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Desde la polémica por los traslados y la comisión Beraldi hasta el juicio político contra la Corte Suprema.

 

 

 

“Todo roto”. Esas simples dos palabras describen el vínculo entre la Justicia y el Gobierno de Alberto Fernández desde incluso antes de que el presidente que en estas horas abandona la Casa Rosada desembarcara en el sillón de Rivadavia. Cristina Kirchner, la misma que lo había tenido como jefe de Gabinete, con la que se había peleado y la que después lo elegiría como compañero de fórmula para llegar a la presidencia, ya tenía sus propios problemas en tribunales. Varios procesamientos a cuestas y hasta un juicio en curso por la causa Vialidad: el mismo por el que hace un año fue condenada a seis años de prisión.

 

Revés para Cristina Kirchner: la Corte Suprema dispuso que Luis Juez asuma en el Consejo de la Magistratura

 

 

La Corte Suprema se reunió con la Junta de Presidentes de Cámaras Federales y Nacionales

 

 

En tribunales siempre se especuló con que, tal vez, CFK lo había designado como el candidato a presidente pensando en su llegada a la Justicia. Si esa hipótesis fuese verdad, el profesor de derecho, hijo de un juez, terminó de dinamitar la jugada antes de empezar. La relación siguió tensándose aún más con el correr de las causas judiciales. Hasta impulsar un juicio político a la Corte Suprema de Justicia.

 

 

Ya en su campaña presidencial, Alberto Fernández se dedicaba a cuestionar a los jueces que habían investigado a la ex presidenta y al empresario Cristóbal López o había ordenado detenciones que el candidato consideraba arbitrarias. “Vamos a tener que revisar muchas sentencias que se dictaron en los últimos años”, decía. “Hay que ver lo que han hecho los jueces. Insisto con este punto. Y los jueces deben responder por sus fallos”, repetía. Los dardos iban hacia Comodoro Py. Sostenía que los jueces de la Corte eran “jueces probos”.

 

 

Alberto Fernández en la ceremonia de asunción ante la Asamblea Legislativa. A su lado, Cristina Kirchner. Del otro, los jueces de la Corte.

 

 

El dia de su asunción, en el Congreso, el presidente enfatizó, con la vicepresidenta a su lado, y los jueces de la Corte mirándolo: “Hoy, vengo a manifestar, frente a esta Asamblea y frente a todo el pueblo Argentino, un contundente Nunca Más. Nunca Más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, ‘operadores judiciales’, por procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. Nunca más a una justicia que decide y persigue, según los vientos políticos del poder de turno. Nunca más a una justicia, que es utilizada para saldar discusiones políticas, ni a una política, que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno”.

 

 

 

Apenas una semana después, el 17 de diciembre de 2019, Fernández se reunió con el juez federal Daniel Rafecas y lo propuso como Procurador General de la Nación. El cargo, vacante desde la salida de Alejandra Gils Carbó, fue cubierto de manera interina Eduardo Casal. Pero para llegar a ocupar ese cargo se necesita acuerdos: se neceitan dos terces parte de los votos de la Cámara Alta. Parte de la oposición hubiera estado dispuesta a votar a Rafecas. Es un juez respetado. Sin embargo, el pliego nunca llegó a tratarse en el Senado, que gobernó Cristina Kirchner. Simplemente la primera iniciativa de Alberto se frizó.

 

Alberto Fernández con Daniel Rafecas

 

 

Para los jueces también parecía una garantía la decisión de Alberto Fernández de nombrar como ministra de Justicia a Marcela Losardo, socia de Alberto antes de desembarcar en la Casa Rosada. Ella tenía un buen diálogo con el mundo judicial. Hasta la entonces integrante de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, hoy jubilada, la llamaba “mi polla”. En la fiesta de fin de año de la Asociación de Magistrados de aquel 2019, hacían fila para sacarse fotos con la flamante funcionaria. Pero la primera iniciativa del flamante Gobierno se convirtió en una estocada de mal augurio para los tribunales. En febrero de 2020, se mandó un proyecto de ley al Congreso que cambiaba el régimen especial de jubilaciones de los jueces y empleados del Poder Judicial.

 

 

Hasta el 2020, los jueces, juezas, fiscales y funcionarios judiciales podían jubilarse a los 60 años, tanto hombres como mujeres. Pero esa reforma estableció que los varones debían llegar los 65 años y se buscó que la forma fuera escalonada. Los que ya estaban en edad recibieron notificaciones para invitarlos a renunciar. No todos aceptaron el convite.

