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en crear programas, sobre todo sociales.

 

 

 

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva

 

 

La Navidad está aquí de nuevo este año, pero para los brasileños es muy diferente a la de 2022. Entonces, la euforia del resultado electoral con la victoria de Lula, que acabó con el gobierno Bolsonaro, había despertado esperanzas de cambio. ‘Brasil ha vuelto’ era el mantra de campaña de Lula repetido desde las entrañas por todo el país.

 

Desde la izquierda, el ministro de Hacienda Fernando Haddad, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente del Senado Rodrigo Pacheco y el presidente de la Cámara de Diputados Arthur Lira posan con el documento de la reforma tributaria hoy, en la desde del Congreso Nacional en Brasilia (Brasil). EFE/ Andre Borges

 

 

 

Un año después bajo el árbol los brasileños encuentran menos de lo que pensaban pero, según algunas encuestas, aún mantienen la esperanza de que la próxima Navidad les traiga sobre todo trabajo y una economía con una distribución de la renta más justa. Para este año, sin embargo, tienen que conformarse con lo que hay y con lo que se ha hecho hasta ahora. Tantas promesas del gobierno, una enorme cantidad de dinero gastado, pero poco parece haber entrado en los bolsillos de la clase media. En un análisis de uno de los principales periódicos del país, O Estado de São Paulo, la principal crítica es que los decretos firmados por Lula en su primer año de gobierno se han centrado más en repartir nombramientos y cargos políticos que en crear programas, sobre todo sociales.

 

 

Los primeros perjudicados fueron los indígenas. A pesar de que en la ceremonia de investidura Lula se fotografió al subir la rampa con representantes de los sectores más vulnerables y hasta entonces marginados de la población, entre ellos el líder simbólico de la lucha indígena, Raoni, el primero en lanzar críticas contra Lula fue él mismo. “No hizo lo que prometió”, declaró al diario O Globo a finales de octubre. La última vez que me reuní con él, en la ceremonia de investidura, me prometió que actuaría a favor de los pueblos indígenas, para que no hubiera más amenazas ni violencia contra nosotros. Y esto no está ocurriendo”, afirmó Raoni. La cuestión más acuciante para los más de 1,6 millones de indígenas de Brasil, que representan a los 260 grupos étnicos del país, es la demarcación de tierras. “Muchos de ellos están sufriendo y sufrirán aún más a causa de la violencia. La salida es que la tierra quede en manos de quienes tienen derecho a ella. Todos los líderes indígenas me han buscado para pedírselo a Lula”.

 

 

Brasil cuenta en la actualidad con más de 700 tierras indígenas reconocidas, pero cerca de un tercio siguen a la espera de ser demarcadas legalmente como reservas. La Constitución del país no menciona ningún límite para las reservas indígenas, que actualmente cubren el 11,6% del territorio brasileño. Este vacío legal ha creado controversia y confusión. El Congreso revocó a mediados de diciembre la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) del pasado septiembre, que había dictaminado la inconstitucionalidad del llamado “Marco Temporal”. Se trata de un proyecto de ley según el cual los pueblos indígenas no tienen derecho a la tierra donde no estaban presentes en 1988, año en que se ratificó la actual Constitución. Con 321 votos a favor y 137 en contra, el lobby del agronegocio anuló el veto de Lula, que había defendido la decisión del STF.

 

 

 

En 2023, Lula sólo firmó ocho decretos de aprobación de tierras indígenas, mientras que la situación de los yanomami, para quienes había declarado el estado de emergencia en enero atacando a su predecesor Bolsonaro, se mantuvo igual, si no peor. El último boletín de la Secretaría de Salud Indígena (SESAI), que data de octubre, registró 215 muertes de yanomami en 2023. Más de la mitad son niños menores de cuatro años. Y hablando de tierras, esta Navidad tampoco trajo grandes novedades en el frente de la reforma agraria tan anhelada por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), uno de los movimientos más vinculados al Partido de los Trabajadores, el PT de Lula. “Ese año la reforma agraria quedó paralizada. Para que se hagan una idea, en los 40 años del MST este fue el año en que hubo menos asentamientos. Es una tragedia y una incompetencia”, dijo el dirigente del MST João Pedro Stédile.

