio de 1989 en medio de una hiperinflación que marcó el fin de la presidencia de Raúl Alfonsín. En mayo de ese año el índice de precios había crecido un 78%. El flamante mandatario peronista designó al ingeniero Miguel Ángel Roig, un ejecutivo de la empresa Bunge & Born de 68 años, como ministro de Economía. Agobiado por las presiones, Roig falleció a tan solo cinco días de haber asumido la cartera de Hacienda. Fue reemplazado por otro hombre de Bunge & Born, Nestor Rapanelli. Pero el caos económico y social también lo arrastró y, en diciembre 1989, tras una fuerte devaluación del Austral, la moneda en curso por entonces, presentó su renuncia, que marcó el fin de la alianza política que había sellado Menem con Jorge Born.

 

 

El tercer ministro de Economía designado en seis meses fue el contador riojano Antonio Erman González, quien hasta ese momento estaba al frente del ministerio de Salud y Acción Social. En medio de un rebrote de la hiperinflación, González instrumentó el tristemente célebre Plan Bonex. “Los depósitos a plazo fijo van a ser convertidos y canjeados por Bonex, bonos de la deuda externa argentina serie 1989”, anunció el 28 de diciembre durante una jornada negra para los inocentes inversores argentinos.

 

 

Con los precios relativos por el aire, altas tasas de interés y una falta de confianza de los inversores externos y los organismos de crédito internacionales, el 31 de enero de 1991 Menem decidió el nombramiento de Domingo Cavallo, al frente de la cartera económica. El economista cordobés doctorado en la universidad de Harvard, que venía desempeñándose como canciller, elaboró el llamado Plan de Convertibilidad junto a sus asesores más cercanos, el abogado Horacio Liendo y el economista y sociólogo Juan José Llach. La convertibilidad de la moneda nacional no era un hecho novedoso en la historia económica argentina, ya había sido utilizada como el sistema de Caja de Conversión entre 1899 y 1913 y luego, entre 1927 y 1929.

 

 

El historiador económico Mario Rapoport sintetiza así los lineamientos centrales del plan de estabilización instrumentado por Domingo Cavallo a partir de la Ley N° 23.928 sancionada por el Congreso Nacional: “Se dispuso la libre convertibilidad de la moneda nacional con respecto a cualquier moneda extranjera y estableció que los contratos deberían ser cumplidos en la moneda que fijaran las partes. Se prohibió la emisión de dinero no respaldada en un 100% por reservas de libre disponibilidad (oro, divisas, títulos de otros países y títulos nacionales emitidos en moneda extranjera) y se anularon las indexaciones, intentando evitar la traslación de la inflación pasada hacia el futuro. El Banco Central fue autorizado también a cambiar la denominación del signo monetario. En consecuencia, a partir del 1° de enero de 1992 se estableció el peso como moneda de curso legal, equivalente a 10.000 australes y se fijó el tipo de cambio de 1 peso por dólar. Los encajes bancarios sobre los depósitos en moneda nacional fueron rebajados, mientras se aumentaron los que afectaban a los depósitos en moneda extranjera, tratando de estimular las transacciones en pesos en lugar de las realizadas con divisas”.

 

 

Cuatro libros que cambiaron la historia económica nacional

 

 

El 30 de octubre de 1991, con el número 2284, se sancionó el decreto de necesidad y urgencia más importante de la gestión de Carlos Menem. La norma, que fue el complemento ejecutivo y administrativo del plan de Convertibilidad, abarcaba la desregulación del Comercio Interior y de bienes y servicios del Comercio Exterior, la creación de los nuevos entes reguladores de los servicios públicos privatizados y una profunda reforma en materia fiscal. En cuestiones financieras se orientó hacia el desarrollo y modernización del Mercado de Capitales y, por último, estableció una profunda reforma del sistema de la Seguridad Social.

 

 

El decreto estuvo inspirado en cuatro ensayos que señalaban las principales causas del estancamiento crónico de nuestro país durante gran parte del siglo XX. “La máquina de impedir”, de Emilio Perina; “La república corporativa”, de Jorge Bustamante; “La telaraña argentina”, de Carlos García Martínez; y “Los costos del Estado regulador”, un trabajo de FIEL editado por los economistas Juan Luis Bour y Daniel Artana, se convirtieron en el fundamento político del decreto que marcó una bisagra en la historia del estado de bienestar de la Argentina que tuvo lugar desde la primera presidencia de Juan Domingo Perón en 1946 hasta la hiperinflación de los años 1989/1990.

 

 

En el marco de lo que el menemismo definía como una economía social de mercado, el decreto establecía en sus considerandos que “la persistencia de restricciones que limitan la competencia en los mercados o que traban el desarrollo del comercio exterior contribuyen a distorsionar artificialmente los precios relativos entre el conjunto de bienes y servicios comercializados exclusivamente en el mercado interno y los bienes comercializados en mercados externos, y que tales distorsiones afectan la competitividad externa de la economía nacional, poniendo en grave riesgo los logros alcanzados por el Gobierno Nacional en materia de estabilidad y crecimiento”.

 

 

En materia de política exterior, el decreto sincronizaba con disposiciones vinculadas al reciente nacimiento del Mercosur. El 26 de marzo de 1991, pocos días antes de la entrada en vigencia de la convertibilidad, los gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay firmaron el Tratado de Asunción que dio origen al Mercado Común del Sur. En este sentido, el decreto 2284 expresaba “que el proceso irreversible de integración económica encarado por el Gobierno de la República en el marco de los acuerdos del MERCOSUR hace indispensable la adopción de normas tendientes a la simplificación de procedimientos de control vinculados al comercio exterior y a la supresión de trabas injustificadas a la libre circulación de bienes”.

 

 

En septiembre del mismo año el presidente Menem dispuso el retiro de nuestro país del llamado Movimiento de los No Alineados. El entonces canciller Guido di Tella, calificó a la organización internacional como “un movimiento nostálgico y del pasado”. El gobierno justicialista, en sintonía con el devenir de los sucesos históricos que se desarrollaban aceleradamente desde el colapso de la Unión Soviética a partir de noviembre de 1989, estableció una fuerte alianza con los Estados Unidos, la cual se profundizaría durante los dos mandatos del presidente demócrata Bill Clinton.

 

Podemos observar entonces que a lo largo del año 1991, después de sufrir las gravísimas consecuencias sociales de dos hiperinflaciones, el gobierno peronista encabezado por Carlos Menem abandonó el gradualismo y decidió encarar una política de shock antiinflacionario y crecimiento económico que contó con el respaldo político de la oposición, de empresarios y de sindicalistas. Este consenso le permitió reformar la Constitución Nacional y lograr la reelección presidencial con el 50% de los votos. Su pelea con Cavallo, a quien despidió en julio de 1996, provocó la derrota del oficialismo en las elecciones parlamentarias de 1997, y este hecho marcó el principio del fin del menemismo. Y visto lo ocurrido con la devaluación y la pesificación asimétrica de enero de 2002, sin dudas que una salida ordenada de la convertibilidad tendría que haberse llevado adelante mediante un consenso parlamentario surgido tras las elecciones de octubre de 1997.

 

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