 

Highton en primer plano, atrás Marcela Losardo en la cena de la Asociación de Magistrados 2019 (Franco Fafasuli)

 

 

Alberto Fernández también impulsaba otra reforma: la que buscaba licuar el poder de Comodoro Py. La idea era fusionar fueros. Así lo anunció el presidente en su primera apertura de sesiones en el Congreso, el 1 de marzo de 2020. El proyecto tampoco vio la luz. El mundo cambió de golpe: llegaba la pandemia del coronavirus y las prioridades se transformaban con la muerte acechando. Los tribunales se reestructuraron a la fuerza y los expedientes tuvieron que mudarse del mundo del papel al digital. Los abogados peleaban por permisos para circular en medio del aislamiento. Llovian las denuncias por violar esas restricciones.

 

 

 

El 16 de junio del 2020, la agenda judicial cambió: imprevistamente, el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura Gerónimo Ustarroz decidió con una mayoría oficialista poner en revisión los traslados de un grupo de jueces que consideraba irregularidades. Aunque la lista original era enorme, se determinó que los cuestionados eran una decena.

 

Septiembre del 2020 Un grupo de personas expresan su posicion frente a Tribunales respecto de la situacion de los jueces Bruglia, Castelli y Bertuzzi que la Corte Suprema de Justicia debía analizar. foto NA: DAMIAN DOPACIO

Septiembre del 2020 Un grupo de personas expresan su posicion frente a Tribunales respecto de la situacion de los jueces Bruglia, Castelli y Bertuzzi que la Corte Suprema de Justicia debía analizar. foto NA: DAMIAN DOPACIO

Entre ellos estaba los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, trasladados a la Sala 1 de la Cámara Federal porteña por orden del Consejo durante la gestión de Mauricio Macri. Desde ese tribunal habían convalidado procesamientos en causas contra Cristina Kirchner. En la nómina también estaba Germán Castelli, integrante del tribunal oral sorteado para intervenir en la causa Cuadernos. Y Eduardo Farah, que se había ido de los tribunales de Retiro tras el fallo “Oil Combustibles”, criticado por el Gobierno de Macri y, con esta revisión, abrió la puerta para volver a su despacho.

 

Bruglia y Bertuzzi fueron a la justicia. Terminaron llegando vía un per saltum a la Corte Suprema, mientras en el Senado ordenaban correrlos del segundo piso de Comodoro Py. El 3 de noviembre del 2020, la Corte Suprema de Justicia dispuso, por mayoría, que todos los traslados son transitorios, no solo lo del recorte que había hecho el Consejo y dispuso que Bertuzzi y Bruglia siguieran en la Cámara Federal porteña hasta que se abra un nuevo concurso del que surjan sus postulantes definitivos y se cumpla el proceso que marca la Constitución. El concurso avanzó rápidamente pero hasta ahora no está terminado. Mientras tanto, Bruglia y Bertuzzi demandaron al Estado nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El otro concurso que se abrió más tarde fue el de Castelli. El resto de los concursos para los otros jueces trasladados no se abrieron.

 

 

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anuncia el proyecto de ley para reformar el sistema judicial en el palacio presidencial, Casa Rosada, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 29 jul, 2020. Esteban Collazo/Presidencia argentina vía Reuters.

 

 

 

A fines de julio del 2020, el gobierno de Alberto Fernández decidió avanzar con su reforma judicial y conformó un consejo asesor de 11 especialistas para que estudien una ampliación de la Corte Suprema y su funcionamiento, reestructurar el Ministerio Público y cambiar el Consejo de la Magistratura de la Nación, entre otras ideas. Aunque fueron convocados prestigiosos juristas, la bautizaron la “comisión Beraldi” porque entre sus miembros estaba Carlos Beraldi, amigo de Alberto y defensor de Cristina Kirchner. Antes que terminara aquel 2020, debian llevarle las iniciativas que habían consensuado.

 

 

En tiempo exprés, los expertos que trabajaron ad honorem un documento de unas 800 páginas con todas sus propuestas: para la Corte Suprema, la creación de un tribunal previo a la máxima instancia del Poder Judicial; para el Consejo de la Magistratura, un cambio en su estructura en donde haya 16 miembros sin tanta presencia política; y para el Ministerio Público, en una votación dividida, promovieron elegir al Procurador por la mitad más uno de los senadores. Ninguna de esas iniciativas vio la luz.

 

 

Para esa altura, Alberto ya criticaba abiertamente a la Corte Suprema. Por el per saltum de los traslados y también por dejar firma la condena de 5 años y 10 meses para el ex vicepresidente Amado Boudou, que había salido de prisión en los primeros días de la pandemia. “En la Justicia nosotros tenemos que meter mano, sin ninguna duda; meter mano quiere decir corregir cosas, institucionalmente hablando, con leyes; Hay que cambiar procedimientos y formas”, decía.

