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La reunión con el diputado nacional Danilo Flores tuvo por objetivo analizar el proyecto de Ley Nacional de Viviendas, en el cual vienen trabajando las Administraciones e Institutos Provinciales de Vivienda con la Secretaría de Vivienda de Nación, y que días pasados se reunieron en la provincia de Tucumán.

En este sentido, el legislador nacional riojano, luego de escuchar a los representantes de la provincia de La Rioja en dicho plenario, coincidió sobre algunos aspectos de la nueva ley que consideraron negativos y que irán en detrimento  de los sectores más desprotegidos y de los extractos de viviendas sociales con difícil acceso, teniendo en cuenta que deben tomar créditos con altos costos que se hacen imposibles de pagar.

Este proyecto busca básicamente pasar de un Estado constructor de viviendas a un Estado facilitador de créditos con los fondos que reciben las provincias a través del Fonavi.

Dijo además desconfiar del proyecto porque la obra de construcción de viviendas pasaría a un segundo plano, donde el manejo de los recursos para la casa propia sería a través de la Secretaría de Vivienda de Nación y se manejaría de manera discrecional desfavoreciendo a las provincias pequeñas como la nuestra y no de manera más equitativa a través del Congreso.

Comunicado del SEVILAR

El gremio que nuclea a los empleados de la APVyU realizó la presentación ante la Secretaría de Vivienda de la Nación el pasado 7 de febrero, rechazando el proyecto de ley nacional de acceso a la vivienda.

En esa presentación, el sindicato afirma que “el citado proyecto de ley deja de lado a los sectores más vulnerables, que es un tercio de la población, el cual jamás podrá acceder a una solución habitacional, por cuanto el Estado dejará de cumplir con su rol de Estado constructor y promotor de la vivienda social, para convertirse  en un Estado facilitador de acceso al crédito”.

Agrega que “este modelo de gestión autoritario de política habitacional que se pretende desplegar genera importantes incongruencias con el fin social del Estado y afecta la gobernabilidad de los Estados provinciales y de los Institutos de Vivienda de la República Argentina”.

“Por lo que rechazamos y negamos que el proyecto de ley nacional de acceso a la vivienda, haya surgido de talleres de trabajo con los IPVyU y que el mismo haya sido consensuado; todo lo contrario, se trata de un proyecto de ley impuesto por el gobierno nacional”, indica.

Por lo tanto, expresa que “exigimos el gobierno nacional que lleve adelante políticas sociales tendientes a dar soluciones a los sectores de menores recursos con problemas habitacionales, en el marco de la Constitución Nacional y de las Provincias que garantizan el acceso a una vivienda digna y a una mejor calidad de vida de estos sectores desprotegidos”.

Finalmente, señala: “Exigimos que la nueva ley FONAVI cumpla una triple función: 1°) desde un punto de vista macroeconómico, incentivar la industria de la construcción que, como es bien sabido, resulta altamente expansiva de la actividad económica generadora de empleo; 2°) que sea encausada esa actividad hacia un determinado segmento de hogares, cumpliendo de tal forma un rol social y facilitando el acceso a la vivienda de sectores de recursos medios y bajos; y 3°) que garantice a los organismos de Vivienda y a sus trabajadores de vivienda, el mantenimiento de la fuente laboral”.