 

 

Estudios señalan a las comunidades indígenas como una de las más desencantadas del primer año de gestión de Lula (REUTERS/ARCHIVO)

 

 

Incluso los programas sociales, históricos pilares de los gobiernos Lula como el de vivienda “Mi Casa, Mi Vida », han tardado en reactivarse, con una aceleración en los últimos meses, también con vistas a las elecciones municipales del próximo año. La principal crítica es que el programa favorece la construcción de viviendas sociales en terrenos de bajo coste. Esta política ha llevado a la creación de complejos de viviendas alejados de los centros urbanos, con escaso acceso al transporte público y carentes de instalaciones esenciales como escuelas, centros de salud y zonas recreativas. Muchos de estos complejos tampoco ofrecen zonas para el comercio, lo que dificulta la vida de los residentes. En resumen, esta política ha reforzado, en lugar de debilitar, el proceso de expulsión de los pobres a los suburbios.

 

 

Incluso las luchas por los derechos de los trabajadores, como los repartidores de apps de delivery, fueron desatendidas a pesar de haber sido anunciadas como prioritarias. El pasado mes de mayo se creó incluso un grupo de trabajo, uno de los muchos creados por el gobierno de Lula, para redactar una propuesta. Se esperaba que el texto estuviera listo en octubre. Además, según O Estado de São Paulo, las personas que participaron en el grupo de trabajo se quejaron de una de las versiones del texto preparado por el Ministerio de Trabajo porque contenía ideas que no habían sido discutidas y validadas internamente. La semana pasada, el ministro de Trabajo y Empleo, Luiz Marinho del PT, dijo que había finalizado el acuerdo sobre la regulación del trabajo de esta categoría, pero aún falta el texto que se transformará en proyecto de ley para enviarlo al Congreso. “Ya se sabe que a veces la redacción es tanto o más importante que el acuerdo”, añadió. Muchos se preguntan si a ralentizar todo no ha sido delegar temas importantes en estos grupos de trabajo, que pasan meses discutiendo. Este año, el gobierno ha creado 41 de ellos. Representan una marca registrada de la vocación asamblearia del PT desde el primer mandato de Lula. En 2003, el primer año de su primer mandato, estos grupos de trabajo llegaron a ser 55.

 

 

 

Sin embargo, los brasileños no pierden la esperanza. Para el profesor de políticas públicas Fábio Andrade, el gran número de decretos firmados por Lula para otorgar nombramientos y promover sus relaciones con el resto del mundo son funcionales a la organización de la máquina pública. “Los resultados de las políticas públicas están estrechamente ligados a la máquina que va a funcionar”, afirmó. A pesar de que una reciente encuesta del Instituto Ipec (Inteligencia en Investigación y Consultoría Estratégica) estima que sólo el 33% de los brasileños tiene esperanzas en este gobierno y que el 24% ya está decepcionado, los brasileños miran con esperanza el año que viene. 

 

 

Según una encuesta de DataFolha que acaba de publicarse, 7 de cada 10 brasileños esperan que 2024 sea mejor que este año, tanto para la economía como para el mercado laboral. Entre otras cosas, porque en 2023 Lula ha conseguido por fin que se elabore un plan nacional de igualdad salarial entre hombres y mujeres. El pasado noviembre, el presidente promulgó un decreto que regula la ley para obligar a las empresas con más de 100 empleados a publicar semestralmente un informe sobre la transparencia de los salarios y los criterios de remuneración. Para el país sudamericano, se trata de un gran paso en la dirección de una distribución más justa de la renta. 

 

 

Además, aunque limitada en su valor y en el hecho de que se calcula sobre el Producto Interior Bruto y la tasa de inflación de los dos años anteriores, se ha seguido una política de aumento del salario mínimo. En agosto de este año, Lula sancionó la ley que prevé un incremento permanente del importe mínimo a pagar a los trabajadores, que actualmente se sitúa en 1.320 reales, unos 272 dólares. Así pues, esta Navidad, los brasileños ya calientan motores para 2024, un año que se anuncia imprevisible y, quizás, mejor.

 

fuente infobae.com