 

Edificio Comodoro Py (Maximiliano Luna)

 

 

En febrero de ese 2021 empezaron los rumores: decían que desde el seno del Instituto Patria había malestar por la falta de una embestida más dura contra contra los jueces y fiscales que llevan adelante las causas que pesan sobre las figuras más prominentes del kirchnerismo, con Cristina Kirchner a la cabeza. Un mes después, el presidente anunciaba la renuncia de su amiga en el Ministerio de Justicia. “El tiempo que viene necesita otra actitud”, dijo Alberto Fernández. En tribunales todos entendieron que esos nuevos tiempos avisoraban un enfrentamiento abierto con el Poder Judicial.

 

El elegido para reemplazar a Losardo, después de muchos días de silencio y especulaciones, fue el entonces diputado del Frente de Todos Martín Soria. “Yo buscaba que la Justicia se revisara a sí misma y revirtieran las cosas que funcionaran mal. Yo no planteé el juicio político a ningún juez, esperé a que actuara sola”, dijo Fernández al revelar el nombre del nuevo ministro.

 

Soria tenía un activo para el perfil que se buscaba: terminaba de denunciar a los camaristas de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos por haberse reunido con Mauricio Macri cuando era presidente en la Quinta de Olivos o la Casa Rosada. Ambos habían intervenido en causas claves contra el kirchnerismo. “No corresponde a mi rol institucional andar persiguiendo jueces, eso lo hacía cuando era diputado”, dijo apenas cuando asumió.

 

 

Sin embargo, Soria fue un ministro perfecto para esos tiempos que se venían. No tuvo diálogo con el Poder Judicial y la criticó abiertamente. A la Corte Suprema recién la visitó en diciembre del 2021, más de nueve meses después de asumir. Para esa altura, Rosatti había asumido la presidencia del máximo tribunal.

 

Aunque desde el Gobierno dijeron que Soria fue enviado al encuentro con el objetivo de restablecer el diálogo institucional, lo cierto es que se sentó frente a los cuatro ministros para cuestionarlos, tal como él mismo funcionario se encargó de explicar al terminar la reunión protocolar y de difundir en un comunicado.

 

“El ministro Soria recordó que durante el gobierno de Macri se conformó una mesa judicial del Poder Ejecutivo que influía ilegalmente en la administración de justicia, se llevaban a cabo visitas obscenas entre funcionarios judiciales y las máximas autoridades del ejecutivo en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, y se desplegó un sistema de espionaje ilegal con participación de jueces y fiscales inédito en nuestra historia. Todo ello, con el objetivo de llevar a cabo una persecución de dirigentes políticos sin precedentes”, se señalaba oficialmente.

 

Desde la Corte Suprema, como en cada reunión protocolar, dejaron que fuera la política la que hablara. Pero las críticas oficialistas se reforzaron por esas horas: Alberto Fernández volvió a plantear la necesidad de reformar la Corte Suprema. El Gobierno ya sabía que el máximo tribunal estaba por dictar un fallo que iba a volver a revolucionar la política.

 

 

Es que la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley (26080) que redujo de 20 a 13 miembros la integración del Consejo de la Magistratura. La modificación había sido promovida por la entonces senadora Cristina Kirchner para acrecentar la representación de los puestos políticos en el cuerpo que tiene un rol trascendental en la selección y sanción de los jueces de la Nación. El fallo del máximo tribunal fue unánime: los cuatro ministros votaron en el mismo sentido. Pero el juez Ricardo Lorenzetti presentó disidencias sobre la puesta en vigencia de la vieja ley.

 

 

Es que el fallo exhortó al Congreso de la Nación a que en un plazo razonable dicte una ley que organice el Consejo de la Magistratura de la Nación. Habló de 120 días. La ley nunca llegó. En abril del 2022, se puso en vigencia el viejo-nuevo Consejo, con el presidente de la Corte a la cabeza. Hubo elecciones para nombrar nuevos representantes. Y un nuevo enfrentamiento de “yapa” con Cristina Kirchner: fue cuando el bloque de senadores decidió dividirse para tener la segunda minoría, luego de que Juntos por el Cambio designara a Luis Juez como su representante. A fines de 2022, el máximo tribunal sostuvo que esa maniobra fue “un ardid” para quedarse con una banca en el organismo que no le correspondía. Sin embargo, no dirimió quién debía ocuparla. Este jueves, cuando CFK se despedía del Senado, la Corte sostuvo que el sillón era para Juez, que desembarcará en los próximos días en el organismo.

 

 

Horacio Rodríguez Larreta

Aunque a inicios de la pandemia Alberto Fernández y Horacio Rodriguez Larreta habían trabajado en sintonía (”mi amigo Horacio”, decía el presidente), la armonía se terminó en septiembre del 2020 cuando después de una protesta policial en territorio de Axel Kicillof el jefe de Estado decidió reducir de 3,5% a 2,32% el coeficiente de fondos que debe recibir la Ciudad, los cuales habían sido incrementados por el traspaso del área de Seguridad de la Nación a la órbita porteña en la gestión de Mauricio Macri.

 

 

Y el caso fue llevado a la Justicia, puntualmente, la Corte Suprema. Se podría decir que fue un conflicto que marcó toda la gestión. Que ka Corte intentó no dirimir el conflicto y convocó a una serie de audiencias de conciliación durante un año para que fuera la política la que lo resolviera. Pero los planes de la Corte no funcionaron y la solución “pacífica” nunca llegó en 2021.

 

 

A eso se sumó otro ingrediente. Larreta se perfilaba como el candidato presidencial de la oposición y ya había logrado darle un revés directo, en clave política, al Gobierno de Alberto y al de Axel Kicillof en la Corte Suprema por las clases presenciales. El 15 de abril del 2021, se dictó un DNU frente ala segunda ola de coronavirus. Y una de esas medidas fue la suspensión de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y, en consecuencia, la vuelta a la virtualidad, como ocurrió en casi todo el 2020. El Gobierno porteño denunció que esa decisión no había sido ni consensuada ni comunicada previamente. Y fue a la Corte para que se declarara la inconstitucionalidad de esa parte del DNU. Y apenas unas semanas después, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires porque violab la autonomía de la Capital Federal. El gobierno bonaerense calificó el fallo de “aberrante”.

 

 

El capítulo de la copartipación tuvo entonces un sacudón a fines del 2022. La Corte Suprema resolvió hacer lugar una cautelar que pedía el gobierno de Larreta y, sin resolver la cuestion de fondo, ordenó provisoriamente corregir el porcentaje en favor de la Ciudad (2,95 por ciento) mientras se tramita y resuelve la causa. De inmediato, el gobierno de Alberto Fernández habló de un fallo “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”, anunció que recusará a los jueces de la Corte y presentará un pedido de revocatoria del fallo. Rodríguez Larreta, acusó al Poder Ejecutivo Nacional de “atentar contra el Estado de Derecho” por incumplir un fallo del máximo tribunal del país.

 

 

Comisión de Juicio Político

El 1 de enero de 2023, el presidente de la Argentina anunciaba que impulsaba el juicio político contra la Corte Suprema, cuestionando estas decisiones y apoyados en la filtraciones de una serie de supuestos chats que habían salido del teléfono hackeado del entonces ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro con el director de la vocalía de Rosatti Silvio Robles.

 

Durante todo este año 2023, la comisión de juicio político, con la mayoría del oficialismo, funcionó a todo vapor para exponer y denunciar el funcionamiento de la Corte Suprema. Cuestionaron en fallo 2x1, la causa coparticipación, la del Consejo de la Magistratura y las irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

 

La oposición se opuso a esas acusaciones y denunció que todo se trataba de maniobras política para no cumplir con la sentencia de coparticipación y impugnar los fallos contra Cristina Kirchner. Hace dos semanas, se votó el juicio político en la comisión, con la certeza de que no llegará nunca a tener éxito en el recinto de la Cámara Baja.

 

Desde los tribunales sin embargo siguen con atención el escándalo por los hackeos de celulares y creación de líneas a miembros de la Corte Suprema. Un ex policía acusado espía inorgánico llamado Ariel Zanchetta sería la punta del iceberg de un sistema de espionaje que funcionó desde hace años, pero también durante el gobierno que prometió terminar con los sótanos de la democracia. Néstor Fabián “Conu” Rodriguez, un alto directivo de AFIP y clave en el ámbito de la comunicación de La Cámpora, fue acusado de financiar las operaciones ilegales de este ex policía que se decía periodista.

 

Mientras tanto, durante estos cuatro años, la suerte de Cristina Kirchner en sus causas judiciales no cambió. Hace un año, fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a Cristina Kirchner por las irregularidades en las 51 obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez. (El fin de semana anterior al veredicto se conocieron esos chats de Lago Escondido). La sentencia será revisada por Casación este año.

 

Además tiene juicios en camino: Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán, dos expedientes que se reabrieron luego de ser cerrados y una demorada definición en Casación que incluyó la puja por el cumpleaños 75 de la jueza Ana Figueroa. Y también la megacausa por los cuadernos, que salpica a decenas de empresarios. También se ordenó reabrir la causa por la ruta del dinero k, en donde había sido sobreseída por la fiscalía. A partir del 10 de diciembre, Cristina Kirchner se aleja de los cargos públicos y perderá sus fueros. La Corte Suprema será la última instancia de revisión de las decisiones que se tomen en sus causas.

 

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